ALICANTE. Desde CCOO PV denuncian que "43 puestos de trabajo de los tres equipos de atención a menores y jóvenes, en conflicto con la normativa de carácter provincial cuya responsabilidad final en la titularidad y gestión es de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, van a desaparecer en aplicación de la nueva ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana" porque, según afirman desde el sindicato en un comunicado "no tienen garantizada su continuidad".
De este modo, destacan desde CCOO PV que "dicha ley establece que estas medidas han de ser ejercidas por los ayuntamientos en su acción primaria especializada, lo que lleva a que en algunos casos después de 27 años de trabajo especializado no puedan continuar con su tarea a partir del año 2023 y no quede garantizada su continuidad".
En su escrito ahondan en que estos empleos "son equipos que atienden la ejecución de medidas judiciales sentenciadas por los jueces de menores en el ámbito de la ley LORPM 5/2000. Su función es cumplir programas educativos que eviten en el futuro nuevas transgresiones a las leyes, o refuercen posteriormente a través de seguimiento educativo a menores que han cumplido medidas judiciales en centros de internamiento".
De este modo, atienden a menores y jóvenes de 14 a 18 años o más, que han de responder positivamente y reparadoramente a la infracción cometida. "Las medidas a las que nos referimos son la ejecución de libertades vigiladas, programas terapéuticos, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y los contenidos específicos marcados en sentencia", aseguran desde el sindicato.
Así, también explican que quienes trabajan en estos equipos abarcan en su conjunto la totalidad de la Comunitat Valenciana a excepción de los municipios o ciudades que ya ejecutaban el programa de MMJJMA y, apuntan las mismas fuentes de CCOO PV, ante el anuncio realizado en el pasado mes de noviembre por la Dirección General de Infancia y Adolescencia sobre la asunción de dichos servicios de forma exclusiva mediante los contratos-programa a entidades públicas locales, "sobreviene el problema de que la propia Consellería no garantiza que estos profesionales sean recogidos por los Ayuntamientos o áreas departamenteales- ya que chocaría con la Ley de bases de régimen local a la hora de contratar por los distintos ayuntamientos del territorio valenciano".
De este modo, desde CCOO PV enumeran las peticiones de los trabajadores, que, de forma textual según el comunicado emitido, manifiestan:
"Que somos tres equipos provinciales (València, Castelló y Alicante) que venimos interviniendo en estos programas desde antes de la entrada en vigor de la actual Ley penal de menores desde la anterior legislación y desde el año 2000 ejerciendo las tareas que marca la ley LORPM 5/2000. En la realidad somos un servicio público que ejerce su tarea para los diferentes juzgados de menores en el ámbito de la justicia infanto – juvenil. Es decir, muchos somos trabajadores y trabajadoras que llevamos realizando nuestras tareas desde hace 27 o más años".
De este modo, reclaman que "el equipo de técnicos de MMJJMA, actualmente posee la máxima experiencia en la gestión de las medidas judiciales en medio abierto. Entre ellos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales y tiene un nivel de coordinación en el interno y en el externo de extremada experiencia y competencia profesional. Si desaparecen como tal, dicha coordinación corre un riesgo máximo ya que se diluirá en los diversos áreas territoriales".
Añaden que "somos creadores y creadoras del modelo de intervención que se viene realizando y hemos venido colaborando con compañeros y compañeras de los ayuntamientos de las poblaciones en las que intervenimos y, también, con los técnicos de los ayuntamientos que tienen competencia sobre la ejecución de medidas judiciales. De hecho, durante años se ha ido trabajando en una comisión para crear dicho modelo, documentos, guías de intervención, prácticas y formación específica".
También manifiestan que "la propuesta que realiza la actual administración valenciana viene justificada por el carácter preventivo del servicio, cuando (sin negar dicho carácter), siendo la no reincidencia uno de los objetivos que se trabajan en todos los casos- es la ejecución de medidas judiciales decretadas por jueces, lo que da origen y especificidad, entidad al servicio y concluyen que "la conexión de muchas de las medidas judiciales en abierto y las de internamiento se han de ejecutar de manera continuada y progresiva. No ha de olvidarse esto nunca".
De este modo, desde CCOO PV mantienen que "con el nuevo modelo que la Consellería quiere implementar, se prescinde de los profesionales que desde que se inicio el modelo actual de responsabilidad penal de los menores de edad han gestado y dando carácter propio a los servicios; con una forma de intervención profesional contrastada, reconocida y valorada (tanto por juzgados, Conselleria, entidades sociales y públicas, así como de las propias familias), además de un nivel de formación específico con el objetivo de atender a las demandas cambiantes de los adolescentes".
En este sentido, aseguran que "los técnicos de medidas judiciales en medio abierto han consolidado un modelo de intervención y evaluación que se ha mantenido independientemente de las entidades que hayan ido gestionándolos. Las entidades privadas encargadas de la ejecución de medidas judiciales en estos años han colaborado con la administración, perfeccionando su servicio y adaptándolo a las circunstancias que se sobrevenían, sin rebajar la calidad del servicio por esta razón". Así, ponen como ejemplo la actuación de los técnicos de MMJJMA durante el confinamiento en la pandemia en 2020, "manteniendo las intervenciones que estaban en curso, dando respuesta a los servicios públicos dependientes de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, que ante el déficit de personal público se requirió la presencia de los profesionales de este servicio en otros servicios y centros de atención a la infancia".
Por tanto, CCOO PV propone "que se repiense bien lo que la administración valenciana va a hacer y exige que, -ya que se ha iniciado la creación del departamento de Justicia Juvenil en el IVASS, de cara a la reversión a "lo público" de los centros socio educativos-, se incluya también los servicios o programas de medidas judiciales en medio abierto actuales que son de carácter provincial. De esta manera, se podría mantener la gestión directa de la entidad competente de la ejecución de medidas y, por otro, se podría continuar la línea educativa establecida en los centros para aquellas medidas con libertad vigilada tras internamiento", finalizan este comunciado desde CCOO PV, "manteniendo la unidad metodológica y subrogando a todo el personal" que actualmente está encargado del servicio.
