Compromís recupera la tasa del azúcar en su reforma fiscal para frenar las pretensiones del PSPV

VALÈNCIA. Compromís ya ha lanzado la primera contraoferta a la reforma fiscal que el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que acometería el Gobierno del Botànic a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2023. Un nuevo modelo que no estaba consensuado cuando se avanzó el pasado martes en el Debate de Política General entre las tres fuerzas que componen el tripartito y que ni la coalición valencianista ni Unidas Podemos están dispuestos a aceptar ahora. 

Con este escenario, el grupo que lidera Papi Robles movió ficha este lunes para desatascar las negociaciones, ahora mismo bloqueadas. Y lo hizo con un paquete de reformas tributarias que recuperan, como no podía ser de otra manera, un gran clásico de toda negociación presupuestaria 'botánica': la creación de un impuesto autonómico a las bebidas azucaradas. Un gravamen que Compromís puso sobre la mesa en 2016 y que desde su origen ha sido rechazado de forma frontal por el PSPV al contar con el oposición sin fisuras de los empresarios. 

El texto trabajado desde la pata de Compromís en el Gobierno valenciano contempla la "introducción del impuesto a las bebidas azucaradas, recomendado por la comisión de expertos valencianos para la reforma tributaria". "Queremos seguir la hoja de ruta botánica, lo que pasa necesariamente por cumplir los acuerdos establecidos. Además, necesitamos reforzar y seguir modernizando nuestro sistema tributario con tal de conseguir los ingresos de los que carecemos", reza el documento. 

La introducción de esta propuesta, sin embargo, resulta significativa por un motivo principal: la coalición había descartado rescatar su buque insignia salvo que el PSPV intentara pactar durante la tramitación de las cuentas del próximo ejercicio la rebaja del Impuesto de Sucesiones para bonificar a empresas familiares que facturasen más de 10 millones de euros. Algo que si bien se ha intentado en el Consell, finalmente ha quedado fuera de la negociación de la Ley de Medidas Fiscales -aunque se espera que esta pueda retomarse en el debate de enmiendas en Les Corts-. 

Con todo, la recuperación ahora de la tasa al azúcar por parte de Compromís es leída por sus socios como una respuesta al enfado que despertó en la coalición valencianista que Puig tratara de colar una propuesta tributaria que no había sido la pactada en los días previos al Debate, más que como una propuesta en sí misma. 

La propuesta de Puig se basaba en una bajada de impuestos, concretamente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos que cobren menos de 60.000 euros anuales. La medida incluía un aumento del 10% el mínimo personal y familiar exento, una nueva escala autonómica del IRPF y un aumento también del 10% de las deducciones con más benficiarios al aumentar el límite para beneficiarse de ellas. 

La reforma tendría efectos ya en la declaración de la Renta de 2022 -a cumplimentar la próxima primavera-, pues la intención del PSPV era que se aprobara con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de este año y, según los cálculos que maneja la Generalitat, permitiría un ahorro de 149 millones de euros para las familias valencianas. 

Sin embargo, ni Compromís ni Unides Podem la apoyarían tal y como está redactada. 

Deducción de 100 euros por hipoteca

Junto a la propuesta para recuperar la tasa a las bebidas azucaradas, el grupo parlamentario ha añadido otros cambios que refutan la propuesta de Puig en varios aspectos. Uno de los más significativos: Compromís rechaza la posibilidad lanzada por el president de la Generalitat de crear una deducción fiscal por intereses de las hipotecas. En concreto, el jefe del Consell habló de una deducción de 100 euros por hipoteca en caso de aquellas rentas individuales que no superen los 30.000 euros o 47.000 euros en caso de ser conjunta. 

Sin embargo, para los valencianistas "dar esta ayuda vía reducción del IRPF dificulta su acceso en especial para las rentas más bajas". Uno de los motivos que alegan es que precisamente las rentas bajas no está obligadas a realizar declaración de la renta. Sin embargo, también advierten que este cálculo realizado por Presidencia es "difícilmente considerable, ya que no todas las hipotecas son para la adquisición de una vivienda habitual, ni han aumentado su precio (tipo de interés) por las diferencias con los tipos de interés fijos y las revisiones que se produjeron cuando todavía no había aumento del tipo de interés".  

"Se puede convertir en un café para todos", concluyen para, acto seguido, proponer que en su lugar se aprueben ayudas destinadas a este fin. "Facilitaría el diseño de la misma, su acceso, identificaría a la administración que está poniendo a disposición de la ciudadanía las ayudas y no reduciría los ingresos de la Generalitat para hacer políticas públicas".  

Bajar de 60.000 a 50.000 euros

En el caso del diseño de una nueva tarifa de IRPF que sea más favorable para rentas bajas y medias, Compromís propone reducir de 60.000 a 50.000 euros el límite de los ciudadanos que se beneficiarían de la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas esbozada por Puig. El jefe del Consell anunció una bajada de impuestos para rentas inferiores a 60.000 y la coalición quiere ahora rebajar estas pretensiones y bajarle los impuestos a aquellos que cobren menos de 50.000 euros al año. 

Asimismo, también buscan crear un nuevo tramo entre los 150.000 y 200.000 euros con una subida de los tipos medios que pagan e incrementar los límites de base liquidable en las deducciones autonómicas. Un diseño que se basa en una de las propuestas de la Cátedra de Tributación Autonómica de la Universitat de València que asesora al Consell en la reforma. 

En este sentido, la intención del grupo de Robles es que la rebaja de impuestos tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 para que sea aplicable ya en la declaración de la renta de 2023. Por otra parte, la subida de tipos para rentas altas entraría en vigor ya el año que viene, de manera que esto afectara en la declaración de 2024 porque no puede tener efectos retroactivos.