Bravo apoya al Gobierno en los cambios para facilitar la promoción interna de los funcionarios

VALÈNCIA. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, apoya los cambios pactados entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para flexibilizar las pruebas de promoción interna en la Administración. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos revisa y actualiza los criterios en los procesos de promoción interna a los que se presentan los empleados públicos para mejorar su carrera profesional e implica que los exámenes serán tipo test, se acumularán los ejercicios en una única prueba y habrá menos temario.

Desde el departamento que dirige Bravo exponen la radiografía actual de la situación. De un lado, las tasas de reposición han instado a eliminarlas porque impiden crecer. Motivo por el que, argumentan, las plazas que han sacado son pocas y van vinculadas a las jubilaciones. 

A ello se suma la interinidad, que se sitúa en un 40%. Ahora mismo, comentan, la Conselleria no puede decidir sacar las plazas en función de las necesidades ni decidir la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2023. "Al no haber turno libre, ¿quién quiere presentarse a competir?", reflexionan.  

El cálculo es que alrededor de 8.000 personas se van a jubilar en la Administración General durante los próximos siete años. Lo "normal", apuntan, sería que la Conselleria pudiera hacer su propio plan de recursos humanos, pero no es así. 

Los inspectores de Hacienda lo rechazan

La opinión de Bravo sobre los cambios que plantea el Gobierno en la promoción interna contrasta con la de otros colectivos. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), por ejemplo, ha advertido de que la flexibilización de las pruebas "supondrá el destrozo de la Administración Pública y la muerte de una Función Pública altamente cualificada, independiente y profesional".

El citado acuerdo, a su juicio, "conculca" los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. "A pesar de mencionarse hasta la saciedad, no se respetan en un proceso que esconde una evidente discriminación y un absoluto desprecio por el esfuerzo del candidato, llegando a degradar hasta puntos insospechados la exigencia en la preparación técnica del futuro funcionario", denuncian los inspectores de Hacienda del Estado.

En este sentido, consideran que el planteamiento rebajará el nivel de preparación técnica, lo que deja entrever "una obsesión desaforada por cubrir el número de vacantes, aunque los candidatos no obtengan el nivel suficiente".