ELCHE. El grupo municipal de Compromís en Elx y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han demandado que la SAREB se convierta en un instrumento para garantizar el derecho a la vivienda y que todos los activos inmobiliarios de la entidad se incorporen al parque público de vivienda social.
Esta petición, redactada por la PAH, se ha formulado en la moción que Compromís ha registrado para su debate en el pleno del mes de noviembre. A la presentación de la moción han asistido Esther Díez, portavoz del grupo municipal de Compromís en Elx, Felip Sánchez, portavoz adjunto del grupo municipal de Compromís en Elx; y Paco Muñoz y Gloria Marín como representantes de la PAH.
Esther Díez, ha explicado que “la SAREB, popularmente conocida como “banco malo”, fue creada para limpiar los activos tóxicos que tenía la banca. Este instrumento, que en teoría no tenía que impactar negativamente en las cuentas públicas, en la práctica fue avalado y financiado en más de un 95% por recursos del Estado, aunque la parte pública del accionariado se quedó solo en un 46%. Además, hay que recordar que la Comisión Europea exigió en 2021 que el Estado Español contabilizara la deuda de la SAREB como pública, añadiendo al total de deuda que ya tenía el país 34.145 millones de euros”.
“En definitiva, estamos hablando de un escandaloso regalo de dinero público a la banca privada que precisa su correspondiente investigación y, por otra parte, garantizar que el objeto de la SAREB sea asegurar esa disposición de las viviendas para las personas en situación de vulnerabilidad”, ha añadido Díez”.
En este sentido, la moción que presenta Compromís prevé un listado de acuerdos entre los que se incluyen: promover las modificaciones legislativas que sean necesarias para que los activos de la SAREB pasen a formar parte del parque público de vivienda social, crear una comisión de investigación parlamentaria para investigar las responsabilidades políticas de la gestión de la sociedad, modificar el objeto social de la SAREB para que sea una herramienta pública que garantice el derecho a la vivienda, crear un organismo para fiscalizar a la SAREB o elaborar un censo de los activos que tiene esta entidad en propiedad.
Gloria Marín, miembro de la PAH, ha manifestado que “la SAREB no puede seguir siendo un instrumento para hacer negocio. Tenemos una necesidad extrema de vivienda y se están produciendo desahucios de personas que están en inmuebles de la SAREB, muchas veces por motivos ajenos a estas personas (finalización de contratos, impagos involuntarios porque no han pasado los cobros a la gente…). La SAREB por tanto, no puede ser una herramienta que incremente aún más la emergencia habitacional”.
En la misma línea, Paco Muñoz, también miembro de la Plataforma, ha puntualizado que “pedimos que la vivienda social en España pase a ser de un 20% (no de un 2% como es ahora), para situarnos en un nivel similar a otros países europeos como Holanda o Francia. Queremos que la vivienda deje de ser una mercancía y pase a ser un derecho social, como dice la Constitución”.
El pasado mes, la plataforma ya criticó que el Ayuntamiento "no está cumpliendo con su responsabilidad de proteger a la ciudadanía mediante políticas sociales adecuadas. Tanto en vivienda como en ayudas económicas a hogares, lo que hace está muy lejos de lo que se necesita, de lo que puede hacer, y de lo que proclama". Lamentaban la no adhesión al derecho de adquisición por tanteo y retracto y otros planes de compra de viviendas de familias que van a ser desahuciadas. Pedía más ayudas para el alquiler, así como ayudas individuales de susbistencia, pues "tienen unos presupuestos y unas cuantías que no se corresponden con las necesidades de una ciudad de las más pobres de España, golpeada por la pandemia y ahora por la inflación".
