Figuración de la terminal proyectada por Baleària. Fuente: APVVALÈNCIA (EP). La Comissió Ciutat-Port, formada por asociaciones contrarias a la ampliación del Puerto de Valencia, ha interpuesto este lunes dos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra sendos acuerdos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), uno de ellos el adoptado el pasado 10 de noviembre de 2022 para la concesión administrativa a favor de Baleària Eurolíneas Marítimas para la construcción y explotación de la terminal de pasajeros entre el Muelle de Poniente y el Muelle Espigón Turia Norte del Puerto de Valencia.
Además, en este recurso, ha solicitado al Tribunal que adopte la medida cautelar de suspender la ejecución de este acuerdo, por "carecer de evaluación ambiental de ningún tipo" y porque considera que "una probable sentencia estimatoria perdería su eficacia dado que el bien jurídico que se pretende salvaguardar, esto es, el medio ambiente y la salud de la población de los barrios próximos, ya se habría visto perjudicado si las obras de la concesión siguiesen adelante".
El otro recurso es contra el acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 2 de diciembre de 2022, de aprobación del 'Proyecto constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de València'.
La Comissió remarca en el comunicado "su firme propósito de no consentir ni un solo acuerdo de la Autoridad Portuaria de Valencia relativo al macroproyecto de ampliación del Puerto de València", una infraestructura que considera "innecesaria, lesiva para el medio ambiente, que destina ingentes recursos públicos que se detraen de necesidades más acuciantes y que devalúa la imagen de la ciudad".
La Comissió ha criticado que la APV "pretende trasladar la ubicación de la terminal de pasajeros desde la ampliación norte, en el nuevo dique que ahora se pretende reutilizar para generar una gran explanada de contenedores (y cuya adjudicación ha solicitado la naviera MSC), al sur, donde antes se explotaban los astilleros de Unión Naval de Valencia -empresa perteneciente al Grupo Boluda-, entre el Muelle de Poniente y el Muelle Espigón Turia.
La plataforma ha advertido de que esto entra en "abierta contradicción con la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios de València", el plan director del Puerto y se realiza "sin evaluación ambiental".
Además, considera que el cambio de ubicación y de uso tiene "un efecto significativo adverso sobre el medio ambiente porque al sur se encuentra el barrio de Nazaret, sometido desde hace mucho tiempo a la presión del Puerto, y que, por la nueva ubicación sufrirá los impactos sobre la atmósfera derivados del aumento de atraques de grandes buques y de la movilidad de los turistas de cruceros en la visita de la ciudad".
La Comissió Ciutat-Port, en su escrito de interposición, denuncia que con sus acuerdos la Autoridad Portuaria de Valencia "trata de desordenar el procedimiento lógico, con la previsible consecuencia práctica de que se sustraigan a la obligación de evaluación decisiones que, consideradas conjuntamente, pueden tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente".
El colectivo se pregunta si la APV ha otorgado la concesión sin modificar el Plan Director de Infraestructuras y la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios para consumar un hecho con carácter previo a la evaluación ambiental. "Esta actuación puede comprometer la adopción de medidas correctoras y el establecimiento de compensatorias que deberían ir a cargo del explotador de la concesión", ha afirmado.
"Estamos ante una decisión previa a la evaluación ambiental, adoptada sin consideración alguna al aspecto ambiental más significativo de contaminación atmosférica y sus efectos sobre los habitantes del Barrio de Nazaret. La falta de evaluación ambiental implica la nulidad de pleno derecho de la concesión", sostiene Ciutat-Port.
