MONFORTE DEL CID. La planta de 24 MWp de la mercantil madrileña Punta Gadea Solar no obtiene el visto bueno de la Generalitat. Al menos, por el momento. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio (a través de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental) ha formulado informe de impacto ambiental para la central fotovoltaica 'El Lobato', concluyendo que no se pueden fijar los posibles efectos adversos al no disponer de suficientes elementos para juzgar.
La central -ubicada en los parajes Aleaig, San Vicente y Pozo Blanco- ocuparía parcelas de tres polígonos diferentes de Monforte del Cid, que contendrían 44.464 generadores de 540 Wp cada uno. La superficie vallada es de poco más de 33 hectáreas, dividida en cuatro recintos. En cuanto a la línea de evacuación de la energía generada en la planta, tendría un trazado de 5.463 metros de longitud, que discurre 4.935 metros en aéreo y 567 metros en subterráneo.
La planta no se localiza en superficie de la Red Natura 2000 ni espacios naturales protegidos, por lo que no afecta a hábitats protegidos; estaría en zonas de sensibilidad baja y suelos de permeabilidad "muy alta". Debido a que 'El Lobato' se encuentra cercano a otras centrales fotovoltaicas en proyecto y/o autorizadas ('La Cerámica', 'Monforte I', 'Monforte II', 'Mediterráneo I'), implicaría efectos acumulativos y podría comportar repercusiones y efectos negativos sobre el territorio.
El Ayuntamiento de Monforte manifestó su oposición a que la línea de evacuación transcurriera en aéreo, considerándose "no justificada" esta vía de evacuación al observar existencia de caminos o corredores de infraestructuras ya existentes, por lo que la línea de evacuación se considera "no viable". Otras complicaciones de la planta es que el estudio de inundabilidad "no es suficiente para discernir la afección", según la documentación publicada.
Por lo tanto, el estudio se considera desfavorable y se considera que la instalación de la 'PSF El Lobato' y su línea de evacuación no son viables. Teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor y las consultas realizadas, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental concluye que no es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer de elementos de juicio suficientes (no es posible descartar riesgos inducidos derivados de catástrofes que afecten a terceros o a la propia instalación).
El alcalde firma las autorizaciones para el equipo legal inicie el procedimiento Contencioso-Administrativo contra las tres plantas de un mismo grupo inversor -Atalaya Solar, Villasol y Frutasol-, autorizadas por el Consell en contra de los informes municipales.
