Compromís eleva a la Comisión Europea las "irregularidades" del PAI de Llíber que prevé 488 viviendas

LLÍBER.  El síndic adjunto de Compromís y portavoz en la Comisión de Asuntos Europeos de las Corts Valencianes, Vicent Marzà, los diputados Gerard Fullana, Paula Espinosa, Maria Josep Calabuig y el diputado provincial Ximo Perles han anunciado en la Marina Alta la presentación de un escrito al Parlamento Europeo para que se pronuncie sobre el PAI de Llíber. Han estado acompañados por el portavoz de la plataforma ‘Salvem la Vall, Alessandro Romano Ottolini.

“Se trata de que la máxima institución europea se pronuncie sobre las negativas consecuencias medioambientales provocadas por la decisión unilateral e irregular por parte del ayuntamiento y la empresa constructora, de continuar con la construcción de 488 chalés, a pesar de que hay una orden judicial de paralización de las obras”, ha explicitado Vicent Marzà.

“El PP vuelve a hacer de PP con proyectos urbanísticos aberrantes y consecuencias nefastas para el medio ambiente y la gente que vive en la Vall del Pop”, ha valorado el portavoz de Asuntos Europeos de Compromís a las Cortes.

El documento lo ha registrado la eurodiputada del BNG Ana Miranda, en representación del grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea.  Marzà ha querido agradecer “la sensibilidad de la compañera Ana Miranda para que haya un pronunciamiento europeo sobre este nuevo despropósito que se está produciendo en el País Valenciano”.

El escrito se basa en tres ejes: Si la Comisión Europea considera que el proyecto cumple los requisitos legislativos sobre conservación de hábitats naturales y fauna y flora silvestres; si es coherente con los actuales criterios de protección territorial y medioambiental; y como piensa la Comisión salvaguardar los bienes de valor medioambiental y territorial de la región en cuestión.

Así, los representantes de Compromís han querido destacar “las graves consecuencias que puede tener la construcción de los casi 500 chalés en una zona dónde, además, estamos sufriendo ya las consecuencias de la sequía y preparándonos para restricciones de uso del agua en la Vall del Pop durante los próximos meses. Imaginaos si estamos así ahora, lo que puede suponer tensionar todavía más nuestros recursos hídricos si se acaban construyendo esa cantidad de chalés con sus respectivas piscinas”.

Según la diputada Paula Espinosa, “al modelo basado en la construcción y en el ladrillo, que hizo estallar la burbuja de la crisis inmobiliaria, ahora también tenemos que añadirle un nuevo elemento, y es que estamos en emergencia climática. Es una paradoja que en un momento de sequía extrema como la que estamos sufriendo, el Consell de viabilidad a proyectos que contribuirán a incrementar el colapso hídrico que ya sufre la comarca, tal y como han indicado los diferentes informes técnicos”.

Además han recordado que “han retomado las obras cuando hay una paralización cautelar de un juez para hacer el alcantarillado de la supuesta urbanización y estamos haciendo constado a la plataforma ‘Salvamos el Valle’ para que tengan voz también a Europa y conseguimos paralizar definitivamente un nuevo caso de especulación urbanística, falta de respeto y ataque continuado a nuestra tierra”.

“Hay convocada una manifestación el 18 de febrero a la cual asistirán miembros destacados de Compromís y, además, nuestras alcaldías de los pueblos que conforman el Valle del Pop están luchado política y judicialmente acompañando la plataforma ‘Salvem la Vall”, ha explicado el diputado Gerard Fullana.

En palabras del portavoz de la plataforma ‘Salvem la Vall, “hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos para trasladar a Europa la destrucción prevista por el macro PAI de Llíber. Un llamamiento a toda la sociedad a la movilización. Nos jugamos el futuro de la Vall del Pop.”

Hay que recordar que en 2023, un promotor inmobiliario inició obras de urbanización en más de 400.000 m² de terreno forestal para construir más de 488 chalés en el sudeste del municipio de Llíber.

Considerando que la Evaluación de Impacto Ambiental de estas obras se basa en estudios territoriales y ambientales realizados hace más de 30 años, con deficiencias metodológicas, sin participación pública y que no hay garantías de recursos hídricos suficientes para este crecimiento urbanístico, un juez tomó la medida cautelar de paralizar el proyecto, según ha explicado la coalición valencianista. Sin embargo, el ayuntamiento y el promotor "hicieron caso omiso de esta medida y aceleraron las obras, lo cual está provocando un enorme impacto ambiental por el uso de maquinaria pesada, la deforestación y la pérdida de especies vegetales y animales protegidas", según viene denunciando Compromís y la plataforma La Vall.