Centros de atención a personas con discapacidad intelectual denuncian impagos de la Generalitat

CASTELLÓ. Este 3 de mayo se celebra el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una jornada en la que “seguimos luchando y trabajando por los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual, ya que queda mucho camino por recorrer para que se transformen en una realidad en todos los ámbitos de la vida política, social, económica y cultural”, advierte Mercedes Pérez, colegiada de COTS Castelló. Tras trece años como directora de la Asociación Granja Hogar El Rinconet, desde hace ocho meses forma parte, como trabajadora social, del equipo técnico de la entidad, dedicada desde hace cuatro décadas a mejorar la autonomía personal, la calidad de vida y la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual.

Su reivindicación este viernes se une a la de las y los profesionales que trabajan en los centros de atención a este colectivo, y que fijan su mirada en el incumplimiento de los acuerdos del 17 de noviembre de 2022, firmados durante la anterior legislatura entre sindicatos, patronal y Generalitat y que, entre otras cuestiones, recogen “respetar la financiación de los centros de atención”. “Ha pasado abril y aún no se ha ingresado ni un euro a los centros desde enero, lo que supone serias dificultades para pagar las nóminas del personal y que se vean abocados a solicitar al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) créditos con intereses para poder financiarse y seguir funcionando”, denuncia esta profesional.

En la misma línea se expresan los sindicatos. “Exigimos una financiación justa de todos los Servicios Sociales y que se cumpla con el pacto económico alcanzado, había 39 millones aprobados justo antes de que entrara el gobierno de Carlos Mazón, ya estaban en Hacienda, y sólo quedaron 8 cuando entró el nuevo gobierno; este dinero garantizaba la sostenibilidad de los Servicios Sociales”, recuerdan desde FE CCOO PV. “Se reivindica que se pague siempre cuando toca y que los centros no tengan que estar tirando de créditos del IVF para luego tener que devolver intereses que les hagan endeudarse cada vez más”, sostienen.

Homologar salarios de profesionales

El citado acuerdo contemplaba también homologar los salarios de los perfiles profesionales de los centros concertados con los centros públicos, con unas tablas que publicaban las subidas salariales desde el 2023 al 2026, año en el que se llegaría a la total homologación; así como el compromiso de subida de los módulos de acción concertada adaptándose a este incremento de gasto que supondría el cumplimiento del acuerdo, y acatar el decreto de tipologías y ratios.

Con esas asignaturas pendientes, este 3 de mayo llega también, en contraposición, con conquistas sociales como la ley 8/2021, que ha mejorado la garantía de derecho, la participación social y la autonomía de las personas con discapacidad. “Esta reforma supone un gran avance en el ordenamiento jurídico, al adecuarse a la Convención Internacional sobre los Derechos, y aplicar unas medidas que garantizan los derechos, la voluntad, los intereses y expectativas de las personas con discapacidad, en el sentido amplio de la palabra”, dice Mercedes Pérez. “La defensa de la autonomía para poder decidir sobre su patrimonio, quién quiere que le preste apoyo jurídico, dónde y con quién quiere vivir, si desea sacarse el carné de conducir o comprarse un coche, es ya una realidad y un hecho histórico fundamental”, asevera.

Insiste en que las y los trabajadores sociales son uno de los perfiles profesionales de referencia con el que cuentan las personas con discapacidad, “precisamente porque uno de los principios del Trabajo Social es prestar atención a los colectivos, en especial a aquellos más sensibles, con acciones dirigidas a acompañar en el avance en el proceso de autonomía y de autodeterminación con la finalidad de mejorar su calidad de vida y la inclusión en la vida social”.

Más iniciativas y recursos

Esta trabajadora social urge más iniciativas como la que desarrolla El Rinconet, que dispone en Vilafamés de tres recursos: piso tutelado, residencia y centro ocupacional; y del centro especial de empleo de Rafalafena en Castelló. “Claro que hacen falta iniciativas públicas y privadas para poder cubrir las demandas de servicios de atención para las familias, guardadores y guardadoras y curadores y curadoras que llevan años en la lista de espera para poder acceder a los distintos dispositivos como son los centros de día, centros ocupacionales, residencias, pisos tutelados asistidos o supervisados, o piso de apoyo a la autonomía”.

Defiende, además, la necesidad de “cambiar el concepto de residencia clásica y apostar por pequeñas unidades de convivencia en comunidad, más pisos compartidos por grados de apoyo para intervenir en la independencia personal, laboral y social”.