Un grupo de manifestantes contra las aperturas en domingo, ante una de las tiendas de El Corte Inglés en Alicante. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. La nueva regulación de las aperturas comerciales en domingos y festivos para el conjunto de la Comunitat, aprobada finalmente por el pleno de les Corts el pasado 14 de febrero, ya surte efectos en Alicante con una consecuencia directa: la desestimación de todos los recursos presentados frente a la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) estacional, limitada para la ciudad de Alicante a los 22 domingos encuadrados en el periodo del 15 de junio al 15 de septiembre. El director general de Comercio, Natxo Costa, confirmó a Alicante Plaza que, con la publicación de ese acuerdo en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), este lunes, el régimen estacional decretado el pasado junio queda derogado, de modo que todos los recursos que se presentaron contra él, decaen y pierden eficacia al haber dejado de existir el objeto frente al que se recurría.
De hecho, así se comunicará formalmente a todos los recurrentes, entre los que figura El Corte Inglés; la patronal de las grandes superficies, Anged; los tres centros comerciales que lograron que una sentencia les reconociese el derecho a ser incorporados en una ZGAT (Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante), y hasta el propio Ayuntamiento de Alicante. Como viene informando este diario, todos decidieron mantener viva la vía del recurso a modo de blindaje, ante la posibilidad de que no llegase a prosperar el nuevo pacto autonómico.
Una vez alcanzado ese pacto y ya plasmado en una Ley, lo esperable es que al menos los grandes operadores comerciales decidan enterrar el hacha de guerra y desistir de presentar un nuevo recurso, ya que, de hecho, mostraron su consentimiento a la nueva regulación estacional de los 38 días de apertura. No obstante, el Ayuntamiento de Alicante seguiría teniendo a su alcance la posibilidad de plantear otra impugnación con el objetivo de reivindicar su capacidad para promover una regulación propia que el Consell debería sancionar, después. En principio, el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, ya ha anunciado su intención de convocar una próxima reunión del Consejo Local de Comercio para evaluar la posición de los representantes del sector ante la nueva regulación autonómica. A partir de ahí, se decidirá si se abre de nuevo la vía del contencioso con otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
Los dos sindicatos con mayor implantación social, CCOO y UGT (que no firmaron el pacto autonómico) también estarían barajando las opciones técnicas y jurídicas para impugnar el nuevo régimen al considerarlo lesivo para los trabajadores del sector comercial de la ciudad de Alicante y todo un acicate para que los grandes operadores implantados en municipios vecinos, como Elche, puedan solicitar esas mismas condiciones. Así lo manifestaron en un encuentro institucional mantenido la semana pasada con la secretaria autonómica de la Conselleria de Economía, Blanca Marín, en la que pidieron la colaboración del Consell para que se intensificase la labor de la Inspección de Trabajo de modo que se impidiesen prácticas de explotación laboral o que empeorase la precariedad de los empleos de un sector especialmente feminizado.
Marín recordó al respecto, este jueves, que el PSOE ya presentó una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso por la que se instaba al Gobierno a promover un Plan Contra la Explotación Laboral en el sector del comercio, "para garantizar que la jornada de trabajo se efectúe respetando los límites legales, bien en el convenio colectivo, bien en el contrato de trabajo". Además, ese texto reclamaba que se promoviese "previo diálogo con los interlocutores sociales, las medidas que posibiliten que las necesidades adicionales relacionadas con los horarios comerciales se atiendan haciendo una utilización racional del tiempo de trabajo, compatible con la conciliación personal y familiar, reforzando de forma efectiva y real la vigilancia del cumplimiento de las normas sobre tiempo de trabajo".
En esta línea, la iniciativa planteaba que se llevase a cabo "un esfuerzo extraordinario de inspección laboral cuyo objetivo sea un cambio de modelo basado en un empleo de calidad que beneficie las condiciones y la estabilidad laboral y mejore la oferta de productos y servicios».
