Un momento de la asamblea de Compromís. ALICANTE. La polémica sobre la manipulación de graneles en el Puerto de Alicante suma otro protagonista más: Compromís. La Asamblea de Compromís per Alacant aprobó este lunes -en una sesión en la que se dio cuenta del informe de Organización de estos dos años de Ejecutiva, y se aprobó por unanimidad el informe político presentado por el secretario local, Natxo Bellido, una resolución por la que se pide al Gobierno del Estado inversiones para instalar naves cerradas en el recinto portuario, de modo que la carga y descarga de materiales pulverulentos se desarrolle bajo techo para evitar la propagación de partículas a la atmósfera.
Según informan fuentes de la coalición a través de un comunicado, "más allá del buen trabajo que se está haciendo por parte de la Conselleria de Medio Ambiente en esta materia para regular esta actividad después de años de estar en una situación alegal, Compromís entiende que el Ministerio ha de poner todos los recursos necesarios para que esta actividad económica se pueda realizar con las máximas garantías".
Como viene publicando Alicante Plaza, Medio Ambiente concedió una autorización ambiental a la Autoridad Portuaria el pasado noviembre condicionada a la ejecución de medidas correctoras. Entre ellas, la construcción de nuevos muros pantalla, la instalación de sistemas de pulverización con agua para evitar la difusión de partículas y la colocación de una red de medidores para ampliar el sistema de captación de emisiones del que ya dispone el Puerto. Esas actuaciones están adjudicadas a la empresa Pavasal y ya en ejecución. El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, confirmó, en una de sus últimas comparecencias públicas, que las estaciones de control de las emisiones a la atmósfera y el conjunto de esas medidas correctoras estarían en funcionamiento a lo largo del mes de agosto.
En la autorización del Consell se establecía que, una vez evaluadas las emisiones a la atmósfera a través de esa red de sensores, se resolvería si resultaba necesario incorporar medidas adicionales, como la construcción de naves cerradas en depresión para que la actividad dejase de desarrollarse a cielo abierto.
En paralelo, continúa abierta la disputa administrativa entre la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y las tres empresas que se dedican a esa operativa respecto al trámite de obtención de licencia de actividad. Urbanismo continúa estudiando los escritos presentados por esas tres compañías en los que se alegaba que no estaban obligadas a presentar una petición de licencia y que resultaba suficiente el registro de una declaración responsable.
