Bigastro quiere regularizar 10.000 m2 afectados por la ausencia de un deslinde claro con Orihuela

BIGASTRO.  Arrastrar décadas de inacción y prácticas urbanísticas carentes de control en un término municipal como el de Orihuela deriva en limbos de ordenación del territorio. A día de hoy quedan frentes abiertos para fijar con detalle la vasta extensión del término municipal oriolano. El municipio con mayor extensión de la provincia y el cuarto de la Comunitat tiene pendiente alcanzar un acuerdo con los Ayuntamientos de Rafal, San Miguel de Salinas y Bigastro en cuanto a la delimitación de los términos municipales. Éste último, Bigastro, sugiere regularizar 10.000 m2 que no estaban -así seguirá hasta que se alcance un acuerdo- adheridos de forma clara a su municipio. 

De los 27 municipios que conforman la Vega Baja (957 km2), solo Orihuela ocupa más de un tercio, 365 km2, de toda la comarca. El término municipal de Bigastro es de 4 km2. Una de las tantas situaciones que genera esta extensión es que el término municpial de Bigastro queda rodeado por el de Orihuela, dibujando de manera figurada una isla. La carencia de una delimitación clara ha provocado entre otras situaciones que parcelas industriales construidas en uso o grandes comercios quedaran partidos por ambos términos municipales, y muchas no estaban regularizadas al no figurar de forma correcta en el catastro. También entra en esta operación la ubicación de uno de los depósitos que suministra al municipio o incluso el cementerio de la localidad, que hasta que no se alcance un acuerdo no está adherido estrictamente a Bigastro. 

Ayer, el edil de Urbanismo de Bigastro, Antonio Meseguer, y su  homólogo oriolano, José Aix, escenificaron su predisposición para alcanzar un acuerdo.  Lo hicieron en el polígono industrial de Bigastro, junto a la línea  invisible que delimitaría ambos municipios. Con el deslinde que propone  Bigastro, se regularizarían casi 6.000 m2 del polígono industrial. El  resto se reparte por zonas del paraje de La Pedrera y puntos que afectan a viviendas. Como es el caso de las 30 viviendas junto a la vereda Colín que pertenecen a Orihuela pero que están colindantes al casco  urbano de Bigastro. Estas situaciones provocan que los inquilinos paguen  sus impuestos en Orihuela pero sea Bigastro quien asume los servicios  de recogida de basuras y alumbrado.

Meseguer explicaba ayer que con esta operación de delimitar el término municipal no se ha ampliado superficie sino que se ha compensado unos metros por otros. La propuesta lanzada por Bigastro tiene que entrar en fase de negociación. Para ello Orihuela tiene que aprobar y conformar la comisión de deslinde. Hoy se debate en pleno. Esa comisión estará conformada por el alcalde, Emilio Bascuñana como presidente de la misma, José Aix, concejal de Urbanismo y Planeamiento, Ángel Noguera, concejal de Infraestructuras, Rafael Almagro, concejal de Hacienda, Julio Estremera, secretario general del Ayuntamiento y Gonzalo Ortuño, Técnico del Ayuntamiento.

A Bigastro es a quien más le urge alcanzar este acuerdo pues pretende  iniciar este año los trámites para modificar el Plan General de  Ordenación Urbana (PGOU). Sobre este asunto, Aix señala que están a expensas de la emisión del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja  (PAT). En función del marco configurado con esta herramienta se dirigirán las estrategias de crecimiento urbanístico de Orihuela. No obstante, ha destacado que es "un buen momento para abrir la reflexión sobre el PGOU".    

La disputa por Casas Baratas entre Orihuela y Rafal

Uno de los principales frentes que tiene abierto el Ayuntamiento de Orihuela en materia de deslinde lo enfrenta con Rafal. En 2019 escenificaron los dos alcaldes una disputa por fijar donde se encontraba el límite entre ambos municipios. El primer edil rafaleño, Manuel Pineda escenificaba, brocha en mano, el repintado de una de las calles. Bascuñana envió a la Policía Local. En disputa un diseminado de Orihuela llamado Casas Baratas en el que viven 200 personas. 

Desde 2015, los vecinos de este barrio vienen reclamando la segregación y pasar a formar parte de Rafal. En mayo de 2019 el pleno del Ayuntamiento de Rafal aprobó por unanimidad elevar al Consell el expediente de segregación. En el pleno desde ese mismo mes en Orihuela se aprobó la ratificación de las alegaciones al expediente iniciado por el Ayuntamiento rafaleño.