ALICANTE. Necesitaban calor (uno más que otro), y se lo dieron. La Diputación de Alicante y el PP que la gobierna necesitaban exteriorizar las "despóticas" fórmulas del presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y que mejor manera que hacerlo con la visita de la vicepresidenta, Mónica Oltra, de Compromís, con la que César Sánchez exhibió su sintonía y voluntad de acuerdo. Todo un mensaje a Puig, al que los populares afean que lleve dos años sin visitar el Palacio Provincial y, además, les haga comulgar con sus decretos de coordinación turística o el programa XarxaLlibres sin dejarles tocar bola en las decisiones cruciales.
Pues Oltra ha entrado este lunes al Palacio Provincial con la bandera blanca y ha salido casi a vítores y abrazos. "Me he sentido como si estuviera en mi casa, no en casa", no tardó en expresar. Y Sánchez le correspondió con un mensaje muy alejado del que predicaba en los últimos días, en los que se mostraba dispuesto a hacer de la frontera provincial un hito inexpugnable. "Hay que evitar la confrontación institucional para reconducir el diálogo y las relaciones", ha reivindicado el presidente del denominado Gobierno provincial. Justo lo que no ha acaecido en los últimos meses entre Alicante y el Gobierno valenciano.
Sobre la mesa, había un eje: pactar la política social, pero surgieron muchos más y, casi de forma improvista, la sintonía y la buena voluntad inundó la sala de prensa que compartieron como de si una cumbre bilateral de dos gobiernos se tratase. Sánchez pidió respaldo para la zona franca, tuvo comprensión; y Oltra reclamó apoyo para el fondo de cooperación municipal, y casi que lo logró y dio por hecho que en 2018 la Diputación de Alicante sería una más en el barco. Meses de bloqueo, resueltos en cuestión de 50 minutos. Los escalones impuestos por Puig, igualados en un santiamén y con toda la solemnidad de una cita esperada. Lo que buscaba Sánchez, resuelto: bilateralidad.
No estaba en la agenda, pero surgió en el encuentro entre los dos líderes: el fondo de cooperación municipal, del que ahora la Diputación de Alicante no participa y los municipios sólo reciben la subvención de la Generalitat, 13,7 millones de euros. a vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, le invitó a Sánchez a reconsiderar esa postura para que en 2018 la Diputación de Alicante entre a formar parte de ese fondo de libre disposición para ayuntamientos, pero repartido según el número de habitantes de cada localidad.
"Es necesario que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos" ha proclamado Oltra, quien también ha reclamado que esas ayudas también vayan destinadas a obras sociales y no solo para infraestructuras viarias, como rotondas.
Sánchez se justificó: "Recibí el borrador de este Fondo el pasado noviembre, cuando no había posibilidad presupuestaria real para adherirse porque ya estaba aprobado el Plan de Obras y Servicios". "Me gustaría participar en el diseño del citado Fondo de Cooperación Municipal. Mi posición no es fija", ha dicho ante la sonrisa complaciente de Oltra, aunque también ha mostrado su apuesta más por un modelo al existente en Andalucía: una ley de financiación de ayuntamientos.
Sánchez aprovechó el envite y se quejó de que "muchos ayuntamientos" no han recibido aún las partidas prometidas por el Consell dentro de su 50% de cuantías, a lo que Oltra se ha comprometido a solventar.
Otro proyecto del PP, la zona franca. César Sánchez ha aprovechado el encuentro para reclamar mayores inversiones de la Generalitat en infraestructuras de la provincia y ha planteado la necesidad de conseguir el respaldo autonómico a la Zona Franca. Mónica Oltra ha reconocido que faltan infraestructuras en materia social porque "la pirámide poblacional se nos está invirtiendo; lo que tiene consecuencias y desde el ámbito social debe tener respuestas".
No obstante, Sánchez ha reclamando más inversiones del Consell en colegios y ambulatorios de los municipios pequeños, a lo que Oltra ha replicado el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha congelado la línea para la construcción de nuevos colegios porque "los que se tenían que haber terminado con la anterior financiación, no se construyeron y ahora nos penalizan", de modo que hasta que los anteriores proyectos no se terminen no se podrán iniciar nuevos
Por último, Sánchez y Oltra han acordado este lunes crear una mesa técnica para planificar y consensuar la política social en la provincia de Alicante. El objetivo de este órgano será abordar la cuestión del futuro de las competencias impropias, como el Hogar Provincial, el centro de salud mental Doctor Esquerdo y la teleasistencia, que ahora presta y financia la Diputación de Alicante con 25 millones de euros al año. El PP quiere que sea el Gobierno valenciano quién lo pague, pues le corresponderían por cuestión de competencias. Asimismo, también se abordará el futuro decreto de política social para "que sea consensuado entre las tres diputaciones y la Generalitat".
En ese decreto de política social, la vicepresidenta ha dicho que el objetivo es que todas las diputaciones "se sientan cómodas", y en cuanto a la política social, es que se aplique la ley de 1997, que fija que los municipios con menos de 10.000 habitantes sea asumidos por la Diputación de Alicante, y los de más, por la Generalitat Valenciana. En todo caso, será esa mesa técnica quien acabe fijando esos criterios.