BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha sido el primero de la Comunitat Valenciana en solicitar formalmente y de manera oficial la cesión de competencias en materia de inspección y sanción de las viviendas turísticas, tal y como recoge el decreto-ley de la Generalitat. Frente a esto, el PSOE local ha mostrado su preocupación al considerar que la plantilla actual de inspectores en el municipio es insuficiente para hacer este trabajo. Unas declaraciones que no han sentado bien al gobierno local, reseñando que aún están a la espera de conocer cómo se va a desarrollar el decreto.
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, señalan que el municipio tendrá que acreditar los recursos que destinarán a la inspección de esta actividad, y de momento, el convenio se está redactando en estos días. Con todo, remarcaron que las sanciones las ingresaría el municipio.
Para los socialistas, es imposible llegar con los inspectores actuales, por lo que han afirmado que la petición del ejecutivo de Toni Pérez "parece más un gesto de cara a la galería, buscando un titular de prensa, que una voluntad real de poner coto a la proliferación de alojamientos ilegales y ejercer un mayor control sobre los apartamentos vacacionales".
El portavoz adjunto del PSOE, Sergi Castillo, ha asegurado que asumir estas funciones "puede llevar aún más al colapso de diferentes departamentos municipales por la nefasta gestión de la política de recursos humanos que está llevando el gobierno del Partido Popular". En este sentido insisten: "Hemos visto los graves problemas que está teniendo el Ayuntamiento con los informes de compatibilidad urbanística para este tipo de viviendas turísticas con expedientes que tardan más de un año en resolverse, y ahora quieren ocuparse de estas nuevas competencias con el mismo personal y los mismos inspectores", ha recalcado.
Por último, Castillo ha solicitado al gobierno local que inicie los trámites y procesos necesarios para ampliar el número de inspectores municipales para poder asumir con “garantías” las labores de inspección y los procedimientos sancionadores a los alojamientos turísticos que incumplan la normativa autonómica.
Tras estas declaraciones, la portavoz del PP, Lourdes Caselles, ha asegurado que Castillo "todavía no se ha enterado ni de dónde viene ni a dónde va con la política de su partido". La popular explicó que de momento lo que han pedido es "conocer qué requisitos son necesarios y hemos mostrado nuestro interés en adherirnos. Nada más, pero tampoco nada menos". De este modo, informó que con el nuevo decreto-ley ha surgido la opción de hacerlo y "hemos de ver en qué condiciones lo hacemos", ha dicho. Por lo tanto, en su opinión, "lo que hace el PSOE, una vez más, es hablar por hablar".
Caselles aprovechó para recordar que en su día, el Ayuntamiento reclamó tener estas competencias a la Generalitat con el anterior gobierno valenciano, sin embargo, les respondieron que el Consistorio tendría que pagar las inspecciones mientras que la recaudación por sanciones se la quedaría las arcas autonómicas. "La Generalitat nos decía que no tenía inspectores, que los pusiera y pagara el Ayuntamiento, que sancionásemos nosotros, pero que serían ellos lo que gestionarían la recaudación", remarcó.
Ahora, con el nuevo decreto "la situación ha cambiado radicalmente" ha dicho Caselles, que ha avanzado que el Ayuntamiento va a ver "cómo evoluciona el citado decreto y nosotros trabajaremos con la idea de defender el interés general de los benidormenses, como hemos hecho siempre".
