Recreación virtual del complejo de la futura Ciudad de la Justicia de Alicante.ALICANTE. El proyecto de la futura Ciudad de la Justicia de Alicante 'Rafael Altamira' coge velocidad. Tras décadas de reivindicaciones y de compromisos incumplidos, la encomienda de su construcción debe quedar resuelta durante este verano, en función de los plazos anticipados por el presidente de la Generalitat y la consellera de Justicia, Ximo Puig y Gabriela Bravo, al presentar el proyecto. Por lo pronto, lo cierto es que el proceso de licitación para contratar sus obras ya se encuentra en fase de evaluación de las ofertas registradas. Nueve en total, pese a que, inicialmente, fueron 16 las compañías interesadas en el concurso que giraron visita al solar del antiguo cuartel de San Fernando en el que se asentará el edificio, el pasado mayo, con el fin de conocer in situ sus características.
Lo cierto es que esas nueve ofertas están firmadas por algunas de las principales compañías constructoras especializadas en la ejecución de obra pública, según se pudo conocer tras el cierre de plazo de admisión, el pasado 13 de junio. Así, salvo exclusión posterior fruto de la revisión de cada planteamiento, el megacontrato de 85,6 millones se decidirá entre las propuestas presentadas por ocho alianzas empresariales, además de Constructora San José, que concurre en solitario.
Las ocho uniones temporales de empresa (UTE) son las formadas por Dragados, Rover y CHM; por FCC Construcción y Edifesa Obras y Proyectos; por Ferrovial Construcción e Infraestructuras y Servicios Servitria; por Lantania y Levantina Ingenería y Construcción; por Obrascón Huarte Laín y Ecisa; por Torrescamara y Cía de Obras, Sacyr Construcción y Tecnología de Montajes y Mantenimientos; por Acciona Construcción, Grupo Bertolín y Cobra Instalaciones y Servicios; y por Vías y Construcciones y Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales.
El proceso de evaluación debe cerrarse antes del mes de agosto, con lo que el proceso se ajustaría al calendario previsto para que las obras pudiesen iniciarse durante el último trimestre de 2022. Como informó este diario, el proyecto prevé un plazo de ejecución de 33 meses, de modo que el nuevo complejo judicial debería quedar finalizado a principios de 2025. Se trata, en consecuencia, de un proyecto de ejecución plurianual, para la que los presupuestos autonómicos de 2022 recogían ya una primera partida de 16 millones, que deberá complementarse en los próximos ejercicios para dar continuidad a las obras.
El proyecto, diseñado por Ayesa, comprende la construcción de un edificio de siete plantas sobre una parcela de 5.600 metros cuadrados posicionada junto a la avenida de Aguilera, en la mitad del solar del antiguo cuartel que permanecía desocupado desde que el Ayuntamiento concluyó las obras del parque plaza de Benalúa: el mayor parque urbano de la ciudad hasta ahora. El nuevo edificio judicial contará con 46.857 metros cuadrados construidos disponibles, frente a los 19.292 que suman las ocho sedes judiciales actuales a las que está llamado a sustituir.
En él, se agruparán hasta 51 órganos judiciales de todas las jurisdicciones y se contará con reserva de espacio, en su planta séptima, para futuras ampliaciones. Además, contará con un aparcamiento público de 186 plazas distribuidas en dos plantas de sótano, en las que también se ubicará el archivo; otro sótano en el que se situará la sede del Instituto de Medicina Legal (IML) y los calabozos; y una planta baja en al que se situarán los accesos, la Oficina de denuncias y el Registro.
Cuando concluyan sus obras, el siguiente reto a abordar por la Conselleria de Justicia será la rehabilitación de las dependencias actuales del Palacio de Benalúa. En principio, la pretensión dada a conocer hasta ahora es que, una vez finalizado el traslado de los órganos judiciales al nuevo complejo, ese inmueble quede reservado para usos institucionales asociados a la administración de justicia, así como sede de la biblioteca. No obstante, además, se contempla la posibilidad de que también pueda llegar a albergar las secciones de la Audiencia Provincial que ahora se ubican en un edificio específico (también propiedad de la Generalitat) situado en la Plaza del Ayuntamiento.
