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auto de procesamiento sobre el 'caso brugal'

El juez estima que Castedo 'apañó' planos a Ortiz a cambio de un Mini, 2 viajes a Andorra y 2 a Ibiza

10/01/2017 - 

ALICANTE. La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), pudo facilitar información urbanística reservada al empresario Enrique Ortiz y favorecer modificaciones en su beneficio en los planos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana a cambio de tres categorías de obsequios principales: un coche marca Mini, dos estancias en Andorra y otras dos en Ibiza. Es, cuando menos, la interpretación que sostiene el titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, en el extenso auto de 240 páginas por el que plantea la apertura de juicio para Castedo y otros nueve investigados (antes imputados).

El auto considera que la exprimera edil, ahora retirada de la gestión pública tras su dimisión en diciembre de 2014, es responsable de los delitos de revelación de información privilegiada facilitados por autoridad o funcionario público, de tráfico de influencias y de cohecho. Y lo es en base a la existencia de las pruebas recopiladas por los investigadores de la UDEF -a través de seguimientos, vigilancias, de asientos bancarios y de escuchas telefónicas practicadas a los investigados-, que para el juez son indicios más que suficientes de su comisión.

Por lo que respecta al delito de revelación de secretos y tráfico de influencias, el magistrado precisa en primer lugar que Castedo, como concejal de Urbanismo, formó parte de la comisión de valoración que adjudicó la contratación de los trabajos de finalización de la revisión del PGOU a la empresa Laboratorio de Proyectos, encabezada por Jesús Quesada (otro de los diez investigados, ahora procesados) a finales de 2007. La adjudicación se decantó, ya en 2008, tras la eliminación de las otras propuestas que aspiraban a lograr el contrato "por falta de solvencia técnica". A partir de ahí, según el auto, se sucedieron las entrevistas, las reuniones y las conversaciones telefónicas entre Castedo, Ortiz, la esposa de este, Quesada y el exalcalde Díaz Alperi en las que se probaría que la exregidora proporcionó información al controvertido promotor al menos cinco meses antes de que se sacase a exposición al público por primera vez. El magistrado hace especial hincapié en varias conversaciones mantenidas entre mayo y julio de ese año, en las que Castedo y Ortiz hablan de enseñarse planos. En este sentido, según el auto, resulta especialmente significativo el siguiente diálogo, ya conocido, registrado el día 21 de mayo: 

Sonia: Si lo que pasa es que me tiene que dar un plano actualizado, porque no hay ninguno actualizado.

Ortiz: Ya, pero poco más o menos me tienes que decir...

Sonia: Te hemos apañado también lo de.. lo que hay entre el APA 9 y Lomas del Garbinet.

Ortiz: Si

Sonia: Y tenemos apañado también lo del Rico Pérez. 

Y más adelante, prosiguen:

Sonia: porque claro, si te parece bien llevarlo, Porque mira lo que no quiero es que lo presentemos, que nos parezca bien, que después lo vea el alcalde o Enrique, que empiecen con cositas a modificar aquí...

Ortiz: pues seguro

Sonia: ¡Claro! Digo, mejor que lo vean, oye, ¿va bien así?

Ortiz: pero antes de llamarme inicialmente.. media hora conmigo. Yo creo que me merezco que me veas media hora... y me enseñas y me contestas alguna pregunta que tengo que hacer, que tengo que comprar algo por ahí.

Sonia: Ah, vale, vale.

Según el juez, esa y otras conversaciones son determinantes para inferir que Castedo facilitó al constructor información privada sobre el diseño urbanístico de la ciudad para que este invirtiese en determinados suelos y que, incluso, procuró cambios en el planeamiento en su beneficio. En concreto, Ortiz habría solicitado que determinadas parcelas de su propiedad se le pintasen en azul o en verde, que delimitaban los suelos sujetos a algún tipo de protección, con el propósito de conseguir el derecho a que se le compensase en otros espacios urbanizables en el nuevo PGOU

El auto asume que algunas modificaciones no se practicaron, pero añade que eso no quita que se ejerciese influencia: "Apañar es apañar y pintar es pintar"

El juez admite que algunos de esos cambios no llegaron a producirse y que "la influencia ejercida por el investigado Enrique Oritz aparentemente no alcanzó resultado alguno". Sin embargo, insiste en que eso no elimina que hubiese ese tráfico de información. En definitiva, concluye que "existe entre ellos un nexo relacional de íntima amistad, que llega a un grado de complicidad máximo, que influye en las propias decisiones del municipio y que permite al investigado Sr Ortiz, alcanzar unas cuotas de poder real en decisiones públicas inalcanzables para cualquier ciudadano". Y apostilla: "Apañar es apañar y pintar es pintar, y sirvan estas tautologías para evidenciar gráficamente el real compromiso existente entre los investigados"

Sobre el delito de cohecho, el juez también cree que existen pruebas suficientes de que Castedo disfrutó de varias dádivas o regalos en el momento en el que estaba en trámite la redacción del Plan General. Según el auto, se trata de una primera estancia en Andorra, en diciembre de 2008, con un coste de 2.672,52 euros, en el mismo hotel en el que también se alojaron Ortiz y su esposa. Después, hubo una segunda estancia, en la Nochevieja de 2009, en la que participaron 20 adultos y 8 niños. Ese viaje tuvo un coste total de 20.896 euros pagado por una de las empresas de Ortiz. Castedo aportó una factura por un importe de 1.820 euros para acreditar que su estancia la había pagado ella en metálico. Sin embargo, el juez da por buenas las averiguaciones de la UDEF y asume que no consta ninguna extracción ni ningún movimiento bancario que justifique ese pago. Es decir, que sólo consta el registro contable efectuado por Ortiz e Hijos.

Según el auto, Castedo disfrutó también de al menos dos viajes a Ibiza. Uno de ellos fue en agosto de 2009 a bordo del yate Elena propiedad de Ortiz. Durante ese viaje, se produjo uno posterior, de regreso, ya que Castedo se vio obligada a regresar a Alicante por el fallecimiento del exconseller de Urbanismo, José Ramón García Antón. Según el auto, Ortiz pagó ese vuelo. De acuerdo con un informe pericial, los dos viajes tuvieron un coste de 131.862 euros, el primero, y de 110.025, el segundo. Un informe pericial aportado por la defensa de Castedo reducía los precios de esos desplazamientos a 882 y 1.913 euros.

Y, por último, el auto refleja que Castedo recibió un vehículo propiedad de Ortiz marca Mini modelo Cooper de color azul oscuro. Después, la exalcaldesa regaló ese coche a una persona de su confianza que estaba al cuidado de su hija, Julia Castelló. Según el auto, de las conversaciones intervenidas se deduce que fue la propia Castedo la que recogió el vehículo y se lo entregó a su niñera en una fiesta que tuvo lugar en la partida de Verdegás el 15 de agosto de 2009. Castelló trató de justificar el pago del dinero. Según el auto, la Policía no ha hallado ningún movimiento bancario que acredite su abono. 

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