Dos operarios sobre el pedestal de la cruz de Callosa, en la madrugada del lunes. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE (EP). La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que a su vez es responsable de la Ley de Memoria Democrática de la Generalitat, ha considerado hoy que la controversia en torno a la cruz de los caídos de Callosa de Segura es un "espectáculo lamentable", y ha afirmado que no comparte la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre la paralización de la retirada de esta Cruz.
Bravo se ha pronunciado en estos términos en un desayuno en València organizado por Nueva Economía Forum, preguntada por su opinión sobre esta resolución judicial que llegó después de que la Cruz, ubicada en la fachada de la iglesia de San Martín en Callosa de Segura, fuera retirada de madrugada, según estaba previsto, en cumplimiento de una resolución del Ayuntamiento en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
"Lo que está ocurriendo en Callosa del Segura me parece un espectáculo lamentable", ha afirmado la consellera, que ha agregado que el Ayuntamiento ha actuado "correctamente". Asimismo, ha afirmado que no comparte, aunque respeta, la decisión judicial, "más allá de que ha llegado cuando la Cruz ya se había retirado, por tanto es de imposible ejecución esa medida cautelarísima", ha advertido. La consellera ha recordado que hay una Ley de Memoria Histórica, vigente desde 2007, "que obliga claramente a la retirada de cualquier vestigio que esté en recuerdo o conmemoración a hechos relacionados con la dictadura franquista".
Así, ha afirmado que, en concreto, la Cruz de Callosa del Segura "se levantó en homenaje a los caídos que trataron de salvar a José Antonio", y "a nadie le cabe duda de que es un elemento en los términos que describe la ley y ordena su retirada". Por tanto, ha insistido en que el Ayuntamiento ha actuado "en el marco de sus competencias y en obligación de lo que una ley estatal establece". Además, ha recordado que esa Cruz se levantó en un lugar declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y desde Patrimonio se había pedido al consistorio que se retirase.
