Foto: GVAVALÈNCIA (EP). La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha reclamado "una reforma de la financiación autonómica de la dependencia para hacerla sostenible" y exige al Gobierno central "que asuma el 50% del coste del sistema que fija la propia Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia".
Así lo ha manifestado Susana Camarero en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia convocado este lunes para abordar algunas cuestiones sobre dependencia, discapacidad y cooperación, entre otros temas.
En su intervención, Camarero ha recordado que el Ejecutivo ha duplicado en diez años la deuda que tiene con las personas dependientes de la Comunitat Valenciana y, lejos del 50 % del importe que debería abonar, "solo alcanza el 22 %, dejando una infrafinanciación, solo el pasado año, de 328 millones de euros".
Pese a este incumplimiento, ha asegurado la vicepresidenta segunda, "el Consell sí que está cumpliendo con las personas en situación de dependencia y continúa trabajando para reducir la lista de espera y aumentar el número de personas en el sistema", tal y como demuestran las cifras correspondientes al mes de mayo publicadas en la web de la Conselleria.
Según estos datos, el número de personas atendidas en el mes pasado alcanza la cifra de 157.288. En total, desde agosto de 2023 se han incorporado al sistema de dependencia 17.589 personas y, según ha indicado la Conselleria, "se ha conseguido en los últimos meses reducir en un 25% la lista de espera".
Respecto al pago de las nóminas mensuales, la vicepresidenta segunda ha asegurado que estas se pagan "con regularidad" y en el último mes se han abonado más de 46,4 millones de euros.
Durante la reunión del Consejo territorial de este lunes también se ha tratado la nueva estrategia estatal "Hacia un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización", aprobaba por el Consejo de Ministros la semana pasada.
El objetivo de este acuerdo del Gobierno es fomentar los cuidados a domicilio para personas mayores y personas con discapacidad que sean dependientes, entre otros colectivos, y la modificación de la excepcionalidad que recoge la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en relación con los cuidados no profesionales.
Susana Camarero ha recordado que este modelo de cuidados "centrado en la persona y en la libertad de elección de la persona dependiente y su familia y anunciado como una novedad por el Gobierno central ya se está implantando hace tiempo en la Comunitat Valenciana". De hecho, alrededor de 90.000 dependientes reciben una prestación económica por cuidador no profesional, tal y como el solicitante y su familia y el profesional social han acordado como el mejor recurso para la situación personal del demandante.
La vicepresidenta segunda ha trasladado la conformidad de la Comunitat Valenciana con esta nueva línea de actuación con los cuidados, pero ha hecho especial hincapié en la necesidad de que todas las modificaciones que en este sentido quiera acordar el Gobierno central "vayan acompañadas de una justa financiación, para que no sean las comunidades autónomas las que, una vez más, tengan que asumir el coste económico de su implantación".
