El edil de Compromís, Rafa Mas.ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha instado este martes al equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, a crear "puntos de asesoramiento energético municipal, en materia de derechos energéticos frente a las empresas eléctricas, donde se pueda informar y asesorar a las familias de los trámites y ayudas para reformar las viviendas para su aislamiento térmico y, por tanto, sean más sostenibles y dispongan de sistemas de autoconsumo". Portavoces de la coalición han detallado, a través de un comunicado, que "se trata de dar cobertura a la necesidad de destinar recursos a la atención y asesoramiento a la ciudadanía en materia energética tras la subida en el precio de las tarifas eléctricas, y donde se pueden atender las dudas de alicantinas y alicantinos ofreciendo consejos para el ahorro económico y la eficiencia energética".
El concejal Rafa Mas ha señalado que "cada vez son más los municipios que cuentan con estas oficinas de asesoramiento, ante la preocupación ciudadana por la constante subida de las tarifas eléctricas y falta de información para una mayor eficiencia energética. Por este motivo, pedimos al bipartito se tome en serio esta propuesta y habilite puntos de atención usando la propia red de oficinas SAIC y centros sociales, publicitado para que la ciudadanía pueda aprovechar sus servicios".
En esta línea, ha añadido respecto al bono social que "está enfocado para todas las familias que lo necesiten, pero la realidad es que esta ayuda no llega. Además, en Alicante por la complejidad de tramitación y saturación de los servicios municipales como el padrón". Mas ha incidido en que "según los datos del propio Gobierno, parámetros de la estrategia nacional a 2020, entre un 9.6% a 16% de las familias estarían en situación de pobreza energética y sería susceptible a recibir los bonos sociales. Estamos hablando entre 2 y 3 millones de familias. Actualmente están acogidas al bono social poco más de 1.100.000. Las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno donde se amplía la cobertura ampliarán la cifra a otras 600.000 familias, por lo que habría una cifra importante de personas a las cuales no les llega esta ayuda social para amortiguar los precios de la energía".
Según Compromís, "el efecto de la pandemia y la situación de crisis energética y económica provocada por la guerra de Ucrania aumenta exponencialmente las familias empobrecidas energéticamente. Estas ayudas, que son más que necesarias, van desde descuentos del 25% que podría llegar hasta el 70% dependiendo de la vulnerabilidad, además de la limitación por consumo que podría ser bonificable. Esto ocurre porque la información no llega a las familias y por lo complicado que es acceder a este bono por parte de las personas. Cabe recordar que muchas familias no tienen acceso a internet ni conocen las herramientas básicas telemáticas exigibles para acceder a dichas ayudas".
Para Mas, "en Alicante el tema se complica. No hay telecentros para combatir la brecha digital. Los registros municipales y los centros sociales que tienen que emitir informes de vulnerabilidad están colapsados". Los puntos de atención, a propuesta por Compromís, estarían especializados en el asesoramiento para reducir el gasto eléctrico de hogares a partir de un estudio personalizado, información y gestión de bono social eléctrico para pensionistas, familias numerosas, desempleados y suministros con menos de 3 kW contratados, información sobre la tarifas eléctricas existentes para determinar cuál es la que más beneficio reporta al usuario en función de sus necesidad y hábitos de vida así como asesorar sobre ayudas y subvenciones existentes en materia de ahorro energético, energías renovables.
En el año de la pandemia, según la coalición, "se duplicó el número de personas que no podían asumir el coste de la energía requerida para calentar o enfriar su casa al nivel recomendado". "Son los datos que refleja la encuesta de calidad de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y amoldada a la coyuntura autonómica por la Conselleria de Economía. Según el documento, el porcentaje de alicantinos que no pueden permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada se disparó del 6,1 % al 13,6 % entre 2019 y 2020, un crecimiento de más del 120%. Filtrando por sexo y rangos de edad se observa que las mujeres están más expuestas a esta situación de pobreza energética que los hombres, especialmente aquellas entre los 16 y los 29 años y entre los 45 y los 64, grupos entre los que este problema se extiende al 16 % del total", abunda el comunicado.
Por otro lado, Compromís apremia "a la administración local a estudiar y preparar proyectos pilotos para la generación de comunidades energéticas solares. En este sentido, señalamos la necesidad de que el bipartito aproveche el impulso que, desde la Generalitat Valenciana y otras instancias institucionales, como la Unión Europea, está dando a las políticas de sostenibilidad energética en el ámbito local".
Por ello, el concejal Rafa Mas ha reclamado al alcalde Luís Barcala, "una apuesta por la transición ecológica de la ciudad, el Alacant Verde que reivindica Compromís, y eso también pasa por ser proactivos en una materia que ahora misma está regulándose como son las comunidades energéticas locales. Tenemos una oportunidad para encontrar cofinanciación para desarrollar estos proyectos pilotos, por ejemplo, a través de las ayudas del IVACE de la Conselleria de Economía Sostenible, y debemos ser una ciudad pionera en estas experiencias irán consolidándose para caminar hacia un modelo energético sostenible, que sea más justo, más participativo y más democrático, donde la ciudadanía tenga un papel protagonista".
Por tanto, la propuesta de Compromís de habilitar Puntos de Asesoramiento Energético, en dependencias municipales, "servirá para ofrecer atención personalizada en materia de derechos energéticos, tramitación de bonos sociales, informar y asesorar a las personas que no pueden mantener su hogar en unas condiciones energéticas y de bienestar adecuadas o que ya han recibido un aviso de impago o de corte por parte de la empresa suministradora de electricidad, agua o gas, detectan el incumplimiento de la legislación vigente por parte de las compañías suministradoras y asesoran y acompañan a las personas usuarias en la defensa de sus derechos y en la denuncia de los incumplimientos. Además, orientar en la mejora de la gestión y la eficiencia energética de los hogares y en la optimización de los servicios de electricidad, agua y gas", concluye el comunicado.
