Hace dos semanas, tuvo la suerte de poder moderar un debate entre el eurodiputado Adrián Vázquez, del Grupo Renew (Ciudadanos) y los principales líderes empresariales de la provincia de Alicante. Por si alguien tenía dudas, Vázquez expuso cuáles habían sido las dos grandes apuestas de la actual Comisión Europea: el pacto verde y la digitalización. La segunda vino con buena voluntad y por necesidad, pero la pandemia nos aceleró todos los procesos. En cambio, el pacto verde también nació con buena voluntad, por necesidad, pero la Guerra de Ucrania le ha puesto condicionantes, entre otras cosas, porque con un escenario bélico, el precio de los combustibles y el de las materias primas por los aires, era imposible alcanzar los objetivos fijados.
La transición ecológica es necesaria, pero requiere de un tiempo de cocción. No todo se puede hacer de la noche a la mañana; como bien dice su nombre, hay que hacerlo con una transición, que permita, a la vez, flexibilidad y un marco jurídico seguro. No es fácil. Ahí está la controversia que generan los caudales ecológicos en el río Tajo y sus derivadas con el trasvase; las zonas de baja emisión y la descarbonización, y, sobre todo, la transición energética
Y como principal paradigma de ese cambio energético -que la guerra de Ucrania también nos ha llevado a buscar alternativas al gas-, tenemos la irrupción masiva de plantas fotovoltaicas en el territorio. Para ello, había una fecha límite, el 25 de enero. Hasta entonces, asistimos a una ardua batalla, entre el gran capital y el bipartidismo -y algún que otro cargo de Compromís confundido-, que pretendía aprobar las plantas a martillazos, sin reparar en su impacto en el territorio, su potencia y su encaje legal. Dentro de esa carrera, el Botànic tomó conciencia de que había que superar ese obstáculo con los máximos proyectos aprobados y, al tiempo, poner freno allí donde se pudiera. No entraron todas las plantas de competencia autonómica, pero si la mayoría, algunas con condicionantes.
En cambio, las que tenían más de 100 MW de potencia, cuya competencia era del Ministerio de Industria, se aprobaron casi todas: cuatro en Villena, dos en Monòver y una Castalla (es posible que olvide alguna más de las grandes). Aunque hubo informes de la Generalitat que las cuestionaban, otro buscaron rendijas para evitar esos ajustes (hay quién situó la fotovoltaica en la comunidad vecina).
Ahora, un mes después, la Generalitat cumplió con esa carrera en la que las grandes corporaciones apretaban -de lo lindo- y el bipartidismo amenazaba con tirarse los trastos si la cosa no salía bien. Cumplimos.
Pero ahora toca gestionar la ejecución de la fiebre por la fotovoltaica y su impacto en el territorio. Y además vienen elecciones. Y este situación no es fácil, pues algunas de esas grandes corporaciones diseñaron sus plantas desde sus despachos de Madrid, sin la más mínima sensibilidad, y como si un derecho de pernada se tratase. La planta va a ir ahí, si o sí, guste más o menos. No todas las empresas han reaccionado así. Las hay que han negociado y dialogado con los consistorios y se han buscado soluciones satisfactorias para ambas partes. El ayuntamiento se garantiza unos ingresos por un tiempo; las compañías, la producción de energía. Pero ¿qué pasa si en tu municipio te ha caído una megaplanta y no la querías? ¿y si te arrasa parte de tu término municipal? ¿y si daña parajes o entornos naturales?
No sé de quién la culpa, pero lo que parece claro es que alguien ha jugado con ventaja, o el legislador no ha puesto las medidas suficientes para que esa transición tuviera un ordenamiento jurídico equilibrado. Desde luego, las reglas del juego no estaban del todo claras. O no fueron justas.
Quiero creer que el Gobierno valenciano y los partidos que lo sustentan hicieron lo posible porque el impacto fuera el menor. Algunas no eran de su competencia, pero algunos gobernantes en Madrid y València eran los mismos. Ahora toca gestionar la resaca de ese furor: ahí están los casos de los ayuntamientos de Monòver, Villena o Castalla, que a la vista de los comportamientos de las grandes empresas -y del celo de la administración-, no les queda más remedio que ir a los tribunales a intentar tumbar, en la mayoría de los casos, una Declaración de Impacto Ambiental favorable, avalada por unos técnicos que están a 400 kilómetros y que no tienen la sensibilidad de cómo será el día de mañana con esos océanos de placas rondando no sólo espacio de alto valor, sino también negocios alzados por generaciones familiares. Y lo que más contrasta de esa administración central fría a la proximidad después pone todo el celo posible en otros próximos que también suponen transición (o descarbonización). El tiempo suele poner las cosas en su sitio, pero veremos cómo salen esos ayuntamientos -independientemente de quién gobierne, ahora o después- de esas centrales fotovoltaicas que les han caído en la cabeza, me atrevería decir, sin quererlo.
Más allá del papel de la administración, digámoslo también: a algunas empresas -otras sí lo han hecho- también les ha faltado ser más amables en su aterrizaje. Van a tener que convivir unos 30 años, así que mejor llevarse bien, acordar y respetar, por legal que sea todo. No olvidemos que el territorio, ese gran valor que tiene el turismo, por árido y recóndito que sea, es irreversible. Y tiene historia.
