BENIDORM. Los trabajadores de la Residencia y Centro de Día de Benidorm están hartos. Siguen a la espera de que se firme el nuevo convenio colectivo de carácter autonómico, que lleva denunciado desde 2019, y desde entonces, en vías de negociación. La portavoz de los empleados, Macu Valls, explica a este diario que sus condiciones están estancadas desde 2016, a pesar de haber cambiado sus tareas y la situación económica del país de forma sustancial. Recuerda así la carga de trabajo que ha supuesto la pandemia en los últimos tres años y que sean ahora centro de personas mayores dependientes.
La situación sigue igual que como se alertó en octubre de 2021, según Valls. En aquel entonces, aseguraban que desde que se denunció el convenio, no han podido beneficiarse de las subidas de sueldo por el IPC y reclaman además que se aplique el acuerdo laboral, que dicen, no se está ajustando a las tablas salariales. "En los últimos siete años solo nos han subido el sueldo un 2%", lamenta.
Valls denuncia sobre todo la falta de información sobre la situación en la que se encuentra la negociación. Han acudido al Síndic de Greuges, que admitió su queja para conocer cómo estaba el proceso. Como publicara Alicante Plaza, en octubre de 2021 firmaron un manifiesto reclamando mejoras en sus condiciones, un mes después recibieron la llamada del director general de Infraestructuras Sociales, Enric Juan. Pero poco más supieron más allá de que se han reunido varias veces para llegar a un acuerdo, que no culmina.
Otro de los aspectos negativos que está trayendo la falta de actualización y mejora de sus condiciones está en la fuga de profesionales sanitarios de estos centros. Así lo afirma Valls, que explica que sus compañeros encuentran otras oportunidades laborales y los puestos que quedan vacíos son cada vez más complicados de cubrir, sobre todo auxiliares y enfermeros.
Es por ello que tienen previsto celebrar una asamblea de los trabajadores para poner sobre la mesa las diferentes actuaciones con las que pueden luchar. También lo está planteando CCOO, quienes anunciaron movilizaciones en septiembre, apuntando directamente a AERTE (Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana) y si no "desbloquea" el convenio.
"Quién cuida a los cuidadores de las residencias?", se pregunta Valls, quien quiso remarcar que sin ellos no se podría atender a las personas mayores de la Comunitat. Por ello, solicitó más respeto e interés por sus condiciones.
Según explican fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, antes de verano entregaron a la patronal una propuesta de condiciones salariales y un calendario de aplicación, donde además se pedía cerrar el acuerdo para septiembre. “La administración valenciana es consciente del problema y está dispuesta a pagar más por cada plaza de residente si se incrementan los salarios de los trabajadores”, señaló a este diario Enric Juan.
El cargo de Compromís mencionó que el objetivo de la vicepresidenta y consellera es la "dignificación de las curas" y que la apuesta de la administración es la homologación salarial con la GVA y mejorar las ratios haciendo más atractivo el desempeño profesional en servicios sociales. "Esperemos que nadie ponga obstáculos, más siendo la Generalitat la que asumen el costo", concluyó Enric Juan.
