Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm tendrá que volver a iniciar el proceso de revisión de oficio de las sentencias de la Subzona C. Tal y como ha podido corroborar este diario, tendrán que declarar caducado el actual expediente, conservando todo aquello que se pueda salvar de lo que ya hayan adelantado, para iniciar de nuevo el proceso. Tal y como explicó la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, lo hacen después de que hayan agotado el plazo sin revisar todo lo que había pendiente.
A preguntas de Alicante Plaza, la edil indicó que la demora se debe a diferentes factores, como falta de informes a tiempo, bajas por enfermedad de los técnicos así como la falta de notificación a todos los interesados. Para su reinicio tendrán que tener el beneplácito del Consell Jurídic Consultiu.
Como se recordará, el conflicto entre vecinos y Ayuntamiento es histórico. Todo ello a cuenta de las contribuciones especiales giradas a los propietarios de la Subzona C por las obras de urbanización de las calles de este barrio. Un precio que tuvieron que pagar y que lucharon porque no fuera así.
Entre las conclusiones de los técnicos en el informe de la propuesta, indican que no se llegó a notificar a todos los interesados, por lo que habría que pedir la caducidad. Al mismo tiempo, consideran que las liquidaciones que fueron anuladas por Sentencia núm, 1152, de 30 de diciembre de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Valenciana, ya firme, han de ser declaradas nulas y por lo tanto, devueltas a los interesados con los intereses legales correspondientes. Un procedimiento que ya se habría cerrado por haberse cumplido.
A continuación, señalan que las liquidaciones que fueron confirmadas en sentencia firme no pueden ser revisadas de oficio. Con lo cual, pretenden abrir el expediente de nuevo para la revisión de actos nulos.
El valor total de las liquidaciones definitivas giradas en su día por el Ayuntamiento al conjunto de los propietarios ascendió a alrededor de 2 millones de euros.
En 2017, el pleno aprobó una moción en la que negaban la petición de los propietarios que reclamaban la revisión de oficio de estas liquidaciones después de las numerosas sentencias que ya obraban. Finalmente, el Juzgado de Alicante ordenó que sí que se realizara esta revisión, por lo que a finales de año accedió a esta petición.
