La ministra de Industria, Reyes Maroto. Foto: DAVID ZORRAKINO/EPVALÈNCIA. La Comisión Europea ha echado un jarro de agua fría a las expectativas de la Comunitat Valenciana para participar en el segundo proyecto europeo sobre microelectrónica y las tecnologías de la comunicación bajo el mecanismo de Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI en sus siglas inglesas).
El conocido como IPCEI de microchips permitirá a las empresas participantes recibir importantes ayudas públicas sin que sean consideradas ayudas de Estado. España ha presentado manifestaciones de interés de once proyectos, cuatro de los cuales están liderados por empresas valencianas, concretamente por las firmas de fotónica Das Photonics, Ipronics y VLC Photonics (filial de Hitachi) y la empresa de semiconductores MaxLinear Hispania (filial del grupo californiano MaxLinear). El montante de inversión pública prevista en los once proyectos españoles es de 480 millones de euros.
Sin embargo, según ha podido saber Valencia Plaza, la Comisión Europea ha puesto reparos a al menos dos proyectos liderados por empresas valencianas. El motivo no es la falta de calidad de los mismos sino su tamaño, ya que uno de los requisitos para ser participantes directos en el IPCEI es que sean "proyectos importantes cualitativa y cuantitativamente, es decir, con un tamaño o un alcance particularmente grandes y un nivel de riesgo tecnológico y financiero muy elevado".
Estos dos proyectos son el encabezado por Maxlinear Hispania, empresa que dirige Mayte Bacete, líder del lobby Valencia Silicon Cluster, y el promovido por Ipronics. Según las fuentes consultadas por este periódico, ambas propuestas cumplen todos los requisitos de innovación, cadena de valor con empresas de varios estados miembros, desarrollo adicional de I+D+i y respeto al medio ambiente, entre otros. Pero no alcanzarían a cumplir el requisito de "riesgo financiero elevado".
Según estas fuentes, la UE permite ayudas directas para cubrir el funding gap (déficit de financiación) de los proyectos, pero ha fijado un mínimo de 20 millones de euros de funding gap para considerar que esos proyectos tienen el tamaño suficiente para ser aceptados como "participantes directos" en el IPCEI.
Que no entraran como "participantes directos" no significaría que no tuvieran ayudas, ya que está prevista la figura de "participantes indirectos (o externos)" para proyectos relevantes de menor tamaño, asociados a los proyectos de los participantes directos. La diferencia es que los participantes directos pueden recibir ayudas por el 100% de su funding gap y los costes del primer despliegue industrial, mientras que los asociados pueden recibirla "a través de otras modalidades nacionales o comunitarias ya establecidas que no requieren notificación de ayudas de Estado a la Comisión", pero solo hasta el 70%.
Según las mismas fuentes, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -que no ha respondido a las preguntas de este periódico- lleva semanas negociando con la Comisión Europea para tratar de que sea más flexible y los once proyectos españoles puedan entrar en el IPCEI. Se espera una resolución definitiva en las próximas semanas. El responsable de estas gestiones es el secretario general de Industria y Pymes, Raül Blanco.
El departamento que dirige Reyes Maroto no puede permitirse otro revés después del ultimátum dado el pasado jueves por la multinacional Volkswagen por el retraso en la aprobación del Perte del vehículo eléctrico, que le ha llevado a replantearse la anunciada inversión en una fábrica de baterías en Sagunto.
La convocatoria de manifestaciones de interés para el segundo IPCEI de microchips y semiconductores tampoco obtuvo una gran respuesta. Solo 19 proyectos presentados de los que, tras una primera criba, llegaron a Europa un total de once. Si varias quedan fuera el resultado sería bastante discreto.
El pasado mes de mayo, al referirse a las once iniciativas presentadas, Maroto destacó el supercomputador de Barcelona y el caso de Vigo, donde, según la ministra, hay un "ecosistema muy importante en fotónica" y va a haber un "proyecto muy importante" que arrastrará a la universidad y a distintas pymes de la ciudad. "La oportunidad era clara. Europa está apostando por ello, hay una ley europea de chips, con 43.000 millones de euros que se van a movilizar, y España no puede quedarse al margen de este nuevo sector que vamos a crear", afirmó.
El segundo IPCEI de microchips discurre de forma casi paralela al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de microelectrónica y semiconductores, conocido como Perte Chip, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de mayo. curiosamente, el Perte Chip lo coordina el Ministerio de Economía que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, mientras que la participación española en el IPCEI Chip la gestiona el Ministerio de Industria.
La principal diferencia entre IPCEI y Perte es su ámbito. Los IPCEI se iniciaron antes, con el objetivo de financiar proyectos de ámbito europeo, y los Perte surgieron como una réplica nacional en el que no se requiere que en la cadena de valor participen empresas de otros países.
Del Perte Chip aprobado en mayo, con una inversión pública prevista de 12.250 millones de euros -de los que 9.350 millones se destinarán a la construcción de plantas de semiconductores-, se espera conocer los primeros proyectos este otoño. Para coordinar este Perte, el más grande y complejo de los aprobados hasta ahora, el Gobierno creó un Comisionado y nombró a Jaime Martorell.
