ALICANTE. El Gobierno ha anunciado este miércoles que se dispone a iniciar una serie de contactos con los grupos parlamentarios en busca de apoyo para la necesaria convalidación por el Congreso de los Diputados del último decreto ley con medidas económicas y sociales ante el coronavirus y que, sin el aval de la Cámara Baja, dejarían de estar en vigor en el plazo de un mes.
Así lo ha afirmado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, uno de los miembros del cuadro de mando de gestión bajo el estado de alarma, que no ha precisado quién será el interlocutor del Gobierno con los grupos parlamentarios, más allá de señalar que estos contactos se establecerán también a través del grupo socialista.
Y dentro de estas negociaciones, la coalición Compromís-Más País quiere volver a poner sobre la mesa el desbloqueo de los fondos de los remanentes de tesorería para que los ayuntamientos puedan hacer uso de ellos para hacer frente a la crisis del coronavirus y poder atender las demandas de sus ciudadanos.
Así lo ha propuesto este mismo miércoles la coalición a través de sus grupos políticos en las tres diputaciones. El portavoz del grupo en Alicante, Gerard Fullana, ha explicado que el objetivo es instar al Gobierno central que permita a los ayuntamientos poder invertir sus remanentes de tesorería en políticas de proximidad coordinadas con el resto de instituciones, especialmente la Generalitat y que ésta medida se incluya en el último Real Decreto aprobado por el Ejecutivo. Y si ahora no accediera, la pretensión del coalición es que se pueda aplicar más adelante ligado a que esos fondos puedan destinarse a la economía verde.
Hay que recordar que en anteriores medidas del Gobierno se permitió crear un fondo, dotado con 300 millones, para que autonomías y ayuntamientos puedan destinar parte de ese dinero a reforzar la asistencia a domicilio de personas mayores, dependientes o con discapacidad afectadas por el cierre de centros de día o centros sociales, y que "en muchos casos están solos y solas en sus casas".
Esta vez, Compromís quiere que el Gobierno vaya más allá y se comprometa a desbloquear los fondos de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, que en el caso de la Comunitat Valenciana ascienden a 525 millones. Y esa será una de las condiciones para que la coalición respalde el último Real Decreto. Y si no puede ser ahora, más adelantes, pero con las condiciones antes mencionadas, una especie de New Deal Green en políticas municipales. “No se puede entender que habiendo recursos económicos al alcance para poderlos invertir, ahora que hacen más falta que nunca, haya una normativa todavía vigente desde los tiempos de recortes y dictadura de la deuda que nos lo impida. Es el momento de movilizar todos los recursos de los cuales disponemos las administraciones públicas y utilizarlos para atender las personas, reforzar los servicios públicos y ayudar la economía para hacer frente a la crisis, de una forma coordinada pero siempre descentralizada y próxima a los problemas. Cuando más cerca está la institución de la ciudadanía mejor la puede atender”, ha dicho Fullana.
