VALÈNCIA. Consuelo Císcar ha llegado este martes a la Ciudad de la Justicia de València para enfrentarse a su último caso pendiente en los tribunales. Lo ha hecho poco antes de las 10.00 horas de la mañana, acompañada de su abogado y sin realizar declaraciones a los medios.
La exdirectora del IVAM se sienta en el banquillo desde hoy y hasta finales de noviembre para ser juzgada por la Audiencia Provincial de Valencia por la compra de reproducciones no originales de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda por unos 4 millones de euros. Se le acusa de los delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. La Fiscalía pide seis años de cárcel y una multa de 144.000 euros.
Durante las cuestiones previas, el letrado de Císcar ha pedido la nulidad de todo lo investigado hasta el momento por vulneración de derechos fundamentales. En este sentido, ha aludido a una ruptura en la cadena de custodia en el volcado informático de la documentación por parte de la Policía y a una copia "clonada" con una selección de la información a criterio del informático del centro cultural. La defensa de la exdirectora del IVAM ha remarcado igualmente que se ha producido una investigación prospectiva y ha criticado la "falta de imparcialidad" de la jueza instructora.
Por su parte, la Fiscalía ha requerido un informe pericial para saber el valor real de dos obras originales de Rueda que están en el IVAM y determinar el sobrecoste para calcular la responsabilidad civil.
Los hechos que se juzgan corresponden a la pieza 2 del conocido como caso IVAM en la que, junto a Císcar, están acusados el ex director económico administrativo del museo Juan Carlos Lledó y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda.
La pieza principal del procedimiento tenía previsto enjuiciarse en septiembre, pero finalmente finalizó con una conformidad. En el escrito de acusación al que se adhirieron todas las partes, Císcar reconoció que malversó fondos del IVAM para favorecer la carrera de su hijo Rafael Blasco (conocido como 'Rablaci'), así como el delito de prevaricación administrativa. Con ello, aceptó la condena de un año y medio de cárcel y dos años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, si bien la pena de prisión quedaba suspendida.