Benidorm contrata a un abogado externo para defender el recurso de casación de Serra Gelada

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha recurrido a un abogado externo para defender los intereses del Consistorio frente a la sentencia relativa a los convenios de la APR-7 de Serra Gelada. El fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenaba a la administración local al pago de 283.055.750,12 euros, más los intereses legales (unos 330 millones en total). Una cuantía que es tres veces superior al presupuesto anual del municipio. El contrato que ahora se tramita servirá para asistir en el recurso de casación que presenta el Ayuntamiento.

Como ha venido contando este diario, el juzgado ha reconocido el derecho de las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL a percibir estas indemnizaciones toda vez que no se ha cumplido con el convenio que se firmó en 2003 y se fue renovando posteriormente hasta 2013, considerándose caducado en 2018 sin nuevas prórrogas. Este acuerdo permitía a los propietarios a tener un resarcimiento por sus terrenos en la zona ya que se iban a proteger al convertirse en Parque Natural.

Frente a esta resolución que daba la razón a los empresarios, el Ayuntamiento optó por presentar una solicitud de aclaración de sentencia. Tras esto, la intención pasaba por un recurso de casación contra este fallo. Es por esto que han iniciado los trámites para licitar en un procedimiento negociado sin publicidad para designar abogado de forma urgente, tal y como recoge la propuesta a la que ha tenido acceso este diario y que se aprobó el pasado 19 de junio en la Junta de Gobierno Local. "Con el fin de que se pueda recurrir en plazo", argumentan en el escrito. De momento, el nombre del letrado no ha trascendido.

La edil de Contratación, Aida García Mayor considera en esta resolución del pasado 7 de junio que es "un gasto inaplazable, imprevisto y no discrecional, al entender que la responsabilidad de cualquier cargo público es velar, en todo caso, por la defensa de los intereses generales y económicos del municipio". De este modo, se propone también la modificación presupuestaria por transferencia de créditos de 96.800 euros que irán destinados a servicios jurídicos procedentes del fondo de contingencia. 

Fuentes municipales señalaron que la propuesta fue informada este miércoles en la Junta de Portavoces al resto de grupos municipales, PSOE y Vox, que se manifestaron a favor.