BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha recurrido ante el Tribunal Supremo el justiprecio de los terrenos de la calle Italia que expropió en 2019. Así lo ha confirmado a este diario la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, que señaló que defenderán la tasación realizada por el Consistorio. Esta asciende a 432.000 euros, muy por debajo de los 743.000 euros que aprobó el Jurado Provincial de Expropiación de Alicante. Un importe que ya ha abonado el municipio, según dijo la edil, pero con la que no están de acuerdo.
Como ya contara en su momento Alicante Plaza, la empresa propietaria de los terrenos, Urbanizadora el Carmen, pidió la expropiación voluntaria de esta parcela, que es de dotación pública desde que lo diseñó así el Plan General de Ordenación Urbana de 1990 de Benidorm. Cuenta con más 1.400 metros y se sitúa al lado de un tramo de la calle Italia, en el barrio de Els Tolls y cercano a la vía del tren.
La compañía madrileña pedía por este suelo 883.000 euros, el doble del precio en el que lo valoró el Ayuntamiento. La empresa argumentaba que el Consistorio había ocupado su espacio. Un hecho que siempre negó el gobierno local, manifestando que se trataba de la parcela que hay frente al recinto ferial y que por tanto estaba sin desarrollar en el momento en el que se inició todo el proceso.
Con todo, el juzgado para la valoración daban por acreditada la ocupación de la misma sin tener el Consistorio ninguna titularidad sobre ella, algo que fecha desde "hace cuatro años", siendo un texto judicial elaborado en octubre de 2019 por el Jurado Provincial de Expropiación de Alicante. Es por esto que procedieron a incluir dos parámetros: tanto el de expropiación como el de indemnización. Finalmente, el jurado consideró que la parcela urbanizada tiene un valor de 707.500 euros, a los que le suman un 5% como premio de afección, lo que resulta en 743.000 euros.
En aquel momento, el Ayuntamiento recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia, que ahora ha perdido en parte y al que han condenado al Consistorio al pago de las costas, que ascienden a 600 euros. Como consecuencia, han vuelto a recurrir, en esta ocasión, al Tribunal Supremo.