Foto: KIKE TABERNERALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este viernes el registro de una declaración institucional para su debate en el pleno de noviembre en la que plantea la reprobación del presidente de la Generalitat Carlos Mazón, con el fin de solicitar su dimisión "tras su deficiente y negligente gestión de la Dana" que ha afectado a 75 municipios de la provincia de Valencia.
El portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha considerado, a través de un comunicado, que la gestión del jefe del Consell "puede poner en peligro otros municipios como el nuestro, sometido al aumento de los fenómenos meteorológicos adversos y cuyo Plan de Emergencia no se actualiza desde 2019. De este modo, desde su ciudad, Alicante, somos el primer grupo municipal que pedimos formalmente su reprobación y dimisión".
En esta línea, fuentes de Compromís precisan que "los principales motivos para la petición de reprobación y dimisión" son, en primer lugar, "la falta de previsión y coordinación en la gestión de emergencias. La DANA es un fenómeno meteorológico que ocurre de forma recurrente en la Comunidad Valenciana. A pesar de la previsibilidad de estos eventos, la gestión de emergencias por parte del gobierno autonómico no ha estado a la altura, mostrando carencias en la planificación y coordinación entre diferentes organismos. Esto ha llevado a respuestas tardías o insuficientes, afectando gravemente a las zonas más vulnerables", apunta Compromís.
En segundo término, la supuesta aplicación de "recortes en infraestructura de prevención. En lugar de reforzar las infraestructuras de prevención y mitigación de inundaciones, como cauces, sistemas de drenaje y barreras naturales, el gobierno de Mazón ha priorizado otras partidas presupuestarias. Esto ha dejado expuestas a varias zonas urbanas y rurales, aumentando los daños materiales y poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía", señala la coalición.
En tercer lugar, la "falta de apoyo y ayudas inmediatas a las áreas afectadas. La respuesta del gobierno autonómico a las personas y empresas afectadas ha sido lenta y poco eficaz, lo que ha dejado a muchas familias, agricultores y pequeñas empresas sin el respaldo necesario para hacer frente a los daños. La falta de ayudas rápidas y efectivas genera incertidumbre en las comunidades afectadas y cuestiona el compromiso del gobierno con los sectores más vulnerables en momentos de crisis", recalca la nota pública.
En el cuerpo expositivo de la declaración institucional se recuerda que hace diez días, el martes 29 de octubre, "se activó una alerta roja por fuertes precipitaciones como consecuencia de una depresión aislada en niveles altos (Dana) con especial incidencia en las comarcas valencianas". "La Universitat de València, así como municipios de la comarca de la Ribera Alta - Alzira, Carcaixent y Algemesí- o del Baix Vinalopó - Elx, Crevillent y Santa Pola -, suspendieron las clases previstas. Esta suspensión de las clases atendía al aviso naranja de que la Agencia Valenciana de Meteorología (AEMET) tenía activado", detalla la propuesta de Compromís.
"El martes 29 de mañana, la AEMET extendió la alerta naranja en el sur de València y en toda la comarca de la Ribera. Poco después, sobre las 7:36h de la mañana, ya se señalaba en rojo el interior norte de Valencia: la Plana de Utiel-Requena registraba precipitaciones muy intensas. A las 9:48h, la alerta roja se extendía ya en todo el litoral de Valencia, el interior norte y las comarcas de la Ribera. A la alerta que activaba la AEMET se sumaba el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. A continuación, se desbordaron los barrancos como en Chiva o la Hoya de Buñol. El agua a su paso por la Plana de Utiel-Requena ya había dejado imágenes de grandes inundaciones, incomunicaciones y rescates. Casi al mismo tiempo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comunicaba que el temporal se estaba desplazando hacia el interior de España y que a partir de las 18h de la tarde la intensidad disminuiría en la Comunidad Valenciana; también que los embalses estaban por debajo de su capacidad y que no existía ninguna alerta respecto a posibles desbordamientos", argumenta el expositivo de la declaración.
"La alerta y graves consecuencias que se iniciaban en la zona de Utiel y Requena, sería el inicio de lo que después ocasionaría cientos de llamadas al 112, las primeras personas desaparecidas, y el barranco del Poyo provocando inundaciones descontroladas en la comarca de l'Horta Sur. La situación era tan alarmante que incluso en Benifaió se presenciaron tornados. La última noticia que tenía la ciudadanía de estas comarcas por parte de la Generalitat Valenciana es que la situación de los embalses era buena y que, a partir de las 18h, la situación de lluvias estaría controlada. Mientras, la realidad en la calle en otra: carreteras convirtiéndose en ratoneras, personas atrapadas en polígonos industriales, coches siendo llevados por el agua y casas completamente inundadas con el agua entrando a borbotones en los pueblos de l'Horta Sud y la Ribera", añade.
"Hasta las 20h la Generalitat Valenciana no envía a los teléfonos de la ciudadanía ubicada en las comarcas valencianas la alerta oficial. A esta altura, ya había mucha gente ilocalizada e incomunicada, sin suministro de luz o agua y se daban las primeras víctimas mortales que posteriormente hemos ido conociendo. El agua que había caído registraba 618 litros por metro cuadrado - dado que faltan los registros de una hora- en algunos dispositivos como el localizado en Turís", recalca el texto.
"A fecha de hoy, las cifras oficiales son: la pérdida de 211 vidas, cerca de 80 personas todavía desaparecidas, más de 370.000 trabajadores y trabajadoras afectadas -de los que 68.000 son autónomos-, 62.000 empresas, cerca de 80.000 casas afectadas y entorno a 100.000 vehículos perdidos. Aparte, de los daños en infraestructuras como centros educativos, polideportivos, ayuntamientos y demás espacios públicos, carreteras, etcétera. En concreto y en términos económicos, la Generalitat Valenciana a fecha 5 de noviembre de 2024 ha cuantificado en 12.000 millones de euros los daños ocasionados en los sectores industriales y centros educativos. A estas alturas, además, las consecuencias siguen siendo visibles en los municipios afectados: continúan hogares sin suministro de agua caliente y de luz, las calles siguen embarradas con graves consecuencias para la salud, y la conexión por carretera es casi imposible para muchos valencianos y valencianas tanto en coche como en transporte público", concluye el expositivo de la iniciativa política.
