MADRID (EFE). El juez José de la Mata ha enviado a prisión a dos de los fundadores de iDental, José María Garrido y Vicente Castañer Blasco, tras tomarles declaración por su presunta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores nacionales y extranjeros con la aparente intención de reflotar empresas.
De la Mata tomó declaración este jueves hasta la noche a trece detenidos por esta causa el pasado martes en Madrid, A Coruña, Alicante, Murcia, Granada y Girona, y decidió enviar a prisión a estos dos imputados, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
En la operación se detuvo también en el Reino Unido a otro fundador de la red de clínicas, Antonio Javier García Pellicer, a quien se impuso una fianza y está pendiente de que España tramite su extradición.
Al empresario José Llorente Díaz, otro de los detenidos en la operación, el juez le impuso una fianza de 20.000 euros para eludir la prisión y el resto quedó en libertad con medidas cautelares como comparecencias en el juzgado y prohibición de salir de España. Entre los que quedaron en libertad con medidas figura Jorge Puga, exdirector de riesgos de Bankia.
Esta entidad bancaria ha denunciado a Puga por estafa tras detectar que concedió de manera irregular cerca de 46 millones de euros al fondo de inversión Weston Hill, el mismo que posteriormente adquirió las clínicas iDental. Puga es el antiguo director de riesgos de la zona centro de Madrid, su principal territorial, en la que se conceden al año más de 2.500 millones en créditos y en la que el actual equipo de Bankia detectó operaciones sospechosas.
A los detenidos en esta operación relacionada con iDental se les imputan los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Se trata de una investigación en el marco de la causa sobre el fraude de iDental que ha llevado a la detención de dos de sus fundadores, de los que uno se encontraba en el Reino Unido, donde tenía la intención de implantar clínicas odontológicas.
Las pesquisas llevaron a comprobar que habían creado una estructura societaria para captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas con el falso interés de reflotarlas. Sin embargo, en realidad las descapitalizaban y desviaban el dinero hacia otras sociedades bajo su control, estafando así a inversores, trabajadores, proveedores y clientes.
Se calcula que el fraude podría ascender a 60 millones de euros y los investigadores creen que en algunos casos los detenidos contaban también con la connivencia de empleados de entidades de crédito, que eran los encargados de conceder los préstamos para realizar las inversiones.
Al mismo tiempo se hacía uso de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente, controladas por la organización, para progresivamente descapitalizar las empresas y ocultar el destino final del dinero estafado.
En el caso de iDental también se conseguían fondos para el enriquecimiento personal mediante el engaño a los pacientes, a quienes se les hacía contratar préstamos para la financiación de tratamientos dentales con supuestos descuentos, que podían alcanzar el 80 por ciento de un presupuesto inflado a base de supuestas subvenciones que en realidad no existían.
Pretendían, por tanto, obtener la mayor cantidad posible de dinero en efectivo, sin importarles los métodos y a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos y de que la calidad del material odontológico era muy deficiente.