ALICANTE/TORREVIEJA. Jamás hubo un caso de supuestas irregularidades con tanto consenso como el de las contrataciones a las empresas Exporigging y Equipamientos Integrales de Stands Molinos SL, ambas en manos de un matrimonio, que recibieron adjudicaciones, que se sepa, del Ayuntamiento de Orihuela, de la Diputación de Alicante y ahora, del Ayuntamiento de Torrevieja. En concreto, 1,2 millones de euros por diseñar y construir, al igual que el resto de casos, los stands de Fitur. Nadie defiende esas actuaciones, hasta el momento, pero el denunciante, el grupo Compromís, ya pide cabezas: sin ir más lejos, y principalmente, la del diputado de Turismo, Eduardo Dolón, por ser conocedor de esas irregularidades, en la comisión de investigación en la que salieron a la luz las facturas de la Diputación de Alicante. A ello, se añade las contrataciones que se han realizado en el Ayuntamiento de Torrevieja, de las que Compromís sostiene que formaba parte de esa junta de gobierno, al igual que el diputado nacional Joaquín Albadalejo.
De todo éste ruido, generado por Compromís, destaca el silencio en general del PP: hubo reacciones los primeros días, cuando se presentó la denuncia ante la Fiscalía. Este martes, han respondido los populares de Torrevieja, quienes consideran que la denuncia es una cortina de humo para tapar la crisis del multipartito que allí gobierna, con una edil imputada y acusada por el fiscal -que pide 11 años de inhabilitación- y, que además, que contiene fechas erróneas. El PP no niega los hechos, deriva la responsabilidad en el ex concejal del PP Domingo Soler, otrora hombre del José Joaquín Ripoll, en cuyo mandato supuestamente se perpetraron las anomalías que ahora han acabado en Fiscalía.
En los foros internos del PP, no se ponen objeciones a los hechos, pero se insiste en que están prescritos penalmente y se derivan las responsabilidades. Compromís ha incluido en su denuncia el delito de la prevaricación continuada con el objetivo de que la Fiscalía lo tome en consideración y, en caso de ser admitida a trámite, abarque el máximo tiempo posible.
Pero ahora el abanico se abre más, con las informaciones difundidas por el propio Ayuntamiento de Torrevieja; es decir, que a las anomalías ya judicializadas de Orihuela, y a las denunciadas en la Diputación de Alicante, se sumarían las del municipio salinero. La coalición valencianista insiste en la responsabilidad política de Eduardo Dolón y Joaquín Albadalero, que "estuvieron presentes en las Juntas de Gobierno al 2011 que aprobaron contratos con alguna de las empresas investigadas". En concreto, el actual equipo de gobierno recuerda que en los años 2005, 2006 y 2007, todas las adjudicaciones fueron a parar a la misma empresa, Equipamiento Integral para Stand Molinos, por un montante cercano al millón de euros, concretamente 925.897’59 euros. Y que en todos los casos se trata de la única empresa que opta a la contratación, mediante un negociado sin publicidad, a pesar de que la cuantía de cada uno de ellos no permitía que se empleara esta fórmula. En los años 2010 y 2011 se modifica el modo de actuar y se opta por invitar al menos a tres empresas a cada uno de los procesos de contratación. Todas renuncian alegando exceso de trabajo o falta de tiempo, de modo que la adjudicación es siempre para la única que presenta plica.
Por todo eso, Compromís exigirá en el transcurso del pleno de este miércoles la dimisión de Eduardo Dolón "por haber intentado tapar la trama de la Diputación y para estar directamente vinculado a los contratos en la organización de acontecimientos". La respuesta ya la sabemos: eran los ripollistas. Es decir, sigue la partida de tenis hasta que la Fiscalía diga esa boca es mía. O no.