ORIHUELA. La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, se ha reunido este lunes con el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, para avanzar en los trámites que permitan la ampliación de la sede judicial de la capital de la Vega Baja mediante la adquisición de unos terrenos colindantes al Palacio de Justicia que fue comprado por la Generalitat al consistorio oriolano el pasado mes de octubre.
En esta operación, el Consell adquirió el edificio por 4,7 millones de euros y resolvió así un problema enquistado desde el año 2005. En el acuerdo por el que se regularizó la situación patrimonial de la sede judicial, la Generalitat cedió al Ayuntamiento dos inmuebles en desuso para que fueran destinados a actividades formativas.
A cambio, según el convenio, el Consistorio cedería a la Generalitat dos solares de su propiedad colindantes al Palacio de Justicia y compraría, además, otras tres parcelas pertenecientes a particulares o, al menos una de ellas (de 195 metros cuadrados), que es necesaria para la conexión de la sede principal de los juzgados con los terrenos de la futura ampliación.
Tal y como ha explicado la consellera, con esta operación "aumentaríamos esta sede judicial que ya nació pequeña entre los 2.000 y los 2.500 metros cuadrados". De esta forma, la capital de la Vega Baja y los 21 municipios que alberga su partido judicial contará con una sede única de más de más de 7.000 metros cuadrados.
Actualmente, los órganos judiciales de Orihuela están repartidos en dos locales: el principal de 4.915 metros cuadrados de la plaza de Santa Lucía y otro más en la calle Nova. Estos espacios son insuficientes para integrar las instalaciones de los doce órganos judiciales, así como la Oficina para la Asistencia a las Víctimas del Delito, la Unidad de Valoración Integral Forense, la cámara Gessell y dependencias apropiadas para los colegios de Abogados y Procuradores de Orihuela.
Bascuñana ha señalado que "hemos avanzado en las alternativas y nos comprometemos a agilizar al máximo la ampliación de estas instalaciones judiciales y a poner a disposición de la Conselleria los espacios necesarios", como rige el acuerdo alcanzado el pasadomes de octubre entre ambas administraciones.
Para la consellera, en la reunión "se han definido las necesidades de la Conselleria para la ampliación de los juzgados". Si la adquisición y cesión de las parcelas se culminan en el primer semestre de 2021, se podrían llevar a cabo los trámites administrativos "para que las obras puedan iniciarse en esta legislatura".
De esta forma, con la ampliación del Palacio de Justicia "se acabará con la dispersión de órganos judiciales y se sumará confort, seguridad para las víctimas y usuarios y, en definitiva, un edificio acorde a las necesidades de Orihuela".
Por otra parte, la consellera de Justicia ha explicado al alcalde que mientras se avanza en el proyecto de ampliación "se va a continuar invirtiendo en la sede judicial de Orihuela" ya que está previsto, en el año 2021, llevar a cabo un proyecto de eficiencia energética para cambiar los equipos de climatización y de iluminación del actual edificio, lo cual supondrá una inversión aproximada de 580.000 euros.
A esta iniciativa hay que sumar las obras de reparación de los daños causados por la DANA de 2019 en el edificio y que provocó algunas filtraciones por humedad en el sótano, fachada y terrazas. Esta actuación se ha presupuestado en 560.000 euros.
