Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. Ciudadanos (Cs) de Benidorm pidió este martes que el gobierno local del PP trate de acelerar los recursos de devolución de importes del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) presentados por "muchos vecinos" de la ciudad, según denunció el grupo municipal. El portavoz de la formación naranja, Juan Balastegui, señaló a este diario que no conoce la cuantía acumulada de todos los afectados por estas plusvalías, pero destacó la importancia que tiene ahora devolver esos importes en una crisis como la actual.
Así, indicó que “la gente necesita ingresos más que nunca y el Ayuntamiento de Benidorm no tiene por qué retener, a través de Suma, un dinero que no le corresponde y que es urgente recuperar para muchos vecinos que están agotando sus ahorros por esta crisis”.
Además, el concejal arremetió contra la delegación del servicio en Suma. De este modo, recordó que en lugar de recuperar el cobro de tributos voluntarios como así pidieron en su momento, le añadieron a la entidad el trabajo de cobrar este otro impuesto sobre las propiedades. "La entidad retiene miles de euros de contribuyentes de Benidorm durante meses, generando más gastos al Ayuntamiento por el pago de intereses de demora y la comisión que se lleva la entidad por su gestión", dijo Balastegui.
Como consecuencia, el edil cree que lejos de agilizar estos expedientes, "solo se ha enriquecido a la entidad, que cobra cerca de 3 millones de euros al año por la recaudación de impuestos y tasas de Benidorm, y se han retrasado las resoluciones".
Con todo, el concejal de Ciudadanos pidió al alcalde de la localidad que presione y obligue a Suma a tramitar "de manera urgente" los recursos que, afirma, tiene paralizados y proceder entonces a la devolución del dinero, añadiendo por tanto los intereses de demora que se van acumulando conforme pasa el tiempo.
Precisamente, este martes el Consejo de Ministros daba a conocer una resolución sobre otra plusvalía peleada durante años. De este modo, han aceptado el recurso interpuesto sobre la resolución de los mismos el pasado 10 de marzo que desestimaba las pretensiones del abogado –y afectado por el cobre de este impuesto–, tras seis años de litigios judiciales. El órgano estima una indemnización de 25.345 euros por considerar que el bien inmueble se vendió por debajo del precio de adquisición del reclamante, por lo que eliminan la posibilidad de un incremento de valor del inmueble transmitido.
