Compromís acusa al PP de desmantelar la atención social con el despido de su plantilla en Alicante

ALICANTE. Compromís ha denunciado este martes que el Partido Popular (PP) ha convertido la ciudad de Alicante, la segunda ciudad en peso demográfico de la Comunitat, en "el paradigma de una gestión pésima y de abandono de la acción social". En esta línea, la portavoz de Servicios Sociales de Compromís a Les Corts, Nathalie Torres, ha explicado, en una comparecencia pública, que la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, "no han hecho nada por consolidar una estructura de atención a la ciudadanía más necesitada al dejar morir el conocido como contrato-programa, una herramienta administrativa que garantizaba durante cuatro años la financiación de la acción social a las entidades locales valencianas y municipalizaba la primera línea de acción social".

"Lo que está ocurriendo en Alicante es la clara ejemplificación del desmantelamiento de los servicios sociales públicos. Los Ayuntamientos y los servicios sociales llevan desde noviembre de 2023 advirtiendo sobre el fin del contrato programa", ha desvelado la diputada remitiéndose a las actas de las reuniones celebradas en noviembre de 2023 y 2024 en la Dirección Territorial de la provincia de Alicante. "En junio de 2024, la conselleria ya debería haber enviado las instrucciones para la renovación y no ha reaccionado hasta hace un mes. No creen en la inversión social, para Susana Camarero es solo un gasto", ha señalado Torres, quien ha registrado en Les Corts una proposición no de ley para el refuerzo urgente de los servicios de atención social.

Torres ha considerado que son muchos los ayuntamientos de menor tamaño que "sí han tenido la voluntad de consolidar la ley de acceso a los servicios públicos valenciana y han consolidado estructuras profesionales en estos cuatro años de duración del contrato programa". "Banyeres de Mariola, una ciudad de apenas 7.000 habitantes y gobernada por Compromís desde 2015 ha aprovechado el contrato programa para aumentar un 50% las plazas de los equipos  y establecer la práctica totalidad de la plantilla laboral", ha señalado Torres como ejemplo contrario al alicantino. 

"Año y medio de retrasos"

En esta línea, el portavoz municipal de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha manifestado que "el despido del 80 por ciento de la plantilla de trabajadoras sociales" registrado en el Ayuntamiento de Alicante "ya está ocasionando que los cálculos para ver reconocidos los derechos de Dependencia superen el máximo legal recogido por la ley".

"El contrato-programa se hizo para anular las subvenciones anuales a los ayuntamientos y que existiera una planificación a cinco años vista de la acción social de la Administración, agilizando trámites y consolidando plantillas de trabajo para atender a los derechos sociales de las personas. Compromís, que lo impulsó, atendió así a  una demanda social y del sector para reforzar un escudo social y garantizar el acceso a los derechos ciudadanos allí donde van a pedir ayuda, que es a la puerta de los Ayuntamientos", ha señalado.

"El de Alicante es  de los pocos ayuntamientos que no ha hecho nada por paliar esta situación. Actualmente, pasamos de los nueve meses establecidos como máximo para que una persona vea reconocido su derecho a la ayuda a una espera de mínimo año y medio. La situación es alarmante porque no solo han destrozado los equipo de trabajo, sino que dejan de atender directamente a las personas", ha criticado Mas al señalar que "ya no hay servicio de salud mental, ni jurídico y se desatienden los programas del departamento como atención infantil", ha concluido.

Por lo pronto, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha manifestado hasta ahora que continúa trabajando en la tramitación del expediente para volver a promover la contratación de personal para el servicio de Acción Social, después de que se haya confirmado la cobertura de financiación por parte de la Generalitat. Todo, después de que el alcalde, Luis Barcala, manifestase que el departamento de Intervención municipal no permitiría que se consolidasen las plazas de esos trabajadores al interpretar que el ayuntamiento está asumiendo una competencia impropia que corresponde a la administración autonómica.