BENIDORM. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha analizado el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de subvenciones y ayudas concedidas por razón de la covid-19 durante el ejercicio 2020. Un informe en el que se han tratado las ayudas tramitadas por las entidades locales con población superior a 50.000 habitantes: Alcoy, Alicante, Benidorm, Castelló de la Plana, Elche, Elda, Gandia, Orihuela, Paterna, Sagunto, San Vicente del Raspeig, Torrent, Torrevieja, València y Vila-real, así como las tres diputaciones provinciales. Unas conclusiones que colocan al Ayuntamiento de Benidorm entre los que más ejecutan las subvenciones, por encima de la media.
Si hay algo que caracteriza al último mandato del popular Toni Pérez es la consecución de diferentes subvenciones a las que acogerse. Y con la pandemia, también se tuvo que arrimar el hombro para ayudar a la población local. Según el informe realizado por la Sindicatura, la media de las entidades analizadas en cuanto a su ejecución "es bastante positiva", situándose en el 82,6%. Una cifra que supera el Consistorio, alcanzando el 86,5% para el ejercicio 2020, que es el periodo analizado, "lo que cabe considerar un grado de ejecución notable", dice la Sindicatura.
En total, han tramitado nueve líneas de ayudas por un importe de 5.720.692 euros. A su vez, las subvenciones por covid-19 representaron más de la mitad del total de las ejecutadas ese año, el primero y más duro de la pandemia, siendo el 55,7% del total del capítulo.
Como se decía, el año estudiado es el 2020, cuando estalló la pandemia y la movilidad estuvo restringida prácticamente todo el año, en menor o mayor grado. Por lo que ciudades como Benidorm, donde la economía local está basada en el turismo, fueron las que más sufrieron las consecuencias: empresas cerradas y población en situación de ERTE o directamente al desempleo.
Por destinatarios, el área que mayor volumen de ayudas ha recibido es la de servicios sociales, con un 58,4% del total, a través de cuatro líneas de subvención: ayudas de emergencia para familias, ayudas para vivienda, medidas urgentes con motivo de la covid-19 y prestaciones sociales extraordinarias. Le sigue las destinadas al comercio, la hostelería y sector servicios, llegando al 40,5% del total, a través de cuatro líneas: ayudas directas vinculadas al recibo de la basura para establecimientos comerciales, hostelería y turismo, concurso de escaparatismo, ayudas al comercio local y ayudas para pymes. En tercer lugar, se tramitó una línea de ayudas al transporte que supone el restante 1,1% del total.
Otra de las cuestiones destacadas por la Sindicatura es el origen de la financiación. De los 5,7 millones de euros mencionados, el Ayuntamiento destinó 607.007 euros obtenidos de la Diputación de Alicante y de la Generalitat, lo que representa un 10,6% del total concedido. Por tanto, la mayoría de las ayudas salieron con presupuesto del propio Ayuntamiento. A su vez, resaltan que ha gastado prácticamente la totalidad de las ayudas recibidas por las entidades supramunicipales, ya sea en concesión de subvenciones o de gastos corrientes. Salvo 26.600 euros en el caso de las ayudas para vivienda.
Por otro lado, la Sindicatura posiciona al Ayuntamiento como el municipio con más incidencias, 17, por encima del segundo, Orihuela (15), y el resto de localidades analizadas: Alcoi y Elche (11), Alicante (9), Castelló de la Plana (8), Sagunt y Torrent (7), Gandia y Sant Vicent del Raspeig (6), Torrevieja y Vila-real (5), Diputación de Alicante (4), València y Diputación de Valencia (3) y Elda, Paterna y Diputación de Castellón (2). En este sentido, la portavoz adjunta, y concejal de Empleo y Desarrollo Local, Mónica Gómez, señaló a este diario que la mayoría de los requisitos planteados por la Sindicatura se han ido solventando. Es más, se ha justificando a la entidad como que están resueltos, por lo que lamentaba que siguieran figurando en el informe final.
Entre las cuestiones resaltadas por el ente auditor, mencionan que no se les dio publicidad a las ayudas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Una cuestión que reconoce la edil, aunque defiende que la población pudo conocer la creación de estas ayudas a través de otros canales más usuales para los posibles interesados, como la sede electrónica del Ayuntamiento, el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP), las redes sociales del consistorio o a través de los medios de comunicación, ya que se anunciaban en rueda de prensa con cada una de ellas. Lo mismo ocurría con la resolución de las ayudas, y prueba de su conocimiento en la ciudadanía, dice la edil, es que se recibieron alegaciones a las mismas.
Otra de las incidencias remarcadas está en que el Ayuntamiento no habría pedido a los solicitantes que acreditaran que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no deban reintegrar subvenciones anteriores, "por lo que no se cumple con lo previsto en el artículo 34.5 de la LGS".
En este sentido, Gómez explicó que para comprobarlo, los interesados tendrían que haber pedido documentación a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, en un momento en el que las citas estaban colapsadas, sobre todo por el trámite de los casos incluidos en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Es por esto que se optó por pedir una declaración responsable en el que los peticionarios juraban estar al corriente de pagos. "Era cuestión de facilitar la vida a la gente", remarcó la concejal a preguntas de este diario, mencionando que es una herramienta que permite la ley. A su vez, indicó que también se hacía el trabajo minucioso de comprobar que no estaban pendientes de deuda con el propio consistorio.
Además, el texto recoge que a pesar de ser incompatibles las ayudas a empresas con las de familias, sí que hubo quien se beneficio de ambas. En concreto, 19 casos. No obstante, Gómez dicen no estar de acuerdo en este punto ya que en las bases se especificaba que no podían tener concedida la ayuda de la familia en el momento en el que se resolvía la de empresas. Una premisa que defiende que sí que se siguió ya que se concluyeron con meses de diferencia y por tanto no se podían cruzar los datos.
Finalmente, se pedía que las mercantiles tenían que permanecer con actividad para ser beneficiadas a 31 de diciembre de 2021 y al menos el 50% de la plantilla, comprobando este punto desde la administración. Algo que dice la Sindicatura que se incumplió porque en enero de 2022 no se había iniciado la revisión. No obstante, la regidora señala que son más de 1.300 expedientes que no se han llegado a comprobar "pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer". Así, afirmó que sí que se le ha requerido ya a alguna empresa que ha cerrado que devuelva el importe.
Con todo, Gómez explicó que la Sindicatura empezó a pedir información al ayuntamiento para la auditoría hace algo más de un año. Desde entonces indica que han tenido total colaboración con la entidad, respondiendo a las solicitudes así como atendiendo a las recomendaciones. "Están todas contestadas, algunas solventadas", dijo en relación a las 17 incidencias. Al mismo tiempo, recalcó que aunque sea la que más detecta, es también la que más dinero ha aportado con respecto a la población que atiende y el presupuesto municipal. Por encima de los cuatro millones de Elche, el millón de Orihuela o los 800.000 euros de Alcoi.