El edificio de Correos en la Plaza de Gabriel Miró.ALICANTE. La empresa pública Correos mueve ficha y comienza a hacer las maletas para abandonar el céntrico edificio de la Plaza de Gabriel Miró de Alicante con el fin de que pueda albergar a la Generalitat como nueva propietaria. La venta, preacordada desde enero, continúa sin formalizarse. Pero la compañía postal ya ha provisionado 534.000 euros para trasladar los servicios que mantiene en el inmueble con el fin de facilitar la operación.
Esos 534.000 euros son, de hecho, el presupuesto asignado para adaptar las instalaciones situadas en la calle Bono Guarner, junto a la estación de Renfe, con el propósito de reubicar la unidad de reparto número 1, que ahora se encuentra asentada en Gabriel Miró. El concurso para la ejecución de esas obras se convocó el pasado 24 de mayo. Y en él se prevé un plazo de poco más de tres meses (105 días naturales) para su realización, por lo que el traslado de la unidad de reparto podría llegar a producirse a finales de este año.
En esas circunstancias, la Generalitat podría cerrar la adquisición a principios de 2023: un año después de que se firmase la compra del Palacio de Comunicaciones de la ciudad de València por 23,9 millones. Esa ha sido, hasta ahora, la última pieza incluida en las negociaciones emprendidas entre la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y el gobierno autonómico, tras las compras de sus sedes históricas en las ciudades de Castellón y Elche. Así, con el edificio de Gabriel Miró se completaría el proceso, como el propio presidente del Consell, Ximo Puig, avanzó durante el acto de firma del acuerdo de compra de la sede postal valenciana.
Los términos económicos de la compra del edificio de Gabriel Miró se mantendrían respecto al pacto conocido a principios de año: la Generalitat prevé abonar a Correos una suma próxima a los 4,8 millones, a partir del informe de tasación realizado sobre el edificio. La cifra se complementaría, después, con la inversión adicional que se considerase necesaria para equipar y acondicionar el inmueble como nueva sede del Consell en la ciudad, en sustitución de su ubicación actual, en la Casa de las Brujas del Paseo de Gadea.
Con ello, se pretendería lograr un objetivo doble. Primero, incorporar al patrimonio público valenciano un edificio emblemático del centro de la ciudad con el fin de garantizar su supervivencia ligada a un uso público. Esa fue la opción que se barajó hace cerca de dos décadas, en un contexto en el que el edificio permanecía cerrado, cuando se planteó -sin éxito- la posibilidad de que albergase servicios vinculados a la Universidad de Alicante (UA). Ahora, la iniciativa promovida desde el área de Presidencia sí llegaría a fructificar.
El traslado del servicio postal situado en el edificio histórico podría materializarse a finales de este año
El segundo propósito a satisfacer sería el de disponer de un espacio de mayor tamaño para incrementar la presencia institucional del gobierno autonómico en la segunda ciudad de la Comunitat. No solo por lo que respecta a la celebración de reuniones de trabajo relacionadas con la gestión pública que pudiesen celebrar consellers y otros responsables autonómicos en Alicante. También con la pretensión de organizar actividades abiertas al público, como exposiciones, conferencias, jornadas o presentaciones.
Como viene informando este diario, en la actualidad, la presencia institucional de la Generalitat en Alicante queda organizada a través de la sede de la Sindicatura de Greuges (muy próxima a la plaza de Gabriel Miró, en la calle Pascual Blasco), la de la Conselleria de Innovación y Universidades (en las instalaciones de la antigua Ciudad de la Luz) y, en breve, con la llegada del Instituto de la Memoria, en el antiguo edificio de Sanidad Marítima del Puerto.
Entre tanto, la Generalitat continúa evaluando opciones para adquirir el edificio del antiguo cine Ideal con el fin de acondicionarlo con fines culturales (previsiblemente, como sede de la Filmoteca) y, así, ampliar la relación de edificios históricos de Alicante que puedan incorporarse al patrimonio público. Su compra fue, de hecho, uno de los proyectos que se incorporó en los presupuestos autonómicos de este año, a través de la fórmula de los presupuestos participativos, con una dotación de 5,5 millones. En este caso, la operación correría a cargo de la Conselleria de Cultura, que mantiene su intención de ejercer el derecho de retracto para recomprar el inmueble al Grupo Baraka por el mismo importe por el que lo adquirió en enero de este año.
