Foto: EFEALICANTE. Los nuevos responsables de las políticas de empleo del Consell quieren (más bien, están obligados) reorientar la estrategia que durante los últimos años, y esto incluye la última etapa del anterior Ejecutivo popular, se ha seguido para fomentar la empleabilidad de los jóvenes valencianos. Labora, ahora con el alicantino Antonio Galvañ al frente, ha constatado que la enorme inversión realizada en subvencionar la contratación de jóvenes por parte de los ayuntamientos de la Comunitat ha sido poco efectiva para lograr su objetivo, que no es otro que facilitar el acceso de dichos jóvenes al mercado laboral.
Según la auditoría interna realizada por los anteriores responsables de Labora, durante el gobierno del Botànic, en el periodo 2014-2020 la Subdirección General de Empleo destinó un total de 174 millones de euros a ayudas a la contratación de jóvenes: 168,55 millones (el 96,8%) a contratos temporales en ayuntamientos; y el resto, 5,44 millones de euros, a hacer lo mismo en empresas. Al margen de la enorme diferencia entre la inversión destinada al sector público y el privado, los resultados de dicha inversión son inapelables: solo el 35% de los beneficiarios de contratos subvencionados en ayuntamientos lograron un empleo estable en el plazo de seis meses después de participar en el programa.
Según este informe, elaborado por el propio Botànic, entre 2014 y 2020 (un año del Consell de Alberto Fabra y cinco del pacto de izquierdas liderado por Ximo Puig) un total de 11.635 jóvenes valencianos fueron beneficiarios de alguno de los programas de empleo juvenil destinado a ayuntamientos. A los seis meses, 4.178 de estos jóvenes habían obtenido un empleo, en el ayuntamiento o en cualquier otra empresa o institución. Un 35,9%. Dicho de otra forma, cada empleo estable generado gracias a estos programas (incluido el famoso Avalem Joves) ha costado más de 40.000 euros de dinero público.
En cambio, en el caso de las ayudas para fomentar la contratación de jóvenes en empresas, el porcentaje de beneficiarios que obtiene un empleo estable a los seis meses (generalmente, en la misma empresa donde estuvieron contratados con ayudas públicas) se eleva hasta el 83,1%. En el citado periodo de seis años, fueron beneficiarios del programa para empresas un total de 550 jóvenes (una cantidad muy inferior a la de los ayuntamientos), de los que 457 obtuvieron empleo una vez retirada la subvención, concedida para doce meses o, en algunos casos, para veinticuatro. Cada empleo estable costó así 11.900 euros públicos, cuatro veces menos que en el caso de los contratos públicos.
El análisis que realizan los nuevos responsables de Labora es sencillo. "Un Ayuntamiento está encantado de reforzar su plantilla con contratos temporales que, además, sufraga la Generalitat, pero ese puesto que ocupa el joven beneficiario no puede consolidarse: hay que cambiar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y sacarla a oposición". Algunos de estos jóvenes, aproximadamente uno de cada tres, aprovecha esa experiencia en la administración local para encontrar otro empleo posteriormente, pero el resultado no sostiene la enorme inversión realizada.
Máxime cuando se compara con los recursos destinados al sector privado, apenas un 4% del total, cuando los propios datos del Botánic demuestran que, en la mayoría de ocasiones, el contrato subvencionado acaba convirtiéndose en uno estable. "Cuando un empresario contrata, lo hace con una mirada de largo plazo", argumentan en Labora, "incluso aunque le demos la ayuda, no van a crear un nuevo puesto de trabajo en su plantilla si no tiene sentido hacerlo". De ahí que el grado de éxito del programa sea infinitamente mayor en empresas que en ayuntamientos, pese a que la inversión está claramente descompensada. Quizá porque, por contra, es más sencillo firmar un convenio con un ayuntamiento que hacer atractiva la convocatoria para una empresa privada.
Así las cosas, el departamento que ahora dirige Galvañ tiene decidido reorientar los esfuerzos de las políticas de fomento del empleo juvenil, centrándose en el sector privado, "que es el que realmente crea empleo". Eso sí, lo van a tener complicado, porque los fondos de estos programas para el sexenio 2020-2026 están agotados. "Ha sido una irresponsabilidad del Botànic, se gastaron el dinero de seis años en dos convocatorias porque venían elecciones", lamentan. "Pero buscaremos la manera de conseguir nuevos fondos, con el Sepe u otras fuentes", avanzan. Y, sean muchos o pocos, se gestionarán de forma radicalmente opuesta.
"Aquí hay una doble irresponsabilidad del anterior Consell", señalan las fuentes. "Primero, por gastarse todo el dinero en dos años y dejarnos pelados; y segundo, porque ellos sabían que las ayudas eran mucho más efectivas en el sector privado, y aún así destinaron el 96% al público". No en vano, las cifras en las que se ha basado el departamento de Galvañ para fijar su nueva estrategia fueron elaboradas en la etapa de Enric Nomdedéu (Compromís) como secretario autonómico, al realizar la justificación de la inversión de los distintos programas hasta 2020.
