Caso Brugal, investigación cerrada; el juez no hará ya más interrogatorios

ALICANTE  (EFE). El juez que investiga una supuesta trama de corrupción en torno al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha rechazado interrogar de nuevo a los exalcaldes del PP procesados en esta causa, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, según se recoge en un auto al que ha tenido acceso Efe.

La resolución, que ha sido hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano tras su notificación a las partes, da por cerrada la instrucción de esta causa más de ocho años después de iniciarse, en el marco de la 'Operación Brugal'.

El titular del juzgado de Instrucción 5 de la ciudad, Manrique Tejada, ha desestimado el recurso de reforma presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra su negativa a tomar declaración de nuevo a ambos políticos.

El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, había solicitado la celebración de esos interrogatorios a raíz de las manifestaciones realizadas en una comparecencia voluntaria ante el magistrado por otro de los encausados, el empresario inmobiliario Ramón Salvador Águeda.

Este implicado desveló que había comido en dos ocasiones con Díaz Alperi: en la primera, siendo aún alcalde, le dijo que tenía que "ayudar" y en la segunda, un mes después de dejar el cargo, le reiteró su petición y le aseguró que seguía "controlando el Ayuntamiento", según su testimonio.

Salvador Águeda contó también que había sido recibido por Castedo en su despacho de Alcaldía junto a otro de los sospechosos en esta trama, Javier Gutiérrez, socio de un hermano de la política, José Luis Castedo, igualmente procesado.

Según Águeda, en esa reunión Gutiérrez, que previamente le había pedido "ayuda para el pago de unos estudios ambientales relacionados con el PGOU", indicó a la alcaldesa que el empresario "era ya conocedor de todo".

El implicado declaró a continuación que había abonado al despacho de Gutiérrez y José Luis Castedo, Salvetti Abogados, 150.000 euros por su asesoramiento en el PGOU de Alicante y en otros dos sectores urbanísticos en San Vicente del Raspeig y en San Miguel de Salinas.

El juez ha rechazado ahora la petición del fiscal de que Castedo, Gutiérrez y Díaz Alperi vuelvan a ser interrogados por el instructor ya que considera que las declaraciones de Ramón Salvador "parecen el acto de un sainete" y una declaración de descargo con "humo", sin que concretara en ningún momento si había o no prestado la "ayuda" que le pedían.

Entre otros, en esta causa figuran como investigados los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, y el empresario Enrique Ortiz por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada.

La del PGOU es la única pieza derivada del sumario del Brugal en la que Castedo se halla investigada (figura que sustituye tras una reforma legal a la de imputado), después de que la Audiencia de Alicante confirmara el archivo de la rama referida al Plan Rabasa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha dictado un auto de procedimiento abreviado tras concluir que existen indicios de que Alperi y Castedo favorecieron los intereses del empresario Enrique Ortiz en el diseño del PGOU.

Junto a estos tres implicados, el magistrado ha procesado al arquitecto responsable del diseño del plan investigado, Jesús Quesada, los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, los empresarios Ramón Salvador y Pablo Rico, un hermano de Ortiz, y el directivo de una de sus mercantiles, Santiago Bernáldez.

Por el contrario, ha decretado el sobreseimiento de la causa para la esposa de Enrique Ortiz, María Manuela Carratalá, al entender que los indicios delictivos que había contra ella no se han confirmado.

La resolución, que consta de 240 páginas y puede ser recurrida, da un plazo de treinta días a Anticorrupción y a las acusaciones particulares que ejercen el PSPV-PSOE y EU, para formular sus conclusiones provisionales y proponer la práctica de pruebas complementarias.

El auto enumera los indicios de criminalidad existentes contra los encausados, entre los que destacan diversas conversaciones telefónicas interceptadas por la policía, como una en mayo de 2008 de la que se desprende que Castedo, entonces concejal de Urbanismo, "se comprometió a dar a Ortiz una información que no quería dar delante del director del equipo redactor".

"Además le informa de aquellas modificaciones que se pueden haber llevado a cabo y que benefician a los intereses del señor Ortiz, interesando éste que la concejala lo explique. Es más, que le enseñe el planeamiento tal y como se va definiendo, para comprar suelo", precisa el instructor.

El juez cree evidente que existe "algo más que una actividad poco ética por parte de los investigados, un nexo relacional de íntima amistad, que llega a un grado de complicidad máximo, influye en las propias decisiones del municipio y permite a Ortiz alcanzar unas cotas de poder real en decisiones públicas inalcanzables para cualquier ciudadano".

En cuanto a los delitos de cohecho, Tejada sospecha que Ortiz pagó a Castedo y a la familia de ésta sendos viajes a Andorra en las 2008 y 2009 y les costeó también unas vacaciones estivales en Ibiza, al tiempo que regaló un coche marca Mini Cooper a una amiga de la expolítica.

Por lo que respecta a Díaz Alperi, el instructor recoge entre las supuestas dádivas que le hizo Ortiz un viaje a la isla de Creta valorado en 45.000 euros y para el que el constructor fletó presuntamente un jet privado, así como diversas entregas de dinero en metálico que ascienden en su conjunto a unos 394.000 euros.