ALICANTE. Ante la campaña electoral del 10N, Alicante Plaza ha decidido someter a los candidatos al Congreso de las Diputados de las principales formaciones a un cuestionario breve, sobre las cuestiones más importantes que han marcado la actualidad política y económica de los últimos dos meses. Estas son las respuestas de Ignasi Candela, candidato de la coalición Compromís-Más País.
-¿De qué va esta campaña?
-La campaña va de quien es capaz de ofrecer una garantía para un posible gobierno. Es la pregunta que se está haciendo la gente: mi voto para que va a servir, si para un gobierno o para unas nuevas elecciones. Esa es la dinyuntiva. La alianza que ofrece Més Compromís, la alianza con Más País, de Íñigo Errejón, es capaz de posibilitar un gobierno de progreso, y como dice nuestro eslogan, intentamo acordar para una política útil.
-¿Hay debate económico en la campaña?
-No está, pero la gente que trabaja en sectores más expuestos a la crisis, lo está notando. Es una pena porque mientras estabamos hablando de otros temas, de confrontación, de banderas, etc...no hablamos de temas reales, o de qué viene la crisis. Y con una dificultad, puede venir una recesión y España tiene un margen de actuación muy reducido porque ya tiene el 100% de deuda de su PIB. Han pasado cinco o seis años, sin acometer reformas importantes para el país. Hay nubarrones, y no se han hecho los deberes.
-Si su partido fuera gobierno, ¿cuál sería la primera medida que tomaría?
-Yo hablaría, por su puesto, del sistema de financiación o cualquier tipo de mecanismo que compense la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. ¿Por qué? Para afrontar una crisis económica hacen falta unos recursos que ahora no tenemos. Y eso lo puede pasar a la Generalitat: la crisis puede golpear a sus cuentas y no disponer de recursos suficientes. Una solución a la infrafinanción también es una oportunidad para que el Estado ordene sus cuentas.
-Piensas que las próximas generaciones se manifestarán antes por los efectos del cambio climático que por cualquier otra injusticia...
-Me parece que las protestas por el cambio climático son una muestra de injusticia social. La subida del nivel del mar amenaza, por ejemplo, al turismo que recibimos. La clave es entender que la protestas por el cambio climático están ligadas a la cuestión social. Una manifestación contra el uso de los plásticos es una protesta social: a menor renta, más consumo de plásticos.
-La naturaleza nos ha dado una lección con la última gota fría. ¿Habría que revisar algo?
-Obviamente. No se ha hecho nada en muchos años. Una de las cosas que se tienen que resolver es que los agricultores que no tienen un seguro ante este tipo de imprevistos no pueden quedar excluidos de las posibles indemnizaciones. Y en cuanto a la ordenación del territorio, las construcciones tienen difícil solución. Pero lo que sí haría es que la CHS debería aprovechar esos desastres para obtener una parte positiva y poder retener mayor cantidad de agua, y que ésta no se vaya toda al mar.
-¿Por qué la política no le mete mano a la economía sumergida?
-Hay dos grandes realidades. Una parte de la economía sumergida lo es porque los niveles de rentabilidad son tan bajos que no pueden soportar las cotizaciones o el pago de impuestos. Eso es así: si pagarán, deberían cerrar sus negocios. Lo que debería hacer el sistema es adaptar el sistema fiscal a esa realidad. Y después está la parte que no paga porque o no quiere o porque así gana más dinero. Ahí es dónde la inspección de Trabajo es donde actuar. Ahí hay un gran camino para avanzar.
La desgularización laboral, más la falta de inspección, está provocando que se cree mucha competencia desleal. Por ejemplo, poner un taller en una vivienda particular. Eso es una trampa. Resumiendo, lo que hay que hacer adaptar la realidad al sistema y más inspección de Trabajo.
-¿Establecería peajes de nuevo a la autopista AP-7 a cambio de inversiones concretas?
-Más allá de que se pudiera estudiar esa opción, ahora lo que pasa es que se cumple un contrato y la autopista pasa al Estado porque así quedó establecido, una vez amortizada la vía. Lo que no acabo de entender es que se hipotequen de nuevo las infraestructuras y que de ahí se financien las inversiones, cosa que el Estado no ha hecho. Podría ser una solución, pero la solución profundiza en el problema de infrafinanciación que tenemos; no nos atienden como corresponde. No dudo de la buena voluntad de la propuesta de la Cámara y la CEV, pero su medida profundiza en el problema que tiene la Comunitat. Además, con una concesión a 40 años pueden pasar muchas cosas y no hay garantías de la contraprestación en obras. Y si lo hace el Estado, con una crisis en el horizonte, puede quedar en papel mojado. La propuesta suena bien, pero no tiene garantías. Creo que es mejor conseguir esas inversiones vía presupuestaria. Pero tenemos un problema de influencia política.
El próxima entrevistada será Marta Martín, de Ciudadanos.