El bipartito de Alicante 'resiste' ante otro envite de Vox y no precisa cómo prevé regular la ZBE 

ALICANTE. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha vuelto a centrar parte del debate político en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante a colación de otra pregunta formulada por el grupo municipal de Vox, al ser uno de los asuntos en los que sigue centrando su labor de fiscalización al equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). En concreto, el portavoz del partido de Santiago Abascal, Mario Ortolá, ha cuestionado al equipo de gobierno sobre el desarrollo de la conferencia "anunciada en plenos anteriores para dar a conocer el funcionamiento de esa ZBE que tienen guardada en un cajón". Y no ha obtenido respuestas más precisas más allá de las manifestaciones ya formuladas al respecto en otras sesiones precedentes, en uno de los pocos lances del desarrollo del pleno en el que las tres fuerzas del eje del centro-derecha (PP, Cs y Vox) no han mantenido una posición unitaria.

De nuevo, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), ha sostenido que ese sistema de control y monitorización del tráfico para minimizar emisiones contaminantes a la atmósfera "debe implantarse porque es una obligación legal" y ha vuelto a explicar que, en el margen de discrecionalidad existente, "no se va a aplicar sanciones ni se va a obligar a los ciudadanos a que se compren vehículos eléctricos para poder circular" a través de los dos anillos en los que se prevé habilitar con su implantación. En todo caso, ha señalado que la ZBE "va a suponer una modernización" de varios espacios y ejes centrales de la ciudad y ha añadido que su puesta en marcha sigue en fase de planificación, por lo que no quedará activada hasta después de que se celebren las próximas elecciones municipales.

Al tiempo, ha expresado su deseo de que "en el próximo mandato, Vox pueda llegar a gobernar en algún municipio y se vea obligado a explicar a la ciudadanía por qué se van a ver obligados a implantar esas ZBE y a aplicarlas después de haber estado engañando y creando temor al respecto".  

Sin embargo, esas explicaciones no han colmado las expectativas de Ortolá que -después de apuntar que no se había contestado cuándo se iba a celebrar esa conferencia- ha vuelto a plantear una segunda cuestión in voce en la que ha emplazado a Villar "si antes de elecciones van a decir la verdad" respecto a las condiciones que conllevará esa ZBE. Al respecto, Barcala ha hecho uso de la palabra para zanjar el debate al respecto para señalar que "nosotros siempre decimos la verdad".

En el transcurso de la sesión, el edil de Seguridad, José Ramón González, también ha respondido a una pregunta formulada por el edil del PSOE, Raúl Ruiz, sobre la vigencia de la sanción impuesta a una activista de la plataforma Salvem las Melias para señalar que dicha activista ya había anticipado el pago de la multa sin presentar alegaciones. El edil de Medio Ambiente, Villar, ha contestado a una pregunta formulada en el pleno anterior por el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, respecto a las reivindicaciones salariales de los trabajadores de la UTE concesionaria del servicio de limpieza para señalar que "el ayuntamiento no puede intervenir" en las negociaciones entre empresas y sus trabajadores porque "eso sería comunismo". 

Al tiempo, el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, ha respondido a otra pregunta formulada por el edil socialista, Manuel Martínez, respecto a las sentencias pendientes de cumplimiento que fallan a favor de opositores que concurrieron a las pruebas de selección de la Policía Local, para señalar que "se ha pedido una aclaración a los juzgados" para saber "a qué tenemos que atenernos" en la medida en que existirían resoluciones contradictorias.

Acto seguido, ha sido el mismo alcalde, Luis Barcala, quien ha respondido a otra pregunta formulada por el portavoz de Unides Podem EU sobre los resultados de la última encuesta de la OCU que vuelve a situar a Alicante como segunda ciudad más sucia del país para señalar que "habría que revisar la validez de esa encuesta" en la medida en que "según la ficha técnica, se pregunta solo a asociados de la OCU, más de 6.000 en toda España", lo que implicaría que "en Alicante se haya cuestionado a entre 40 y 60 personas". Además, ha señalado que "habría que evaluar por qué a unas encuestas como la de la OCU sí que se le dan validez y no a otras como la de OSUR" en la que se reflejaría una mejora en la satisfacción del servicio.

También ha cuestionado al respecto el edil de Compromís y candidato a la Alcaldía, Rafa Mas, quien ha incidido a la falta de decisiones en los últimos cinco años que mejoren la calidad del servicio "mientras se ha seguido engordando el beneficio de la UTE" concesionaria. Así, ha preguntado si se prevé auditar a la empresa "ante el incumplimiento de los pliegos y ante las peticiones de revisión del IPC que plantean los trabajadores". En esta ocasión, ha sido Villar quien ha respondido para señalar que "no se puede retirar la fianza puesto que el contrato no se ha acabado", en referencia a una de las cuestiones incluidas en la pregunta de Mas. Y también se ha referido a la encuesta de la OCU, para sostener que "la mejor encuesta es cuando vas a los barrios y te dicen que está mucho mejor". "Cuando ustedes se regodean y salivan al ver estas noticias, yo no sé cómo viene tanto turista, porque si fuese verdad lo que ustedes dicen, no vendrían tantos", ha concluido.

El primer edil también ha respondido a otra pregunta formulada por López respecto al pago de tasas en supuestos de intervención de los bomberos en situaciones de emergencia que presenten riesgo vital de las personas, después de que se anunciase la modificación de la ordenanza fiscal reguladora al respecto. Barcala ha señalado que "en la mayoría de los casos, esas tasas quedan cubiertas por las compañías aseguradoras por las pólizas contratadas en los hogares" por lo que ha apuntado que "la modificación se está perfilando todavía". "Es una cuestión técnica y no es una redacción tan simple como lo que podíamos pensar", ha explicado.

En el turno del debate de las llamadas declaraciones institucionales (propuestas de contenido político sin eficacia ejecutiva real), se ha debatido una propuesta promovida por el PSOE, Unides Podem EU y Compromís, por la que se planteaba manifestar el compromiso firme en la búsqueda de una ubicación alternativa más adecuada para los alumnos y alumnas  de la Escuela Infantil Siete Enanitos, que se considere como proyecto prioritario la reconstrucción del actual edificio en el mínimo plazo posible y en el mismo barrio, que se proceda a la estabilización del personal de las escuelas infantiles municipales, y que se agilicen los trámites para la construcción de la tercera escuela infantil municipal.

Los representantes de los tres partidos proponentes -Llanos Cano, por el PSOE; Vanessa Romero, por Unides Podem EU; y Rafa Mas, por Compromís- han coincidido en reprochar lo que han considerado un ejemplo de improvisación en la subsanación del problema registrado en la guardería infantil municipal, como consecuencia de los daños estructurales registrados en sus instalaciones. Además, han considerado que, a su juicio, es el ejemplo más evidente de la política de "empobrecimiento" de la escuela pública que, según han apuntado, habría impulsado, no solo la ya exconcejal de Educación, Julia Llopis, sino también por el alcalde, Luis Barcala, como responsable de su incorporación a la candidatura.

En el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha sostenido que ya existe un emplazamiento provisional alternativo para la ubicación de la escuela infantil mientras se construye su nuevo edificio: el antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá (un emplazamiento a recuperar que el PSOE había propuesta rescatar para uso público con anterioridad, según ha recordado Cano). También ha aludido a esa solución la nueva edil de Educación, Mari Carmen de España, quien ha acusado a los partidos de la izquierda de "querer sumar votos con niños de 0 a 3 años". Además, ha señalado que "se ha buscado una salida provisional a una situación sobrevenida" y ha sostenido que es el Consell del Botànic el que "tiene a los alumnos en barracones". Por último, ha asegurado que "ya está en marcha el proceso de redacción del nuevo colegio". A la postre, la propuesta ha quedado desestimada por 15 votos (PP, Cs y Vox) frente a 13 a favor (PSOE, Unides Podem EU y Compromís).

También se ha debatido una segunda iniciativa promovida por los dos partidos aliados en el equipo de gobierno, PP y Cs, por la que se plantea instar al Gobierno de la Generalitat a que actúe ante la grave situación de los médicos en la ciudad de Alicante para mejorar sus condiciones en otra propuesta similar a otras ya debatidas en el pleno en sesiones precedentes a lo largo de este mandato. 

La edil de Sanidad, Mari Carmen de España, ha aludido a la situación de saturación de la asistencia primaria, a supuestos recortes presupuestarios o a la acumulación de contratos temporales, por ejemplo. Los representantes de los grupos del eje progresista -Natxo Bellido, por Compromís; Vanessa Romero, por Unides Podem, y Lara López, por el PSOE-, por su parte, han defendido la actuación del Consell en materia sanitaria aunque han incidido en la necesidad de seguir trabajando para revertir la situación que ha considerado heredadas de la etapa del PP. En la votación, la iniciativa ha prosperado con los votos de PP, Cs y Vox y el rechazo del eje progresista.

Cooperación y retirada de la ordenanza de convivencia

De igual modo, se ha debatido otra iniciativa promovida por Unides Podem EU y Compromís por la que se planteaba cumplir con el compromiso firmado en la campaña de las municipales de 2019 y encaminar al Ayuntamiento de Alicante a conseguir que se destine el 0'7% de los presupuestos municipales a cooperación internacional en el horizonte del año 2030. Se trata de una propuesta en la que los ediles de las tres fuerzas progresistas han recriminado el incumplimiento de ese acuerdo suscrito hace cuatro años, como ha sucedido con el compromiso de implantar la carrera profesional y el sistema de ascensos y mejoras retributivas para los funcionarios. Así, la socialista Llanos Cano ha incidido en que "el alcalde no tiene palabra". El edil de Presidencia y Coordinación de Proyectos, Toño Peral, ha sostenido que el compromiso firmado en 2019 "se vio alterado por la irrupción de la crisis sanitaria de la covid" aunque ha defendido que "se ha seguido manteniendo la ayuda a la cooperación internacional". En la votación, la propuesta se ha aprobado con los 13 votos de PSOE, Unides Podem EU y Compromís y las abstenciones de PP y Cs, mientras que Vox ha votado en contra.

Además, se ha debatido otra propuesta formulada por el PSOE por el que se trataba de promover el inicio de las acciones necesarias para que sea derogada la ordenanza de convivencia cívica, así como la creación de un Centro de Baja Exigencia y Housing First. Tanto la edil socialista, Lola Vílchez, como el edil de Compromís, Rafa Mas, y el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, han insistido en la necesidad de derogar esa normativa municipal, hasta el punto de que López ha recalcado que, "si no la deroga el TSJ, la derogaremos nosotros tras las elecciones de mayo". Por su parte, el nuevo edil de Acción Social tras la dimisión de Julia Llopis, Toño Peral, ha señalado que la mayor parte de las políticas de asistencia social son competencia de la Generalitat, "que no ha promovido ningún centro de asistencia social ni nada parecido" y ha defendido que el ayuntamiento sí asume gastos para facilitar viviendas de emergencia o en el funcionamiento del Centro de Atención Integral (CAI), por ejemplo. En último término, la propuesta ha quedado rechazada por 15 votos (PP, Cs y Vox) frente a 13 a favor (PSOE, Unides Podem EU y Compromís).

Graneles en el Puerto y carrera profesional

Igualmente, se ha debatido otra propuesta de Unides Podem EU por la que se planteaba exigir a la Autoridad Portuaria la paralización cautelar de la carga y descarga de graneles al aire libre en el Puerto de Alicante "hasta que no se ponga en funcionamiento la nave construida a tal efecto en el muelle 17", según expresa la iniciativa, aunque dicha terminal específica ya está operativa, si bien, no a pleno rendimiento, como ha venido precisando su empresa concesionaria, Eiffage Infraestructuras, a la espera de la resolución de problemas técnicos. 

El portavoz de Unides Podem EU, López ha incidido en que se debe poner medidas para evitar la descarga de graneles a cielo abierto una vez que ya se dispone de una nave cerrada construida. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha incidido en que es cierto que la terminal está operativa, aunque no a plena capacidad, pero ha considerado necesario que se siga velando por la solución del problema. El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha considerado que la iniciativa carece de sentido "porque la terminal está funcionando ya al 75%" y ha animado a los grupos del eje progresista a "ponerse de acuerdo porque son ustedes, en la Conselleria de Transición Ecológica, quienes tienen las competencias sobre la materia y conocen cuáles son los datos reales". Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz, también ha considerado necesario un mayor control. Así, en el momento de la votación, la iniciativa ha quedado rechazada con los votos de PP, Cs y Vox, pese a los apoyos de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.

La sesión se ha cerrado con el debate de una penúltima propuesta registrada por Vox en la que se planteaba la adopción de un compromiso político del conjunto de los grupos políticos para "impulsar la carrera profesional en caso de que los partidos que representan formen parte de la nueva corporación tras las elecciones locales del 28  de mayo". El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha considerado que se trata de una oportunidad para desarrollar el incumplimiento de la promesa anunciada por el alcalde, Luis Barcala, durante la precampaña de hace cuatro años. Todo, en un pleno marcado por la protesta de los funcionarios en la que han reivindicado su puesta en marcha.

El edil de Compromís, Rafa Mas, ha reprochado a Ortolá que no hubiese presionado al equipo de gobierno en la negociación de tres presupuestos para que se introdujese la carrera profesional. Y, además, le ha recriminado que ahora trate de defender al funcionariado "cuando su programa liberal apuesta por reducir la administración pública". En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz municipal de Unides Podem. 

Por su parte, la edil socialista Llanos Cano, ha considerado necesario apoyarla porque resulta positiva para los funcionarios, pese a que "no nos gusta quien lo propone". Eso sí, no ha dejado pasar la oportunidad de recriminar el incumplimiento del alcalde respecto a ese compromiso. Por último, el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, ha cargado contra Vox por "traer una propuesta electoralista" para señalar que "la carrera profesional está implantada, otra cosa es la cuestión económica" sobre la que ha asegurado que se ha planteado una propuesta, a la que se ha presentado otra alternativa, ahora en fase de estudio por parte de la oficina presupuestaria. Además, ha señalado que también está pendiente el desarrollo de un encuentro con la Subdelegación del Gobierno para tratar de resolver las discrepancias al respecto. Por último, ha incidido en que el proceso se puso en marcha a mediados de 2019 pero "quedó paralizado por la covid-19". Así, la iniciativa ha prosperado con los votos de PP, Cs, PSOE y Vox y el voto en contra de Unides Podem EU y Compromís.

Por último, el último pleno ordinario del mandato ha concluido con la aprobación, por unanimidad, de una última declaración institucional conjunta frente al acoso escolar para sumarse al Día Internacional contra el Bullying que se celebra el 2 de mayo y muestra su total rechazo a todas aquellas actitudes y agresiones que se producen como consecuencia de este, al tiempo que se compromete a tomar todas aquellas medidas que sean necesarias dentro de sus competencias para prevenir esta lacra social y ayudar a las personas afectadas. En nombre de toda la corporación, la edil Mari Carmen de España ha leído el manifiesto contra el acoso escolar elaborado por la Asociación Plántale Cara al Bullying, que también respalda la Unesco.

En la declaración se señala que "el acoso escolar o bullying, es un problema grave que afecta a muchas personas en todo el mundo, especialmente a niños. Se define como un comportamiento repetitivo y agresivo hacia otra persona, y puede tomar muchas formas diferentes. A menudo, esta maliciosa práctica ocurre en el entorno escolar, pero también puede ocurrir en otros lugares como en el trabajo o por internet".

Con la iniciativa aprobada por 28 votos, el alcalde ha tenido palabras de despedida y de agradecimiento respecto a la labor desempeñada por todos, pese a las discrepancias, y ha pedido disculpas "por los errores que haya podido cometer". No obstante, todavía se debe celebrar un primer pleno extraordinario, el próximo martes, día 2 de mayo, en el que se celebrará el sorteo de los ciudadanos que configurarán la composición de las mesas electorales, así como una segunda sesión extraordinaria en la que se pretende aprobar una modificación de crédito sobre el presupuesto prorrogado de 2022 para hacer frente a las obras de reurbanización cofinanciadas por la Unión Europea.