Benidorm. Foto: RAFA MOLINA BENIDORM. Tras la orden de derribo del restaurante de la isla de Benidorm, el Ayuntamiento está tratando de salvar este punto turístico de la ciudad. ¿Cómo? La intención del Ayuntamiento pasa por algunas variables ya conocidas, pero la que ganaría enteros según ha podido saber este diario es la ubicación de un centro de intepretación medioambiental en el islote, que podría ir acompañado de un pequeño bar para los visitantes.
En su momento, el Consistorio se planteó instalar en la zona una edificación desmontable para informar sobre las cualidades de la isla. Una idea que seguiría presente después de conocer los últimos acontecimientos. Eso sí, cabría la posibilidad de estar permitido que fuera en el restaurante en cuestión.
Para ello, el propio alcalde de Benidorm, Toni Pérez, planteó el pasado lunes en las comisiones informativas que convocaría una junta de portavoces para tratar el tema e informar sobre la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento frente a la futura demolición o no.
Con todo, hay que tener en cuenta que el restaurante data de los años 50, cuando se permitió esta construcción que más tarde ha servido la polémica en la ciudad en torno a la legalidad de la misma. Finalmente, y tras años de denuncia, la empresa colocó una depuradora con el fin de tratar las aguas que usan en los baños y la cocina. Hasta los últimos meses, era vertida al mar sin control y permiso, motivo por el cual la Conselleria de Medio Ambiente le impuso una sanción de 25.000 euros.
Asimismo, ha sido denegada la licencia de apertura para el bar este mismo año, a pesar de llevar alrededor de 60 años sirviendo paellas a los turistas que llegaban hasta allí. Su restaurante era una excepción a la regla, teniendo en cuenta que se ubica dentro de un paraje protegido e incluido dentro del Parque Natural de Serra Gelada.
Como se decía, en último término la nueva orden ministerial reclama el derribo de las terrazas, escaleras, aljibes, jaulas para animales, “y demás instalaciones vinculadas con este establecimiento”, para lo cual el consistorio debe acordar previo desahucio de las personas físicas o jurídicas que actualmente siguen explotando este negocio. Una decisión que en su momento, la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, dijo que escapaba de competencias municipales.
