BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado los trámites para resolver el contrato que mantenía con Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) después de que esta última haya entrado a concurso de acreedores. Así lo recoge la propuesta de la concejal de Patrimonio Histórico, Ana Pellicer, ya que afecta a la conocida como fase cuatro de la musealización del Castellum del Tossal de la Cala. La empresa valenciana llevaba desde finales de 2023 en preconcurso y no ha podido reestructurar su deuda financiera.
De este modo, el Ayuntamiento ha incoado el expediente de resolución contractual a través de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local apoyándose en la solicitud del área de Ingeniería responsable del contrato ya que la ley prohíbe mantener acuerdos con empresas en declaración de concurso o insolvencia. Una situación que se da desde el pasado 14 de junio, tal y como se publicó en el Registro Concursal en el que se iniciaba el procedimiento a la mercantil.
El contrato con el Ayuntamiento se formalizó en diciembre de 2022. En principio, tenía un plazo de ejecución de seis meses y se pretendía "integrar los distintos sectores excavados en campañas anteriores para su puesta en valor como conjunto, generando itinerarios atractivos para los visitantes que a la vez se ajusten a la realidad histórica del fortín, y poniendo en valor los hallazgos arqueológicos localizados en el mismo", según figura en el pliego por el que se regía el contrato. Salió a licitación por un presupuesto de 410.434,37 euros, impuestos incluidos.
La edil del área señaló a este diario que una vez se haga efectiva la resolución, se tendrá que licitar un nuevo contrato para ejecutar la obra que queda pendiente y que no supondrá incrementar el precio fijado en su día. En este sentido, explicó que al tratarse de unas obras que afectan a un yacimiento arqueológico, los trabajos son susceptibles de alargarse más de lo habitual por los hallazgos que se puedan encontrar, como ha sido el caso. Así, recordó el descubrimiento de la inscultura, que dado que se tiene que proteger, han tenido que solicitar un nuevo permiso a Conselleria pendiente de autorizar.
En el acuerdo de la JGL también se resuelve el contrato y deja sin efecto lo firmado hace más de un año, advirtiendo además que podrá conllevar la pérdida de fianza que sustenta el convenio. No obstante, se le da un plazo de diez días naturales a la mercantil para que pueda alegar en defensa de sus intereses. Mismo periodo para la entidad aseguradora, Merkel Insurance SE, en su calidad de avalista, así como a Tecea Assurance SLP como administrador concursal. En el caso de que finalmente se terminaran presentando alegaciones contra la resolución por alguna de las partes apeladas, el Ayuntamiento remitirá el expediente al Consell Jurídic Consultiu para que emita un dictamen al respecto. De confirmarse finalmente la resolución, el Consistorio tendrá que liquidar las obras realizadas en el ámbito de actuación.
No es la primera vez que LIC se adjudica una obra en la zona de la Marina Baixa y termina sin éxito. En el caso de Altea, el Ayuntamiento le confió la actuación de renovación de las infraestructuras de la calle Sol, Portal Vell y Alacant, en pleno casco histórico. Lo hacían después de haber tenido problemas con la primera empresa, Categor. Levantina era la segunda clasificada, pero una vez acordada la obra, tuvieron que rescindir el contrato en diciembre de 2023 por motivos alegados por la empresa valenciana porque no podía asegurar la total ejecución de los trabajos.