Compromís pide que se impute a Ripoll y a dos funcionarias por el 'caso Fitur' de la Diputación

ALICANTE (EP). El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante ha reclamado al juzgado que investiga la adjudicación en 2007 y 2008 de los contratos para el montaje del 'stand' de Fitur del patronato provincial Costa Blanca que amplíe la causa hasta 2004, cuando comenzaron las contrataciones con las empresas investigadas.

En su escrito ante el juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo considera que la documentación facilitada por el Patronato acredita "conductas claramente delictivas" y una "clara continuidad delictiva", tanto en las contrataciones desde 2004 como en cada uno de los años hasta 2007.

Incide además en que están "claramente identificadas" las personas "intervinientes" en las "distintas", "conectadas" y "continuadas contrataciones". Por ello, ha solicitado, ante el juzgado de instrucción número 7 de Alicante la imputación del expresidente de la Diputación, el 'popular' José Joaquín Ripoll, y dos funcionarias del Patronato, una de ellas, apuntada, por el equipo de gobierno actual del PP como secretaria del Patronato de Turismo Costa Blanca en 2007 y 2008, anualidades en las que se produjeron las contrataciones del expositor de Fitur de este organismo autónomo dependiente de la Diputación y que investiga la justicia a petición del Fiscal Anticorrupción.

Asimismo, la coalición cree que hay un "plan preconcebido" y una "unidad" en las supuestas irregularidades y "una clara conexión espacio-temporal". Habla de que se repiten "las mismas" ferias y que los expedientes "se van solapando" con ofertas económicas que se reproducen 

La coalición solicita además al juzgado que amplíe los años investigados al considerar que existe "una clara continuidad delictiva" en la contratación de los 'stands' del patronato. Esta alcanzaría hasta 2004, sumando interanualmente la cantidad total de 3,2 millones de euros de fondos públicos que podrían haber sido defraudados por las empresas Exporigging y Stands Molinos.

La coalición exige a su vez al actual responsable del Patronato, el diputado Eduardo Dolón, que aclare "por qué cerró la comisión de investigación reclamada por el pleno" de la Diputación de Alicante y que buscaba esclarecer "las sombras de duda identificadas" en la gestión de la institución provincial, especialmente en los años gobernados por Ripoll, sobre quien "pende también una petición de fiscalía de 16 años de cárcel en el caso Brugal".

Compromís ha recordado que Dolón fue concejal, y después alcalde de Torrevieja, "de un equipo de gobierno que ya había contratado con las empresas adjudicatarias que hoy investiga el juzgado de Alicante y que ya están procesadas en una causa similar en Orihuela". "El objeto de investigación del caso Fitur Costa Blanca es el mismo que centró la rama valenciana de la Gürtel, que versó sobre las contrataciones irregulares en el montaje de los 'stands' de la Generalitat Valenciana también en la feria de Fitur", ha precisado la coalición.

Dolón acusa de manipular

El vicepresidente de la Diputación de Alicante y del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, Eduardo Dolón, ha acusado al grupo de Compromís en la institución de "manipulación" por utilizar una contestación a una pregunta formulada al presidente provincial, César Sánchez, para solicitar al juzgado número 6 de Alicante la imputación del expresidente José Joaquín Ripoll y una funcionaria en el caso en el que se investiga las contrataciones de los 'stands' del Patronato en la feria de turismo Fitur en 2007 y 2008.

A preguntas de los medios, Dolón ha hablado de "mala interpretación" la portavoz de Compromís, Gerard Fullana, sobre una respuesta recibida. "Le pregunta al presidente de la Diputación quién eran los responsables de los pliegos", ha relatado y ha detallado que "según qué pliegos" eran "unos funcionarios u otros", ya que no había una persona "fija".

Asimismo, ha indicado que en esa misma respuesta se indica que en 2007 y 2008 era la funcionaria, para la que Compromís ha solicitado su imputación, y que después fue otra persona. "Le contestamos con dos nombres", ha mantenido Dolón que ha rechazado que esa respuesta sea "acusación para nadie".

 "Lo que ha interpretado Compromís diciendo que la van a llevar al juzgado, nos parece absolutamente lamentable porque lo que hacemos es poner en conocimiento la información; pero eso no certifica ni da derecho a nadie, como hace Compromís, de juez y condenar, que es lo que ha ocurrido", ha argumentado. Dolón ha informado que se ha dado traslado a la Junta de Personal de la Diputación de la pregunta formulada por la coalición y la respuesta enviada para que "interprete todos los documentos" y ha asegurado que la institución se ha puesto "a disposición" de la funcionaria; a quien ha dicho que no conoce.

"Exigimos una rectificación pública a los diputados de Compromís o al menos a los responsables del partido en la provincia de Alicante y en la Comunitat Valenciana", ha expuesto y ha opinado que "lo que no se puede hacer es acusar a un funcionario de la forma en la que lo han hecho". "No hay absolutamente nada", ha sostenido y ha manifestado que existe "cierto malestar" entre el funcionariado de la Diputación de Alicante "por lo que han hecho".

   Así, ha dicho que "no se va a permitir" que "se pueda atacar" a un "profesional" de la institución y ha anunciado que se estudia el gabinete jurídico "todo lo que ha acontecido".

   Preguntado sobre si la funcionaria firmaba las adjudicaciones junto al expresidente José Joaquín Ripoll, Eduardo Dolón ha dicho que eso "no se puede afirmar eso" y ha precisado que "lo que se pone en duda son las adjudicaciones de este tipo o de otro tipo", por lo que ha pedido ver "primero" qué técnico estaba "en cada uno de los expedientes, que es la información anterior; y la posterior, quien hacía la veces de secretaria en 2007 y 2008 es esa funcionaria, pero no se puede llegar a afirmar que los presuntos sean atribuibles a esa funcionaria".

Sin embargo, ha subrayado: "Lo que sí es cierto es que esta funcionaria era la secretaria. Y eso es lo que le hemos contestado, pero de esa contestación no se puede interpretar lo publicado, por más que el señor Gerard Fullana quiera". Eduardo Dolón ha recordado a Fullana que era el "responsable" de la custodia de esa documentación, "no sabemos hasta qué punto puede hacer el uso que ha hecho para hacer las aseveraciones" hacia "una interpretación que hace".

A su juicio, Gerard Fullana está "bastante nervioso" y le ha recomendado que si ha visto hechos "presuntamente delictivos" que deje actuar a la Justicia y evite "los juicios de valor y de condenar a personas que nada tienen que ver con la disputa política". Para Dolón, con esa situación la Diputación no sale beneficiada "para nada" y ha pedido "intentar defender esta casa".