BENIDORM. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado la moción por la que se desestima el recurso interpuesto por la concesionaria de la Zona ORA. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Autobuses Playa de San Juan y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas presentaba un recurso de reposición contra el acuerdo del pasado mes de diciembre por el que se resolvía el contrato para la gestión de la zona azul y la grúa tras constatar siete incumplimientos. El contrato contaba aún con un año de vigencia.
Según explicó el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, los informes municipales apuntan a que las argumentaciones de la concesionaria no se apoyan en la normativa de aplicación. Además, mencionó que la resolución estaba avalada por el Consell Jurídic Consultiu. La moción ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido.
El recurso fue presentado el pasado 6 de febrero y en él solicitaban que se suspendiera el acto aprobado en el pleno. Rompían el contrato, aunque seguirán hasta que se adjudique el nuevo servicio que está sin licitar, después de haber constatado hasta siete incumplimientos del acuerdo firmado en su día.
La voz de alarma la dio el cobro de gastos de gestión a través de la app para pagar la zona azul . Este es uno de los siete incumplimientos acreditados por el Consistorio, a lo que se suman no comunicar la recaudación adicional de supuestos gastos de gestión no aprobados; la reducción del personal adscrito al contrato sin autorización municipal; el cese de la asistencia técnica; la inexistencia de una oficina abierta al público en una vía con estacionamiento regulado; contar con un cajero automático que no expende dinero; y, por último, no disponer de materiales y equipos de oficina.
La empresa, según ha podido constatar este diario a través del informe del técnico de Contratación y Patrimonio, pedía la caducidad del expediente de resolución contractual, aludía a irregularidades procedimentales constitutivas de nulidad o anulabilidad del acto recurrido, la inexistencia de valoración del informe pericial de parte así como de los incumplimientos culpables por parte de la concesionaria. Argumentaciones rechazadas una por una en este documento en el que se basa la moción del edil.
Además de la aprobación del presupuesto para 2024, el pleno también dio luz verde al texto del acuerdo de cooperación para la financiación de las mejoras y reposición de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales de Benidorm, por valor de 14.520.000 euros, que dependen de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR). El Ayuntamiento financiará el 10% del coste de las certificaciones de cada actuación, mientras que la EPSAR asumirá el 90% restante.
También se ha aprobado por mayoría una propuesta de Alcaldía sobre el estado de tramitación del expediente de revisión de oficio aprobado en el pleno de diciembre del año pasado relativo al contrato del servicio del aparcamiento de l’Aigüera. Así, se ha puesto de manifiesto que se ha dado trámite de audiencia a la empresa, que se ha pedido dictamen al Consell Jurídic Consultiu (CJC) y, por tanto, que se ha suspendido el cómputo de plazo para resolver el procedimiento y notificar la resolución del expediente de revisión de oficio hasta contar con el dictamen del CJC. En ese mismo punto se ha dado cuenta del auto del Tribunal de Cuentas por el cual se archivaban las actuaciones preliminares.
Igualmente se han aprobado tres mociones elevadas a pleno por el alcalde, oída la Junta de Portavoces. La primera de ellas, relativa a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; la segunda para la conmemoración del centenario del nacimiento del poeta Vicent Andrés Estellés; y la tercera, de apoyo a los agricultores y ganaderos españoles. Las dos primeras contaron con el rechazo de Vox.
Por la vía de urgencia se ha acordado por mayoría la aprobación extrajudicial de una relación de facturas imputables al ejercicio 2023 por importe de 1.184.710,26 euros. Aida García Mayor, concejal de Hacienda, ha señalado que "son facturas que tienen el visto bueno de los departamentos y revisadas por Intervención. Con este procedimiento, que a veces es inevitable, aseguramos el pago a los proveedores por servicios efectivamente prestados y se evita el enriquecimiento injusto de la administración".
Por último, en materia urbanística, el pleno ha dado luz verde por mayoría al inicio del expediente de modificación del contrato de ejecución de las obras del enlace de la N-332 y su conexión con la avenida Comunidad Valenciana, así como la autorización a la dirección facultativa para redactar el proyecto modificado de la obra. La modificación supondrá un aumento del plazo de terminación de las obras en seis meses, hasta el 15 de noviembre de este año, y un incremento económico de las mismas cifrado en 2,4 millones de euros.
La edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha explicado que la dirección facultativa pidió algunas modificaciones técnicas "que debían dar cumplimiento a informes supramunicipales" en los que se incluía la necesidad de contar "con un nuevo colector, un nuevo acceso en el centro del nuevo vial, un replanteamiento de las líneas aéreas existentes, o la aparición de nuevos servicios urbanos que hay que desviar, entre otras". Todo ello se ha valorado en 2.423.244,79 euros y hay que acometerlo, ha dicho la edil "porque de lo contrario el ministerio no recepcionaría la obra. Son modificaciones técnicas impuestas por organismos supramunicipales que no afectan al equilibrio económico del contrato". Una obras que ha calificado de "fundamental" para poner en marcha el Plan Parcial 3/1 Industrial.
