Ayuntamiento de Benidorm. Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm se enfrenta a un nuevo lío con una empresa de Enrique Ortiz. En esta ocasión se trata de Incobe, la mercantil propietaria de unos terrenos en el Moralet y por el que pidió una expropiación que no se termina de cerrar. Ahora, se han dado cuenta de que el pago definitivo que se realizó en noviembre, se hizo 40 euros por debajo de la cantidad obligatoria. Algo que ha hecho que se devuelva el expediente casi a su fase inicial.
Pero el área de Intervención informó este viernes a última hora que el problema viene de lejos, incluso con Incobe como causante. Según el informe al que ha tenido acceso este diario, el abogado de la mercantil en 2014 pidió que se le abonara 9.886,86 euros, en lugar de 9.926,86 euros. Lo hizo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por lo que el auto del mismo reclama dicha cantidad ya errada.
Además, el informe depura responsabilidades en el departamento de Intervención: "es un órgano de control interno que comprueba la legalidad de las propuestas de contenido económico. Como se ha reiterado varias veces, no nos corresponde el cálculo de los intereses devengados sino el control de dicho expediente una vez que está completo y antes de su aprobación".
Lo curioso de todo es que ha sido el secretario municipal el que ha reclamado estos 40 euros, de los que no se había dado cuenta ni la empresa interesada.
Ahora, el pleno ordinario de abril deberá aprobar la declaración de nulidad de otro acuerdo plenario anterior, del mes de diciembre de 2017, en el que se acordó denegar a la empresa una nueva retasación, como había solicitado, porque ya se le habían pagado los 5,9 millones de euros por la expropiación que había determinado el Tribunal Supremo (TS).
De este modo, el Consistorio teme que se vuelva a iniciar de nuevo todo el proceso. Es más, la propia concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, aseguró que este error le genera el derecho de reclamar una nueva retasación del suelo. Cabe recordar que en su momento luchó hasta el último segundo por realizar una nueva valoración. Hay que tener en cuenta que en un principio pedía 47 millones de euros por esos terrenos.
El Ayuntamiento tiró por lo bajo, valorándolos en 73.000 euros, lo cual dio inicio a una batalla judicial, que culminó con un precio de expropiación establecido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) de 5,9 millones, cantidad que fue luego ratificada por el Tribunal Supremo.
No obstante, Caselles indicó que "ahora habrá que esperar al justiprecio que diga el Jurado Provincial de Expropiación", pero ello no supondrá, en principio, que las cantidades fijadas varíen, pues el Supremo fijó en su momento el precio de forma definitiva.
Otras fuentes, sin embargo, han señalado que la empresa podría acudir al contencioso-administrativo, con lo que el proceso se alargaría hasta una sentencia firme del TSJCV, para la que podrían pasar varios años.
La corporación local procedió en noviembre pasado al pago del montante principal, pero no a los intereses de demora generados desde que en 2012 se abrió el expediente. Esos intereses se valoraron en noviembre en 1,08 millones de euros y aún están pendientes de pago.
