ALICANTE. César Sánchez quiere mostrar hoy, en la reunión que mantendrá con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el resto de mandatarios de las diputaciones de Valencia y Castellón, la mejor de las disposiciones para cerrar el debate sobre el fondo de cooperación territorial, ese que debe servir para que los consistorios dispongan de más recursos sin necesidad de que estén condicionadas a ningún plan concreto. Según ha podido saber Alicante Plaza, el máximo responsable de la Diputación de Alicante propondrá hoy a Puig incrementar una partida extra a inversiones para municipios en 12 millones de euros, pero a cambio exigirá una compensación o un gesto por las competencias que no son de la diputación, pero que ahora gestiona y financia, como las sanitarias.
A la Diputación de Alicante le gustaría poder aplicar el modelo de Castellón: ha destinado 4,5 millones más a inversiones para los ayuntamientos a través de los planes de obras y servicios, pero no ha transferido el dinero a la Generalitat para el fondo de cooperación. Y además se ha comprometido a invertir repartir el dinero con criterios objetivos. A Sánchez le gusta ese modelo, pero la Diputación de Alicante tiene dificultades para ponerlo en marcha, por lo que ofertará la posibilidad de destinar 12 millones de euros extra a municipios a cambio de compensaciones. Es decir, en total, la institución provincial alicantina destinaría unos 80 millones de euros a municipios: los 30 de los planes de obras y servicios y los 35 de millones de obras del plan financieramente sostenibles (que se hace con los remanentes del presupuesto). A ello, se sumarían esos 12 millones de euros. La Generalitat le exigía que aportara 14 millones al fondo de cooperación territorial.
El tema de las competencias impropias, como la gestión del área sociosanitaria y los edificios del Hogar Provincial, centro de salud mental Doctor Esquerdo o el Instituto Familiar Pedro Herrero, pueden entrar en negociación en la reunión que mantendrán la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el propio César Sánchez, que están citados para el 13 de diciembre en el Palacio Provincial. La Diputación de Alicante tiene calculado ese coste en algo más de 20 millones de euros al año. Como ha venido publicado Alicante Plaza, la Generalitat sí que está dispuesto a asumir esos costes, pero si se transfieren toda la gestión de los centros afectados.