BENIDORM. Benidorm es una de las localidades más caras para encontrar vivienda, al tiempo que es el octavo municipio por la cola en renta neta media anual por habitante. Una desproporción que complica el acceso a la vivienda para los ciudadanos. ¿Y cuál es la solución de la administración local? Habilitar pisos sociales para aquellos que tengan dificultades a la hora de comprar o alquilar un hogar. Aunque de momento habrá que esperar.
Así quedó patente en el último pleno, en el que se debatía una moción presentada por el PSOE pidiendo un Plan Municipal de Vivienda. Una propuesta que contaba con el apoyo de un inesperado aliado, Vox, pero no con el PP. El primero, con tal de atajar el problema de vivienda se abstuvo, el segundo votó en contra.
La propuesta se apoya en el argumento de que al ser un municipio turístico, la vivienda cada vez se use para alquiler vacacional, en detrimento del que se ofrece para todo el año. A su vez, reseñan que el mercado inmobiliario está derivando a la construcción de promociones de lujo que no son asequibles para la población local, por lo que esgrimen que la vivienda nueva no soluciona los problemas de la población. Al mismo tiempo, señalan que en Benidorm hay 5.000 pisos cerrados, donde una mayoría de ellas, dice, se podría poner en el mercado con una rehabilitación del inmueble.
Con todo, apuestan por que las "políticas públicas deben ir encaminadas a movilizar dichas viviendas mediante políticas de estímulo y penalización fiscal a los propietarios y mediante la creación de bolsas de alquiler en las que el Ayuntamiento realizara un papel de gestor y mediara entre propietarios e interesados en ocupar las viviendas en algún régimen de ocupación".
Es por esto que la moción, que no salió adelante, reclamaba un Plan de Municipal de Vivienda que contemple una línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas. Estas estarían condicionadas a la posterior puesta en alquiler de la vivienda a un precio asequible durante un período de tiempo concreto por determinar. También requería la Fundación Municipal de la Vivienda para que, entre otras funciones, ponga en contacto a los propietarios de inmuebles con inquilinos y viceversa. Y por último, la creación de mil viviendas de protección pública en el Plan Parcial Ensanche Levante, donde ya hay previstas 600 de esta tipología, así como la obligatoriedad de que los próximos desarrollos urbanísticos exista la vivienda protegida.
El PP rechazó la moción del PSOE señalando, entre otros asuntos, que la promoción de la vivienda protegida es una competencia autonómica. Así, la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, señaló que en los ocho años del PSPV y Compromís se "olvidaron" de la creación de vivienda pública y aseguró que el PP está trabajando por la vivienda más de lo que lo hizo el expresident de la Generalitat, el socialista Ximo Puig.
En un repaso que se centró en la vivienda pública, la edil popular recordó que de las 28 viviendas municipales que existen, 14 son anteriores al año 1975. De la otra mitad, siguió explicando, dos se han adquirido en los años 80; 12 con gobierno del PP, y de ellas, 11 con Toni Pérez siendo alcalde. "Estamos al lado de los que necesitan vivienda", dijo.
A su vez, Caselles desveló la situación de las viviendas adquiridas por la Generalitat en diciembre de 2022. Fueron nueve a través del derecho del tanteo y retracto. Pero no cumplían con el código técnico de edificación, la accesibilidad y en dos de ellas se han metido ocupas, según relató la concejal, lo que para ella ha sido un "fracaso" de la política de Puig. De este modo, explicó que el nuevo Consell gobernado por PP y Vox está ahora redactando el proyecto de legalización de estas construcciones.
Así, Caselles reconoció que no estaba contenta con la política de vivienda que se había seguido en Benidorm al considerar que era nula por parte del anterior gobierno autonómico ya que no se podía poner a disposición de los interesados estos pisos. Al mismo tiempo, dijo estar orgullosa de adquirir las 11 viviendas a pesar de no ser competencia municipal.
"Parece que la solución son los 11 pisos adquirido por Toni Pérez", lamentó el portavoz adjunto del PSOE, Sergi Castillo. En este sentido, lanzó una pregunta al gobierno local: ¿Cuántas veces han ido a València a gestionar una alternativa? "Se quedan de brazos cruzados esperando a que no se haga nada para decir qué malo es Puig", comentó, al tiempo que recriminaba al PP "ponerse la medalla" de las 600 viviendas en Ensanche Levante cuando, dijo, es una exigencia de la administración autonómica.
Finalmente, afeó a los populares que no se haya tomado en consideración la moción, teniendo tiempo para "enriquecerla" con enmiendas o modificaciones: "Nace con la mano tendida".
Como ya publicara este diario en su momento, el Ayuntamiento sacó a licitación la compra de viviendas para uso social dentro del marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) para la que obtuvieron fondos europeos. El resultado fue la compra de siete pisos en junio de este año entre las avenidas de Beniardá, avenida de Portugal, avenida de Andalucía, avenida de Suecia y las calles Urano y Ginés Cartagena. Aunque siguen sin adjudicarse y trabajando en un reglamento que regulará los mecanismos, requisitos y régimen de solicitud y adjudicación de las viviendas.
En cuanto a la Generalitat, además de aquellas referidas por parte de Caselles, también cuentan con la opción de adquirir unas 21 viviendas de la Sareb ubicadas en la ciudad y puesta en alquiler social posteriormente. Según explicaron fuentes de la entidad a este diario, a día de hoy estos pisos siguen bloqueados para su venta, a la espera de que el nuevo gobierno de PP y Vox retome las conversaciones y estudie si son aptas para su política de vivienda.
Y mientras tanto, el problema de la vivienda existe solo para una parte de la sociedad. Como es sabido, la ciudad sigue expandiéndose y generando nuevas construcciones en Poniente. Aunque como ya se ha comentado, no están solucionando el conflicto. Caselles insiste en que desde la administración local no se puede interferir en el mercado. Una oferta que deja pisos de una habitación y 76 metros cuadrados por 460.000 euros.
Fuera de los 'y tú más' de los dos grandes partidos, estaba el portavoz de Vox, José Miguel San Martín, que reclamaba por una solución habitacional urgente: "Es importante para nuestros vecinos". Así, el edil de la formación de ultraderecha exponía que los trabajadores de la ciudad tenían que buscar vivienda fuera de la localidad, mientras que a los empresarios se hacía difícil encontrar personal para sus empresas por este motivo.
Sobre la propuesta, rechazó algunas argumentaciones como la culpabilización a la vivienda vacacional o la penalización fiscal a los propietarios. "Estamos de acuerdo en premiar a los propietarios y no aplaudir a los ocupas", mencionó, reseñando que con un cambio en las leyes actuales habría quienes se decidirían más a poner en alquiler sus propiedades. "El problema existe, los vecinos aplaudirán que pongamos en marcha un plan de vivienda", zanjó, invitando a PP y PSOE a evitar la exposición de las "rencillas" entre ambos que a los "ciudadanos les importa poco".
