ALICANTE. El PP considera responsable al primer edil, por dejar que esta situación continúe al no cesar a todos los implicados desde un primero momento, y pese a pedirles la dimisión, perdonó e incluso premió a uno de los concejales llamados a declarar ahora por fiscalía, Guillermo García. El Partido Popular Provincial, ya en su día, instó a la fiscalía a que investigara de oficio las contrataciones a las que se hacía referencia en las conversaciones en los grupos de WhatsApp en los que participaban concejales socialistas.
El portavoz popular, Óscar Lillo, ante la noticia aparecida en los medios de comunicación, en los que la fiscalía va a proceder a investigar estos hechos tan graves, manifiesta “desde el Partido Popular solicitamos al Alcalde, Jesús Villar, que tome de una vez decisiones y deje sin competencias al concejal, Guillermo García, y cese a la asesora del grupo municipal al igual que hizo con la jefa de prensa, al ser ambos llamados a declarar por la fiscalía en calidad de investigados, junto a otros miembros de la corporación que lo harán en calidad de testigos”. La fiscalía ha hallado indicios de delito en los grupos de WhatsApp en los que ediles del grupo municipal socialista difundieron información sensible que no debería haber salido del Ayuntamiento.
El popular se pregunta qué más tiene que pasar para que se produzcan estas dimisiones “y por el contrario siga teniendo en su equipo a este concejal, Guillermo García, en el que además dijo confiar en su último pleno. Villar debería creerse de una vez por todas que es el alcalde de una ciudad de sesenta mil habitantes y tome decisiones en consecuencia” a lo que añade “el alcalde primero les pidió la dimisión y el acta, y después les concede el indulto, que tanto parece gustar a los socialistas, e incluso contradiciéndose a sí mismo, acaba premiando al concejal ahora investigado incrementándole la dedicación, y por tanto el sueldo, y otorgándole una de las concejalías que está precisamente en el punto de mira, la de Contratación. Por tanto qué credibilidad es la que le queda a Villar. San Vicente está siendo el hazmerreír en los medios de comunicación, por su dejación de funciones, por no tomar decisiones permitiendo que continuaran en vez de cesarles o retirarles las competencias desde un primer momento. Los vecinos de San Vicente, no se merece ni un minuto más más que estas personas sigan en su cargo”
El Partido Popular Provincial fue el que instó desde que un primer momento a la fiscalía a investigar de oficio estos hechos, cuando se tuvo conocimiento a través de las publicaciones reveladas en los medios de comunicación sobre conversaciones en grupos de WhatsApp, donde miembros del grupo municipal socialista pasaban documentación en éstos, entre las que se encontraban expedientes sobre temas urbanísticos o trámites en determinadas mesas de contratación, además contener insultos vertidos sobre trabajadores municipales.
Lillo explica que “pleno tras pleno, hemos venido reivindicado y recordando que concejales que habían participado en esos grupos de WhatsApp seguían ejerciendo sus competencias en el pleno. Ahora es fiscalía la que llama declarar “pero echamos en falta, eso sí, que no llame a declarar también al Alcalde como máximo responsable de este ayuntamiento y como persona que lleva tanto tiempo consintiendo estos hechos, de los que era conocedor, según las declaraciones de su portavoz, Asunción París, la pasada semana en un medio local” señala a su vez “vuelve a sorprendernos la actitud de los socios del equipo de gobierno, Esquerra Unida, a que no hemos oído todavía pronunciarse al respecto” y para concluir “es vergonzante y bochornosa la imagen municipal que está dando este equipo de gobierno, que como suelo insistir, y los hechos cada día me dan más la razón, ni es equipo, ni es gobierno”.
El portavoz de Ciudadanos (Cs), Pachi Pascual, ha exigido al alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, que aparte de sus competencias como concejal de Contratación a Guillermo García tras conocerse que la Fiscalía ha pedido al juez que le cite en calidad de investigado. El fiscal aprecia indicios de delito en la filtración de documentos sensibles en dos grupos paralelos de WhatsApp en los que participaban concejales y militantes del PSOE que eran ajenos al Ayuntamiento.
Pachi Pascual ha explicado que "el concejal de Contratación no puede continuar ejerciendo como tal mientras la Fiscalía investiga la presunta comisión de varios delitos relacionados precisamente con la filtración de documentos confidenciales referentes a mesas de contratación, licitaciones de contratos o información urbanística que se compartían en estos grupos paralelos en los que él participaba junto a otros concejales".
El portavoz de Ciudadanos ha indicado que "respetando absolutamente la presunción de inocencia de todos los implicados, consideramos que el actual concejal de Contratación, Guillermo García, debe ser apartado provisionalmente de sus competencias al menos hasta que se resuelva el procedimiento judicial que ahora se inicia contra él y otras cinco personas que participaban en esos grupos de Whatsapp".
Pachi Pascual ha lamentado que "haya tenido que ser la Fiscalía a iniciativa de un particular quien haya dado este paso y no lo haya hecho el alcalde, Jesús Villar, tal y como le venimos pidiendo desde Ciudadanos desde el primer momento, dado que es el Ayuntamiento y sus funcionarios los principales perjudicados en este asunto, y cuando él tenía a su disposición a los servicios técnicos y jurídicos municipales para llevar la iniciativa".
En este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha reclamado al alcalde de que en el caso de que se abra un procedimiento judicial, el Ayuntamiento se persone en el mismo como perjudicado, en defensa de los intereses municipales y de sus funcionarios. Pachi Pascual ha recordado que "en reiteradas ocasiones le hemos pedido al alcalde que solicite los informes jurídicos necesarios para llevar este asunto a la Fiscalía o a la Agencia Valenciana Antifraude, cosa que hasta ahora no ha querido hacer".
