ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha reclamado este lunes a la Conselleria de Sanidad "un registro definitivo de profesionales objetores de las interrupciones voluntarias de embarazo, prácticamente inexistentes en los hospitales públicos de la provincia, y organizar los servicios de Ginecología y Obstetricia para garantizar a las mujeres su derecho a una salud sexual de acuerdo a la ley", según apuntan fuentes de la formación, a través de un comunicado.
"Las alicantinas no tenemos garantizados nuestros derechos sexuales, ni reproductivos. Sufrimos una discriminación flagrante por parte de la administración pública que va desde no poder abortar en ningún hospital público hasta tener una oficina antiaborto en el centro de la ciudad", ha manifestado la edil de la coalición valencianista, Sara Llobell, quien ha resumido así la situación de las mujeres alicantinas una vez se han conocido los datos oficiales sobre interrupciones de embarazos en la sanidad valenciana.
"Estos datos muestran un nula aplicación de la ley en las comarcas alicantinas, donde las mujeres no pueden ejercer su derecho en la interrupción voluntaria del embarazo por diferentes motivos y son derivadas a clínicas privadas en contraste con el que pasa en València o Castelló; en muchos casos obligando a las mujeres a entrar en circuido administrativo donde encuentran más muros que soluciones", apunta el comunicado.
"El derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad está vulnerándose constantemente en los hospitales alicantinos", ha insistido Llobell para remarcar que en una población de medio millón de personas como por ejemplo la de la comarca de l'Alacantí no se haya hecho ningún aborto en los hospitales del departamento sanitario, el General de Alicante y en el Hospital de San Juan. Según los datos de la conselleria, en 2023 se hicieron 1.245 interrupciones de embarazos, ninguna de ellas en los centros públicos.
Llobell ha recordado además que "todo esto ocurre mientras Mazón y Barcala continúan dando subvenciones a entidades pro-vida que el único que hacen se asediar y coaccionar a las mujeres que quieren abortar libremente".
"El aborto es un derecho de las mujeres, pero los señores del Partido Popular se obsesionan con quitarnos nuestros derechos reproductivos, ya sea montando oficinas anti-aborto, ya sea con apoyos externos como el del obispo Munilla", ha continuado la diputada autonómica Mònica Àlvaro, quien reclamó los datos a la Conselleria de Sanidad.
De acuerdo con los cambios legales establecidos por el gobierno del Estado al 2023, la coalición exige desde hace un año que la Conselleria de Sanidad tenga un registro definitivo de profesionales que no vuelen practicar interrupciones de embarazo. En este marco, Àlvaro ha reclamado a la conselleria que se tome seriamente los derechos de las mujeres: "Es preocupante la inacción de la conselleria en la hora de cumplir con la legalidad vigente por lo que respecta al aborto y permitir una organización de los recursos hospitalarios para que las alicantinas sean tratadas con garantías en espacios públicos sin verse obligadas a acudir a clínicas privadas, siente reducida la capacidad asistencial de estas", concluye la nota pública.