ALICANTE. La reforma del acuario municipal de la Plaza Nueva, en pleno centro tradicional de Alicante, echa a andar para tranquilidad de comerciantes y hosteleros, que venían reivindicando su reapertura para paliar la pérdida de afluencia de público y, así, reactivar su actividad.
La instalación quedó precintada hace casi un año por el actual equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) tras constatar la muerte de la práctica totalidad de los ejemplares que se exhibían por un fallo en el sistema de mantenimiento de la instalación. Fue entonces cuando el tripartito anunció la revisión de las funciones del acuario con un planteamiento inicial que descartaba, incluso, la posibilidad de que volviese a albergar animales vivos, según se llegó a deslizar desde la Concejalía de Protección Animal.
El proyecto definitivo sí los contempla. El objetivo es convertir la instalación en un espacio didáctico para escolares en el que convivan especies compatibles, del Mediterráneo, de acuerdo con las recomendaciones aportadas por el Instituto de Ecología Litoral. El acuario pasará a quedar compartimentado en seis cubas, una de las cuales albergará medusas.
La empresa adjudicataria de los trabajos, Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, inició este jueves los trabajos con el vallado de todo el perímetro. A priori, la obra -con un presupuesto de 153.228 euros- debe estar finalizada al cierre de 2016. Tanto el presidente del colectivo de comerciantes Corazón de Alicante, Vicente Armengol, como la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA), María del Mar Valera, se felicitaron por el inicio de los trabajos, ya que sus asociados venían reivindicando la reapertura de la pecera prácticamente desde su cierre, tras poner en valor su potencial dinamizador. Con todo, instaron al equipo de Gobierno a mantener su compromiso para que se organicen actividades lúdicas durante el periodo en el que duren las obras para no ahuyentar el tránsito de posibles clientes.
El pleno del Ayuntamiento dio también este jueves un nuevo impulso al proyecto para construir otra plaza pública: la prevista junto al solar en el que se preveía la construcción de la Ciudad de la Justicia, en el barrio de Benalúa. Todos los grupos políticos con representación municipal respaldaron esta vez la propuesta para solicitar a la Diputación una subvención por el 50% del coste de las obras, después de que se constatase que su diseño sí estaba consensuado con los vecinos.
En la sesión, también se anunció la celebración del Primer Encuentro Provincial de Productos Representativos, en colaboración con las Denominaciones de Origen de Alicante, que se desarrollará la próxima primavera, "a modo de escaparate de los productos específicos y tradicionales originarios de varios municipios, como por ejemplo el turrón de Xixona, los vinos de Xaló o la granada de Elche", según concretó el alcalde, Gabriel Echávarri. El certamen, dijo, se concibe como un elemento dinamizador diferenciado de los que ya existen en otros municipios, como los mercados medievales. Es más, confirmó -en respuesta a un ruego del PP- que no se mantendrá ese evento a petición delos propios comerciantes del centro, lo que, además, supondrá un ahorro significativo, ya que "la última edición supuso un coste de 30.000 euros" y el certamen de productos de la provincia "no supondrá coste alguno".
El tripartito también defendió durante la sesión el rescate de la recaudación tributaria, que el PP cedió a Suma. En respuesta a una pregunta formulada por el exconcejal de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, la edil de Hacienda, Sofía Morales, puntualizó que, con datos provisionales, se había alcanzado un 92,15% de recaudación del IBI en periodo voluntario, que se habían ingresado 10 millones en concepto de plusvalías y que se habían girado documentos de cobro por valor de 18. En esta línea, detalló que el ayuntamiento sólo había hecho uso de 8 millones del crédito de 20 solicitado a principio del mandato, de modo que sólo se habían generado intereses por valor de 6.068 euros. Por contra, concretó que con los ingresos recabados en caja de manera directa (sin esperar a los anticipos de Suma), se había logrado una rentabilidad de 48.513 euros.
Por último, en el debate tuvo lugar un cruce de acusaciones entre la exconcejal de Guanyar, Nerea Belmonte, y la edil de Vivienda y Acción Social, Julia Angulo, a cuenta de la concesión de ayudas de emergencia para el acceso a la vivienda y de la adjudicación de viviendas públicas municipales. En primer lugar, Belmonte reprochó a Angulo que en las bases para acceder a las ayudas no se requiriese la documentación necesaria y Angulo le replicó que las bases las había heredado de su etapa en la concejalía y que esa documentación a la que aludía Belmonte había dejado de ser un requisito legal. Sobre la cesión de viviendas, Belmonte sostuvo que se aplicaban criterios discrecionales para conceder 30 puntos de un total de 100. Angulo no lo desmintió y se limitó a reiterar que esas bases también procedían de la etapa de Belmonte.