La vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en una visita a las instalaciones de APSA en Alicante.ALICANTE. La Conselleria de Vivienda da por completada la primera etapa de adaptación normativa requerida para poner en marcha el Plan Vive, con el que aspira a promover 10.000 viviendas de protección pública en esta legislatura, y ultima el procedimiento para poner en marcha la primera tanda de licitaciones para optar a su construcción después de haber cerrado los preceptivos convenios de colaboración con 17 ayuntamientos de la Comunitat, en los que se ampara la cesión de suelos para encajar esos inmuebles.
Esos acuerdos se han materializado, en concreto, con los consistorios de Alicante, Alcudia de Crespins, Benidorm, Burriana, Caudiel, Chelva, El Toro, Mutxamel, Petrer, Pina de Montalgrao, Pobla del Duc, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola, Todolella, Torás, Torrevieja y Villena. Y, además, se han recibido un total de 48 ofrecimientos de otros ayuntamientos que habrían manifestado su interés por adherirse al Plan Vive con la puesta a disposición de solares libres, según precisaron fuentes del departamento autonómico consultadas por este diario.
En esta línea, la misma vicepresidenta segunda del Consell y titular del área, Susana Camarero, avanzó este viernes en Alicante -tras visitar las instalaciones del Centro Ocupacional 'Terramar' de APSA-, que la primera convocatoria pública para que los promotores interesados pudiesen optar a la construcción de inmuebles asequibles en esos solares cedidos por la administración se activará este mes de mayo, después de que se haya desplegado la fase preparatoria para el desarrollo del Plan Vive como "objetivo prioritario" del mandato, según recalcó.
"En esta primera fase", desde que se produjo la presentación pública del Plan Vive, "hemos materializado dos actuaciones: la primera ha consistido en darlo a conocer tanto a los ayuntamientos, a través del convenio marco establecido con la FVMP, como a los profesionales del sector, con los que hemos tenido reuniones, a través de las Cámaras de Comercio; y la segunda, en paralelo, estamos trabajando con los ayuntamientos que nos están ofreciendo ya suelo", explicó.
De ahí que resaltase la existencia de compromisos de entrega de parcelas en municipios como La Vila, como Benidorm o como Alicante que permiten plantear ya "un primer paquete de licitaciones, que serán, además, las que vienen condicionadas por los fondos europeos y, por tanto, tenemos que darles el impulso necesario para que en el verano de 2026 vean la luz". Así, anticipó que "esperamos que en muy pocas semanas, calculo que durante el mes de mayo, vamos a intentar que sea la primera licitación para que esto vea la luz lo antes posible".
"Es un trabajo importante, a tres niveles: los ayuntamientos nos ceden el suelo, esa colaboración público-privada con promotores y esa modificación en paralelo que estamos haciendo del decreto de vivienda de protección pública y de las normas necesarias para que estas licitaciones sean posibles y el Plan Vive permita devolver el derecho a la vivienda a las familias valencianas", detalló. Eso sí, no llegó a concretar qué volumen de inmuebles podrían tener cabida en ese primer paquete de licitaciones. "Lo estamos cerrando, en función del suelo disponible; no me quiero anticipar hasta tener los cálculos definitivos", apostilló.
Por lo pronto, en el caso de la ciudad de Alicante, el equipo de gobierno ya habría anunciado su predisposición a poner en manos de la Generalitat ocho solares de titularidad municipal en emplazamientos no precisados en los que tendría cabida la construcción de unas 275 viviendas, según concretó el alcalde, Luis Barcala, durante el acto de presentación del Plan Vive ante empresarios y promotores organizado con la colaboración de la Cámara de Comercio.
De hecho, en el desarrollo de esos actos de presentación desarrollados en las tres capitales de provincia, el departamento autonómico de Vivienda ha dado a conocer la elaboración de un estudio del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) en el que se detalla que el suelo de titularidad municipal en las poblaciones de más de 10.000 habitantes podría construirse más de 9.200 viviendas: 562 en la provincia de Castellón, 6.200 en la provincia de Valencia y 2.466 en la provincia de Alicante.
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández (centro), durante el acto de presentación del Plan Vive ante empresarios organizado en Alicante.Esa bolsa de suelo, sobre la que giran los convenios de colaboración con los ayuntamientos, se completará con el suelo de titularidad de la Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), así como los solares para vivienda de protección pública de titularidad privada pendientes de desarrollar, que podrán albergar más de 4.000 viviendas, según precisaron fuentes de Vivienda al informar sobre el desarrollo de esos encuentros con promotores.
En su celebración, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha venido explicando que la estructura del Plan Vive gira en torno a tres ejes: seguridad jurídica, cooperación administrativa y colaboración público-privada. En el primero de ellos se enmarcan iniciativas legislativas que ya se han puesto en marcha, como la modificación del Decreto 80/2023, por el que se aprueban las normas de diseño y calidad en edificios de vivienda y la reforma del Decreto 68/2023, por el que se aprueba el Reglamento de vivienda de protección pública y régimen jurídico del patrimonio público de vivienda y suelo de la Generalitat.
De igual modo, fuentes de Vivienda precisan que también se han avanzado ya otras modificaciones normativas como la reforma de la LOTUP para la agilización administrativa de licencias de obras. Y, por último, según las mismas fuentes, en el tercer eje de colaboración público-privada, el Plan Vive contempla el concurso de derechos de superficie o concesión administrativa destinado a desarrollar por el sector privado promociones para alquiler asequible por un periodo determinado. También se prevé las permutas de suelo/inmuebles que permitan concursos para promoción de vivienda protegida sobre suelo público y la entrega a la Administración de viviendas para fines sociales, entre otros.
