ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a exigir este jueves al equipo de gobierno (PP y Cs), a través de un comunicado, "una solución urgente al corte parcial de las líneas 06 y 11 de autobús, concretamente la supresión, como anuncia la web oficial del transporte urbano, del recorrido por la calle Barítono Paco Latorre en Juan XXIII de estas línea por motivos de seguridad".
El portavoz municipal de la coalición, Natxo Bellido, considera que "la solución no puede ser acortar la línea y dejar sin servicio a centenares de usuarios por vandalismo. Este servicio es básico para acudir al centro de salud, al instituto Las Lomas, a las escuelas infantiles, a moverse por la ciudad. El bipartito municipal de Luis Barcala no puede volver a dar la espalda a las vecinas y vecinos de los barrios de zona norte de la ciudad. Hay que poner soluciones, coordinarse entre cuerpos policiales y que este servicio se restablezca de forma inmediata".
Compromís señala en el comunicado que "este problema de vandalismo viene arrastrándose especialmente desde el mes de enero y que, en ningún momento, el gobierno municipal había informados a las vecinas y vecinos de la zona". Ante todo, como reclama el concejal Rafa Mas, "hay que garantizar la seguridad de trabajadoras y trabajadores de los vehículos, así como la de pasajeros, para que puedan trabajar con normalidad". En esta línea, concluye "no se puede desconectar más todavía estos barrios de la ciudad, ampliar la brecha entre éstos y el resto de la ciudad, por lo que pedimos se convoque de manera urgente la Junta de Distrito 2 para abordar este y otros temas que afectas a los barrios del norte de la ciudad".
Como ya ha informado este diario, el equipo de gobierno sostiene que ya ha tomado medidas para evitar la reproducción de episodios de vandalismo que afecten al desarrollo del servicio, como el incremento de la vigilancia a cargo de la Policía Local. Además, se ha solicitado la intervención de la Policía Nacional, a través de la Subdelegación del Gobierno, puesto que, según las mismas fuentes, se trataría de dar respuesta a un problema de orden público que recae bajo sus competencias.
